El fiscal federal Diego Luciani inaugura el último tramo del juicio oral contra Julio De Vido y otros exfuncionarios por el caso Odebrecht, vinculado a las irregularidades detectadas en la contratación para la ampliación de los gasoductos Gas del Norte (TGN) y la Transportadora Gas del Sur (TGS), entre 2006 y 2008.
En su alegato, Luciani buscará probar que los procesados cometieron el presunto delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
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Fuentes judiciales adelantaron que el Ministerio Público Fiscal tiene previsto utilizar entre cinco o seis horas para presentar sus argumentos. Esto podría hacer que necesite más de una audiencia para plantear el supuesto pedido de condena.
De acuerdo al delito que se investiga, la pena contemplada en el artículo 265 del Código Penal va de uno a seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua y multa de dos a cinco veces el valor del beneficio pretendido u obtenido.
El debate oral está a cargo del Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Néstor Costabel.
El exministro de Planificación Federal Julio De Vido, actualmente detenido en la Unidad Penitenciaria de Ezeiza tras haber sido condenado en otra causa por su responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once, encabeza la nómina de acusados.
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También están implicados el exsecretario de Energía, Daniel Cámeron; el exsubsecretario de Combustibles, Alberto Folgar; el exvicepresidente de la empresa mixta del sector eléctrico CAMMESA, Luis Alberto Beuret; y el exsubgerente de la misma compañía, Julio Armando Bragulat.
La causa
La investigación impulsada por el fallecido fiscal Federico Delgado, con intervención del juez federal Daniel Rafecas, llegó al debate oral con la sospecha de que los exfuncionarios actuaron en beneficio de los intereses particulares de la empresa constructora brasileña Odebrecht SA.
La hipótesis sostiene que De Vido creó el marco normativo para que la Secretaría de Energía, junto con la Subsecretaría de Combustibles y el ENARGAS, fueran los encargados de organizar la concesión del plan de ampliación de TGN y TGS.
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La modificación de las bases del concurso habría permitido “la posibilidad de seleccionar al proveedor de bienes y/o servicios al propio criterio del adjudicatario”, con el objetivo de concretar la contratación de Odebrecht.
El expediente destaca comunicaciones entre apoderados de Odebrecht y la Secretaría de Energía; la recomendación del subsecretario de Combustibles a CAMMESA para que opte por una determinada oferta en los concursos; y la confección de un memorando de entendimiento que luego sería enviado a CAMMESA para su suscripción con Odebrecht.
Los próximos alegatos
Durante las próximas audiencias, las defensas de los cinco procesados responderán los argumentos que presente el fiscal Luciani en su acusación.
En cuanto a los motivos por los que llegaron a juicio oral, Julio De Vido (76) fue imputado por presuntamente facilitar y delegar en otros funcionarios públicos subalternos la adjudicación de los contratos de construcción de la obra pública TGS y TGN 2006/2008 a la Constructora Norberto Odebrecht SA.
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Por su lado, Daniel Cámeron (72) está acusado de sugerir al ENARGAS incluir en las bases de los concursos alternativas adicionales de financiación.
Cristian Folgar (55), habría participado como uno de los organizadores de reuniones entre miembros de la Secretaría de Energía y los apoderados de la empresa.
En tanto, Julio Bragulat (79), firmó el memorando de entendimiento celebrado entre CAMMESA y Odebrecht; y Luis Beuret (80) habría tenido un rol activo en las reuniones de directorio de CAMMESA en las que se aprobaron los formularios de participación en los concursos.
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