El fiscal federal Franco Picardi pidió levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil de nuevos sospechosos por supuestos pagos indebidos para acelerar tramites de permisos de importación durante el cepo cambiario en 2023 y citó como testigos a funcionarios de ARCA para que den precisiones sobre cómo funcionaba el sistema.
La fiscalía dispuso una batería de nuevas medidas de prueba en torno a la situación del imputado empresario Martín Migueles, expareja de Wanda Nara, e investigado por el “rulo cambiario” con el dólar oficial y presuntos cobros ilegales para intermediar en la tramitación de los SIRA que regían en el gobierno de Alberto Fernández, según supo Infobae en fuentes judiciales.
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En un descargo que presentó en persona en Comodoro Py el 11 de mayo pasado, Migueles rechazó todas las acusaciones. “Yo no le pagué a ningún funcionario público”, sostuvo en ese escrito entregado en la causa al admitir que actuó como intermediario con los SIRA pero no supo de pagos indebidos.
Las medidas
Como testigos se citó a declarar a dos subdirectores de ARCA para que expliquen la operatoria concreta del sistema y el rol de los funcionarios intervinientes. Se convocó también a despachantes de Aduana identificados en las operaciones puntuales que se investigan. La fiscalía recibió respuestas a pedidos de informes sobre la operatoria pero consideró necesario precisar de qué modo concreto intervenían los distintos organismos.
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Se trata del Sistema de Importaciones de la República Argentina (“SIRA”), y se investiga permisos gestionados para las firmas Nemes S.H. de Fuentes N. y Mazzarini C., Técnicas Ferroviarias Argentinas S.A. y Fizika S.R.L. Todo surgió del análisis del teléfono de Migueles, secuestrado en la causa.
Además, el fiscal pidió al juez federal Ariel Lijo que levante el secreto bancario, bursátil y fiscal de Patricio Guido Marre y Héctor Ezequiel Caputto, ambos señalados como presuntos partícipes en la aceleración irregular de permisos SIRA a cambio de comisiones indebidas. La misma medida se pidió para Lifetba S.R.L., una sociedad mencionada en chats de Migueles recuperados de su teléfono celular, en relación con la creación de una “cuenta espejo”. El objetivo es profundizar la investigación sobre la supuesta tramitación irregular de permisos y la aceleración del proceso para aprobarlos.
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Sobre la sociedad investigada se sospecha que se podría haber usado para canalizar o dar apariencia de licitud a fondos obtenidos de manera ilícita, según la acusación fiscal.
El rulo cambiario
También se citó como testigo a Mario Leguizamón, alias “Pan Dulce”, quien habría sido el encargado de trasladar dinero por orden de Migueles. En esta parte del caso se pidió al juez levantar el secreto fiscal, bancario, bursátil e impositivo de otros cuatro investigados por sus presuntos vínculos con entidades involucradas en las maniobras.
Las nuevas medidas alcanzaron al financista Elías Piccirillo: el fiscal citó a declarar como testigo a Sergio Speroni, quien tenía autorización para manejar un automóvil de Piccirillo y registró reiterados ingresos a su casa. La fiscalía sospecha que podría haber sido su chofer o colaborador cercano.
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En lo relativo a las multimillonarias maniobras con el “rulo” cambiario durante el cepo, se encomendó un análisis de sumarios financieros y cambiarios del Banco Central en relación a casas y agencias de cambio que están en la mira de la Justicia: esto incluirá perfiles patrimoniales y transaccionales e identificación de beneficiarios finales e inconsistencias si las hubiera. Este trabajo se pidió a la Procelac, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.
Además se le encomendó analizar información remitida por los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs) y por entidades financieras para “elaborar perfiles patrimoniales, financieros y transaccionales de las personas humanas y jurídicas investigadas”. Se apunta a reconstruir flujos de fondos en cuentas bancarias, comitentes y otros instrumentos financieros e identificar eventuales operaciones bursátiles vinculadas a las maniobras de compraventa de dólar a precio oficial y posterior reventa a valor blue.
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Entre los imputados hay financistas, así como bancos y casas de cambio. Figuran Piccirillo, Migueles y Francisco Hauque, un ex socio del primero que podría convertirse en arrepentido si es eventualmente citado a declaración indagatoria, según anticipó su defensa en tribunales.
Piccirillo está procesado bajo arresto domiciliario en otra causa penal, por montar un operativo para acusar falsamente por narcotráfico a Hauque, a quien le debía dinero. Como derivación, se llegó a los delitos cambiarios y luego a las supuestas maniobras con los SIRA, permisos de importación, entre 2022 y 2023.
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