La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la suspensión del juicio a prueba de Myriam Costilla, presidenta de la empresa Kank y Costilla S.A., procesada en la causa por defraudación al Estado a través de la obra pública vial adjudicada al grupo Báez en Santa Cruz, durante el kirchnerismo.
Se trata de otro tramo de la causa Vialidad, en cuyo expediente principal ya fueron condenados en juicio oral a seis años de prisión por administración fraudulenta la detenida ex presidenta Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez, entre otros.
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“La decisión fue adoptada por mayoría por la Sala IV del tribunal, integrada por los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña con el voto disidente del juez Gustavo Hornos, quien reclamó que haya juicio oral para la acusada.”
Cuatro horas por semana en un hogar de ancianos
Costilla pidió el beneficio de la “probation” al Tribunal Oral Federal 2 que en principio lo negó, pero luego lo aceptó ante una orden de Casación para revisar esa decisión. Ante esto, la fiscalía presentó un nuevo recurso contra ese beneficio y para que la empresaria llegue a juicio, que ahora fue declarado inadmisible.
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La probation se concedió por dos años, con la obligación de fijar residencia y de realizar cuatro horas semanales de tareas comunitarias en el hogar de ancianos “Pablo VI” de la localidad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, cercano a la casa de la acusada. La fiscalía se opuso por la gravedad de la maniobra vinculada a la corrupción pública. La Unidad de Información Financiera (UIF), parte querellante, también se había opuesto al beneficio.
En el voto mayoritario de Casación se concluyó que el Tribunal Oral analizó el pedido en base a la acusación, que permitiría una eventual pena de ejecución condicional, y que la empresaria carece de antecedentes penales. También hizo una oferta de dinero como “reparación del daño”.
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En disidencia, el juez Hornos consideró que la acusada debía llegar a juicio por “la gravedad institucional de los hechos investigados, donde un esquema defraudatorio fue diseñado y ejecutado desde la primera línea del Estado Nacional, involucrando a quienes ocuparon los cargos democráticos más relevantes”.
Costilla llegó a la etapa de juicio procesada como supuesta partícipe necesaria del delito de defraudación por administración fraudulenta, cometido entre enero de 2007 y agosto de 2013, cuando intervino “en la ejecución y subsistencia de la matriz de corrupción, posibilitando desde su rol de Presidente de Kank y Costilla S.A. que se sustrajeran en forma periódica y constante fondos públicos mediante la maniobra de defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial", según la acusación fiscal.
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La empresa que presidía fue comprada por el grupo Báez y ofertó en licitaciones en violación de la normativa vigente, incumplió plazos, obtuvo anticipos financieros sin cumplir los requisitos legales y recibió certificados por obra no realizada.
La suspensión del Juicio a Prueba es una causal de extinción de la acción penal (art. 76 del Código Penal) y permite evitar la realización del debate oral. Se aplica para aquellos delitos que tienen una pena de hasta 3 años de prisión, o que podrían ser de ejecución condicional.
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