ARA San Juan: qué dice el informe de auditoría de la Armada que la Fiscalía usa como prueba en el juicio oral

Un informe de auditoría interna de la Armada elaborado en pleno operativo de búsqueda del ARA San Juan ocupa un lugar destacado en la arquitectura acusatoria del juicio oral que desde el 3 de marzo pasado se desarrolla en Río Gallegos. El fiscal instructor Lucas Colla lo incorporó en su requerimiento de elevación a juicio para acreditar la materialidad de los hechos y la responsabilidad de los imputados. El fiscal de juicio Gastón Pruzán lo introdujo en el debate oral y propuso testigos para examinarlo, entre ellos al propio autor del documento. El informe, al que accedió Infobae, fue producido por la Inspección General de la Armada (ISGA) entre el 25 y el 27 de noviembre de 2017 y firmado por el contraalmirante Eduardo Pérez Bacchi.

El mismo documento integró, junto con la Inspección ISGA N°10/16 “S” de diciembre de 2016 -suscripta por el entonces inspector general contraalmirante Guillermo Lezana- y con el informe de patrulla COFS N°106/17 sobre la navegación de julio de 2017, los fundamentos del sumario militar que el entonces jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Marcelo Srur, ordenó contra el entonces comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS), capitán de navío Claudio Villamide, y contra el titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento (COAA), contraalmirante Luis López Mazzeo, mientras los 44 tripulantes eran buscados de manera combinada con otros países.

Ese sumario administrativo, tramitado en seis días, sería luego parcialmente anulado por el entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad, por haber omitido documentos que el propio Ministerio calificó como relevantes y por no haber incorporado el dictamen de los peritos designados a ese proceso, considerados “indispensables” para la investigación.

Con todo, el juicio se desarrolla en la sede del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz semana de por medio. Los acusados son Villamide, López Mazzeo, el capitán de navío Héctor Alonso -ex jefe del Estado Mayor del COFS- y el capitán de fragata Hugo Correa -ex jefe de operaciones del COFS, quien llevaba las comunicaciones con el jefe de operaciones del ARA San Juan-. Los cuatro enfrentan cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. Todos negaron las acusaciones en sus respectivas indagatorias. El veredicto se prevé para mediados de julio de este año, luego de la inspección ocular sobre el submarino gemelo ARA “Santa Cruz” y el testimonio de más especialistas.

Qué es la Inspección General de la Armada

La ISGA es, según su propia reglamentación interna, “el organismo responsable de la supervisión del Sistema de Control Interno a nivel institucional”. Depende directamente del jefe del Estado Mayor General y su función es proporcionar a esa máxima autoridad “un grado de seguridad razonable sobre la ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la misión y objetivos institucionales, dando cumplimiento a las normas que regulan a la Armada y a la Administración Pública Nacional”. Para eso, ejecuta inspecciones y auditorías -planificadas o de oportunidad- sobre las distintas dependencias de la fuerza, y realiza el seguimiento de las acciones correctivas hasta que las deficiencias queden subsanadas. Las observaciones que produce son el resultado de comparar “lo que es” -la realidad relevada- con “lo que debe ser” -el plexo normativo-, y se clasifican según su impacto en “críticas”, “trascendentes” o “localizadas”. Estas últimas son las de menor gravedad: las que el propio organismo inspeccionado puede resolver sin recurrir a instancias superiores y que no implican riesgo inmediato para la seguridad del personal o del material. El plazo máximo para su resolución es de tres años.

El contexto de la auditoría

De acuerdo con las actuaciones, el ARA San Juan perdió contacto el 15 de noviembre de 2017. Horas antes, a las 23:42 del día anterior, el teniente de navío Fernando Villarreal, jefe de operaciones del buque, llamó por sistema satelital de voz al celular personal del capitán de fragata Hugo Correa, jefe de operaciones del COFS y oficial de guardia de la Central de Comunicaciones de la fuerza en tierra. Según declaró Correa, Villarreal le informó que el submarino navegaba en superficie, que habían tenido un principio de incendio en el tanque de baterías número 3, que estaba controlado, y que lo atribuían a la entrada de agua de mar por el sistema de ventilación. La nave ventilaba con rumbo 080, alejándose de la costa, a 5 nudos, con propulsión dividida y la escotilla del puente cerrada, sin personal de guardia en la vela, navegando en un temporal con estado de mar 6 -“mar gruesa”, con olas de entre 4 y 6 metros, o más-.

La última comunicación se produjo a las 07:19 del 15 de noviembre. Villarreal llamó nuevamente a Correa para consultar si habían recibido la modificación de su plan de navegación -AVISS-, en el que constaba que el submarino abandonaba su patrulla y se dirigía directamente al puerto de Mar del Plata. En esa comunicación Villarreal informó que el SUSJ se encontraba en inmersión, en plano de periscopio (18 metros por debajo de la superficie), con rumbo a Mar del Plata, a 5 nudos, avanzando con circuito dividido -la mitad de las baterías propulsoras activas-. Expresó además que la tripulación estaba cansada, que iban a bajar a plano profundo (40 metros) a descansar y que luego inspeccionarían el tanque de baterías. Hasta ese momento, el tanque afectado por el principio de incendio de la noche anterior no había sido inspeccionado.

A las 10:51 de ese mismo 15 de noviembre el CTBTO registró un “evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear consistente con una explosión” en una posición del Atlántico Sur. El dato no fue comunicado de inmediato: el organismo lo reportó el 23 de noviembre, cuando el operativo de búsqueda llevaba ya ocho días sin resultado.

Dos días después de ese reporte, el 25 de noviembre, el jefe del Estado Mayor General emitió el mensaje naval GFH EMGA P 250730 NOV 2017 ordenando a la ISGA destacarse a la Base Naval Mar del Plata para auditar al Comando de la Fuerza de Submarinos. Pérez Bacchi emitió la Orden Transitoria ISGA N°09/17 “C” formalizando la comisión inspectora, integrada por los capitanes de navío Eduardo Acosta y Miguel Ángel Portela. Los tres trabajaron en la sede del COFS durante los días 25, 26 y 27 de noviembre.

Lo que el informe encontró

El propósito de la auditoría quedó formulado en el propio documento: “Verificar la existencia de documentación válida que sustente el nivel de alistamiento y las actividades operativas del Submarino ARA San Juan”. Su alcance “estuvo circunscripto a verificar la existencia, vigencia y grado de actualización de la documentación que sustente el nivel de alistamiento y las actividades operativas del SUSJ”.

El resultado fue una observación general clasificada en la categoría de menor impacto: “LOCALIZADA”, en estado “DETECTADO”. Esa observación agrupó trece ítems específicos vinculados a ausencias documentales. El informe preliminar fue remitido al almirante Srur antes de su versión definitiva. El documento final, por su parte, fue firmado por el contralmirante Pérez Bacchi el 30 de enero de 2018 y elevado al vicealmirante José Luis Villán, quien para entonces ya había sucedido a Srur al frente del Estado Mayor General de la Armada.

La descripción de la observación decía: “La ausencia de determinados documentos que sustentan las actividades de adiestramiento y alistamiento de las Unidades de esta fuerza dificulta la disponibilidad de registros de las actividades desarrolladas en los casos en que es requerida“. Entre los trece ítems agrupados bajo ese acápite figuraban, entre otros archivos, los informes de navegaciones realizadas en 2016 y 2017 para pruebas de sistemas; los registros de adiestramiento en técnicas, tácticas y simuladores; las constancias de que los comandantes de unidades tomaron conocimiento del Plan Bienal Naval y de la carpeta de recomendaciones de seguridad; y los trámites posteriores al informe preliminar de una inspección realizada en 2015.

La auditoría también ponderó que los “Informes de Actividades” documentados en el COFS “registran la cantidad de ejercitaciones en técnicas y tácticas realizadas por el SUSJ. Sin embargo, no fue detectada documentación que explicite el nivel de adiestramiento alcanzado por la unidad en función de dichas ejercitaciones efectuadas”. Tampoco fueron halladas las planillas de pruebas de 48 horas previo a la zarpada de Mar del Plata y Ushuaia, obligatorias para salir a operar. Al respecto, se estimó que se encontraban “en el submarino siniestrado”.

Lo que sí fue localizado abarcó un registro de millas navegadas y horas de inmersión de los últimos dos años de la embarcación; las órdenes de operaciones del SUSJ para 2016 y 2017 y los libros de comunicaciones entre la nave y el personal de guardia de la Estación de Control. También se consignaron las obras pendientes a realizar en dique seco, requerido en un mensaje naval dirigido en junio de 2017 a la Jefatura del Material de la Armada para el primer semestre de 2018.

Entre la documentación localizada, por lo demás, figuraba el Índice de Control del Estado del Material (ICEM) N°07/17 confeccionado el 5 de septiembre de 2017 -siete semanas antes de la última zarpada- por el comandante del ARA San Juan, capitán de fragata Pedro Fernández. El ICEM, en rigor, es el instrumento mediante el cual la dotación y su comandante relevan y califican el estado de todos los sistemas del buque: navegación, comunicaciones, sensores, servicios, control de averías, casco, eléctrico -generadores, baterías y tableros-, hidráulico, snorkel, armas y control de tiro, salvamento, fuerza y propulsión. Lo suscribe el comandante, que se erige como la autoridad responsable de emitir la orden de hacerse a la mar, y quien, según normativa de la fuerza, puede negarse a zarpar si evalúa que la nave o su tripulación no están en condiciones de hacerlo.

Ese ICEM N°07/17 calificó al SUSJ como “HABILITADO”, con un índice de 4,25/5. El informe lo consignó como “disponible”, aunque especificó que estaba “limitado al estado del material”, en virtud de una restricción preventiva que tenía el submarino “en su profundidad operativa” a causa del lapso transcurrido desde su última entrada a dique, donde se le realizó la última prueba hidráulica de válvulas y tuberías.

Pérez Bacchi en el juicio y la respuesta de Villamide

El contraalmirante retirado Pérez Bacchi, ex ISGA desde finales de 2016 -tras la partida de Lezana- hasta 2022, declaró en forma presencial como testigo de la Fiscalía en la séptima audiencia del debate oral en la ciudad de Río Gallegos. Allí el infante de marina explicó con detalle sus funciones dentro de la Armada, habló de las posibles causas del hundimiento y ratificó las conclusiones de ambos informes -el de Lezana de fines de 2016 y el suyo de 2017-. Sin embargo, su testimonio fue el disparador de una ampliación de indagatoria, ya que el defensor de Villamide, Juan Pablo Vigliero, anunció al cierre de esa jornada que la solicitaría.

“Es tal la cantidad de inexactitudes, cosas que no son ciertas -no digo falsas porque eso sería con mala intención y no voy a atribuir una mala intención a oficiales que hacen una auditoría-”, dijo. El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, integrado por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto, Luis Giménez y Guillermo Quadrini, fijó una audiencia específica para oír al imputado que se concretó la semana pasada.

En esa ampliación, el ex capitán de navío expuso durante más de dos horas. Encuadró el “informe Lezana” como una “fotografía” que no representaba el estado del submarino al momento de su zarpada el 25 de octubre de 2017 desde Mar del Plata hacia Ushuaia: “Ese informe del ISGA expresa un momento donde se hace una inspección a los procesos, plantea una situación, una fotografía que está atrasada y no representa la película a octubre de 2017.” Argumentó que la mayoría de las deficiencias consignadas en diciembre de 2016 habían sido subsanadas antes de la última misión y recorrió punto por punto las distintas observaciones mencionadas por la Inspección General.

Al referirse a la auditoría de noviembre de 2017 efectuada “in situ” en la Base Naval de Mar del Plata, sede del Comando de la Fuerza de Submarinos, Villamide cuestionó su validez procedimental: “Es normativa establecida en el Reglamento General del Servicio Naval que no se puede inspeccionar a un destino si no está el titular del mismo. (...) Mientras el almirante Pérez Bacchi inspeccionaba la Fuerza de Submarinos, yo estaba con la mayoría de la Armada operativa buscando al submarino“.

Luego planteó: “Si él tenía la percepción de que había riesgos institucionales, él era almirante de la Armada. ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Por qué no se opuso a que el submarino zarpara?”. Y aseveró: “Previo al naufragio no había ningún documento que dijera que el submarino no estaba en condiciones de navegar.”

El sumario, el documento omitido y la anulación

El borrador del informe de Pérez Bacchi fue remitido al almirante Srur antes de su versión definitiva. Srur lo incorporó, junto con el informe Lezana y el COFS N°106/17, como fundamento del sumario militar disciplinario ordenado contra Villamide y López Mazzeo a fines de noviembre de aquel 2017. El proceso se resolvió en seis días: dictámenes al quinto, resolución de suspensión al sexto. Las imputaciones fueron por no haber impedido que el submarino navegara “con posterioridad a las severas anomalías detectadas -tanto en la Inspección ISGA N°10/16 ‘S’ como en la previa navegación del SUSJ para ‘Control del Mar’ efectuada entre los días 1 y 19 de julio de 2017-”.

Esa resolución no mencionó el ICEM N°07/17 “S”: el documento firmado por el capitán Fernández el 5 de septiembre de 2017 que había calificado a su buque como operativo. El 13 de diciembre de 2017 Aguad remitió una nota a Srur advirtiendo que en su decisión administrativa -donde suspendió a los ahora acusados- “se habrían tenido en cuenta determinadas cuestiones fácticas que, en principio, serían inexactas; o, al menos, se habría omitido considerar elementos de hecho que resultarían relevantes para dar fundamento a vuestra decisión”. El Ministerio señaló en particular la ausencia del índice del material: “Esta conclusión resulta diametralmente opuesta con las expresiones vertidas en los considerandos” y “tiene la entidad suficiente para abonar una conclusión distinta a la arribada”.

Tras dictámenes de la Auditoría General de las Fuerzas Armadas y de la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa, el 27 de septiembre de 2018 Aguad dictó la nulidad y revocó la parte de la resolución que declaraba a Villamide y López Mazzeo como "presuntos infractores“, aunque mantuvo la suspensión del servicio de los dos oficiales superiores.

Meses después López Mazzeo denunciaría penalmente a su jefe Srur, al auditor Dardo Difalco y al oficial instructor del sumario Gustavo Piscicelli por abuso de autoridad. Los tres resultaron sobreseídos en primera instancia, con confirmación posterior de la Cámara de Apelaciones y la Casación Federal.