AFA y la mansión de Pilar: reclaman al juez de Campana el envío urgente de la causa al fuero penal económico

Un Tribunal ordenó el envío “urgente” de la causa que investiga quienes son los verdaderos dueños de una mansión en Pilar, valuada en 17 millones de dólares y atribuida a testaferros de la AFA, al fuero en lo penal económico de CABA, algo que no ocurrió todavía pese a que hace casi dos semanas se ordenó que el caso salga de Campana.

La Cámara en lo Penal Económico rechazó un nuevo planteo de los acusados como supuestos testaferros, Luciano Pantano y su madre Ana Conte, quienes intentaron con un recurso llegar otra vez hasta un tribunal superior, Casación, para frenar la medida y que la investigación siga a cargo del juez federal de Campana Adrián González Charvay.

Los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio reiteraron que los conflictos por la competencia no frenan las investigaciones y, al advertir que todavía no se cumplió con lo decidido el 12 de junio y la causa sigue en Campana, ordenaron a la jueza Verónica Straccia, a cargo del juzgado federal de Garantías en lo Penal Económico 10 de CABA, que requiera a González Charvay “la remisión urgente” de la causa, según la resolución a la que accedió Infobae.

Cuando resolvieron el pase del caso, los camaristas encomendaron al juzgado de González Charvay remitir con “carácter muy urgente” a su par Straccia la causa entera, sus incidentes y la documentación reservada. Pantano y Conte presentaron un recurso de apelación ahora rechazado pero el envío no se concretó. Les queda ahora ir con un recurso de queja directo al máximo tribunal penal federal del país, pero los camaristas del fuero económico consideraron que mientras tanto la investigación debe cambiar de juzgado en forma inmediata.

Los dueños de caballerizas y autos de lujo

La causa busca determinar si la adquisición de la mansión ubicada en Villa Rosa, Pilar, junto con una flota de vehículos de colección valuada en casi cuatro millones de dólares y otros bienes, formó parte de maniobras de presunto lavado de activos. Los principales imputados son Pantano y Conte, integrantes de la firma Real Central SRL, propietaria del predio. La investigación intenta establecer si actuaron como presuntos testaferros de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y si los fondos utilizados para adquirir esos bienes salieron de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

La pesquisa se inició a partir de una denuncia presentada por Elisa Carrió y Facundo Del Gaiso. Según la hipótesis inicial, Real Central habría adquirido la propiedad sin capacidad económica suficiente para justificar una operación de esa magnitud. La escritura de compra se realizó por 1,8 millones de dólares pero una valuación judicial fijó en 17 millones el valor real de la propiedad más la flota de vehículos descubierta en un galpón.

La investigación cambió ya cuatro veces de juez. En el último de los conflictos, Pantano y Conte lograron el pase del caso a Campana argumentando que los bienes investigados están en Pilar, jurisdicción del juzgado federal de Charvay. Así el caso salió en enero último del fuero en lo penal económico de CABA para ser investigado allí. Pero la fiscalía se opuso y el tema llegó a Casación, que anuló lo resuelto y ordenó dictar un nuevo fallo a la Cámara en lo Penal Económico.

Al resolver la disputa el 12 de junio último, los camaristas concluyeron que el objeto de la pesquisa excede la compra de un inmueble y abarca una serie de operaciones económicas, financieras y societarias que, al menos en parte, habrían sido desarrolladas en la Ciudad de Buenos Aires.

“El objeto procesal de aquellas actuaciones se encuentra conformado por la investigación de delitos presuntos, de naturaleza económica y financiera, que se habrían cometido cuanto menos en parte, en el ámbito territorial de competencia de este Fuero”, explicaron en ese momento.

El fallo también repasó las distintas ampliaciones de denuncia incorporadas al expediente y describió cómo la pesquisa evolucionó hacia el análisis de una serie de sociedades, movimientos patrimoniales, operaciones comerciales y vínculos económicos entre distintas personas físicas y jurídicas.

En ese contexto, los jueces consideraron que el eje de la causa se centra en “un complejo entramado societario y de relaciones económicas entre distintas personas físicas y jurídicas, en principio con un denominador común relacionado con distintas entidades vinculadas al fútbol profesional”.

Durante la instrucción se incorporaron referencias a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, integrantes de su entorno familiar y comercial y diversas sociedades bajo análisis. Cuando la propiedad en cuestión fue allanada por orden judicial también se secuestraron elementos que, según la investigación, estarían vinculados al dirigente.

Para la Cámara, la ubicación física de la mansión no resulta determinante para fijar la competencia del expediente. Los camaristas destacaron además que varias de las sociedades investigadas tienen domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y que allí se habrían desarrollado actos relevantes para la operatoria bajo sospecha. También remarcaron que la escritura mediante la cual se concretó la compra de la propiedad fue firmada en una escribanía porteña. Pantano pagaba gastos con una tarjeta corporativa de la AFA.