Llegaron a los tribunales de Comodoro Py más de 900 equipos tecnológicos para poner en marcha el sistema acusatorio

El Consejo de la Magistratura de la Nación y el Ministerio de Justicia de la Nación sellaron dos convenios de cooperación con el objetivo de avanzar en la modernización de la Justicia Federal. Mediante estos acuerdos, ambos organismos entregaron un total de 990 dispositivos tecnológicos a los tribunales federales de Comodoro Py, un insumo que resulta clave para la futura implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF).

La provisión de equipamiento nuevo consistió en 780 computadoras de escritorio del tipo “All in One” (todo en uno), 105 computadoras portátiles (notebooks) y 105 mochilas destinadas al traslado y protección de los ordenadores móviles. Esta entrega de materiales busca dotar de infraestructura a las dependencias judiciales para afrontar la transición hacia el modelo acusatorio, un esquema que reemplaza al histórico sistema inquisitivo.

Precisamente, la falta de infraestructura y otros recursos clave para hacer funcionar el sistema obligaron a posponer su implementación en tres oportunidades.

Ahora el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, fijó como nueva fecha objetivo el próximo 15 de febrero.

La incorporación de estas herramientas informáticas apunta a sostener una gestión más ágil dentro de las oficinas judiciales de la avenida Comodoro Py 2002, indicaron las fuentes consultadas.

Los dispositivos permitirán a los operadores del sistema realizar el registro digital inmediato de las audiencias orales, así como también agilizar la carga, el procesamiento y la consulta de los expedientes electrónicos, tareas que demandan una mayor capacidad tecnológica y movilidad.

Este aporte de recursos materiales se complementa con otras medidas de infraestructura que llevó adelante la cartera de Justicia, entre las que se destaca la instalación de 62 salas de audiencia equipadas con sistemas de videoconferencia en definición 4K, sonido profesional y herramientas específicas para la investigación de delitos complejos.

El sistema acusatorio

El Código Procesal Penal Federal modifica la estructura de las causas federales al otorgar la dirección exclusiva de las investigaciones a los fiscales del Ministerio Público Fiscal (MPF). Bajo esta modalidad, el fiscal designado se encarga de solicitar la creación de un legajo, investigar, formular la acusación y sostenerla hasta el juicio, de modo que una misma persona impulsa la causa de principio a fin.

Por su parte, los jueces ven acotada su intervención a un rol de control de las garantías constitucionales. Los magistrados no tienen acceso a expedientes escritos, sino que conocen los planteos de las partes de forma oral durante las audiencias públicas. Al momento de decidir, el juez debe resolver con premura en la misma audiencia y fundamentar su resolución en voz alta, utilizando un lenguaje claro.

Con la aplicación de este régimen, desaparece el expediente en papel y se implementan legajos digitales compartidos que no pueden permanecer inactivos por más de 60 días. En caso de que alguna de las partes apele una decisión, una oficina judicial sortea un tribunal integrado por tres jueces de la Cámara Federal para revisar el caso.

Desde la Procuración General de la Nación, bajo la conducción interina de Eduardo Casal, señalaron que para garantizar el servicio de justicia bajo el modelo acusatorio se requiere solucionar la escasez de personal, infraestructura y tecnología, además de avanzar en la autarquía financiera del Ministerio Público.

Mientras en Comodoro Py apuntan a la transición en febrero, el Ministerio de Justicia confirmó las fechas de implementación para cuatro jurisdicciones que se sumarán a los distritos donde el sistema ya funciona (Salta, Jujuy, Mendoza, Rosario, Bahía Blanca, General Roca, Comodoro Rivadavia y Mar del Plata).

El cronograma oficial estableció que el sistema acusatorio comenzará a regir en Posadas el 24 de agosto de 2026 y en La Plata el 21 de septiembre de 2026. Para el año siguiente, se prevé el inicio en Córdoba, el 8 de marzo. En tanto, las jurisdicciones de Tucumán, Paraná, San Martín y la justicia nacional ordinaria de la Capital Federal continuarán bajo análisis hasta que las condiciones técnicas y operativas sean las adecuadas.