Expertos cuestionan que Cobre Panamá obtuviera 87.7% pese a deficiencias ambientales y documentales

Organizaciones ambientalistas de Panamá cuestionaron la solidez técnica de la auditoría integral realizada a la mina Cobre Panamá y advirtieron que una parte sustancial de sus conclusiones no puede verificarse con la documentación disponible.

La revisión fue elaborada por la Mesa Técnica para el Cierre de Minas del Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que identificó limitaciones metodológicas, vacíos de información y debilidades en la forma en que se sustentaron los resultados finales.

El principal cuestionamiento se concentra en 155 de los 371 compromisos evaluados, equivalentes a más del 40%, que, según la Mesa Técnica, no cuentan con evidencia suficiente dentro de los anexos publicados.

Pese a esta ausencia, la auditoría asignó al proyecto minero una calificación general de cumplimiento superior al 87%, resultado que los ambientalistas consideran imposible de respaldar de manera consistente con los datos que fueron puestos a disposición del público.

Isaías Ramos, biólogo y especialista en gestión ambiental, sostuvo que la auditoría se enfocó en comprobar si se habían presentado documentos, pero no necesariamente en determinar si las medidas ejecutadas produjeron los resultados ambientales, sociales, laborales y financieros esperados.

“Una auditoría válida tiene que estar sustentada en información técnica”, señaló Ramos, al reclamar mediciones, análisis, facturas, encuestas y otros elementos verificables que permitan sostener el porcentaje divulgado.

Ramos explicó que, durante una revisión inicial de aproximadamente el 10% de los compromisos, solo uno pudo considerarse plenamente cumplido bajo los criterios aplicados por la Mesa Técnica. Se trató del manejo de explosivos, debido a que existe un protocolo nacional de seguimiento vinculado con la seguridad del Estado.

En el resto de los casos analizados encontraron que la auditoría valoró principalmente la ejecución de acciones, sin comprobar suficientemente sus efectos o resultados concretos.

Según el especialista, esta metodología permitió que algunos compromisos fueran declarados conformes aun cuando los propios análisis reconocían dificultades, debilidades o falta de información.

Entre los puntos más sensibles aparecen la estabilidad de las instalaciones de relaves, el drenaje ácido, la calidad del agua, la biodiversidad y las inversiones comunitarias. Para los ambientalistas, la existencia de programas, talleres, órdenes de trabajo o documentos no demuestra por sí sola que una obligación fue cumplida eficazmente.

El biólogo y auditor ambiental Gabriel Jácome también señaló “fragilidad y debilidad” en la elaboración de las conclusiones. Explicó que encontraron compromisos evaluados mediante acciones que no guardaban relación directa con el objetivo examinado.

Citó como ejemplo controles sobre emisiones de vehículos que terminaron sustentándose con análisis generales de calidad del aire, así como obligaciones sobre ruido que fueron justificadas mediante mediciones realizadas en puntos que no correspondían necesariamente con las áreas vinculadas al compromiso evaluado.

Jácome agregó que existen informes de seguimiento ambiental de Minera Panamá con niveles de ruido superiores a los parámetros permitidos por la normativa, pero que esas situaciones no siempre fueron reflejadas como incumplimientos.

De acuerdo con la revisión independiente, más del 90% de la información utilizada procedía de reportes entregados por la propia empresa minera, sin suficiente contraste con documentos producidos por instituciones públicas u otras fuentes independientes.

Otro de los señalamientos está relacionado con la gestión del agua. La Mesa Técnica indicó que resultados de laboratorio de 2026 mostraron excedencias significativas en distintos parámetros, pero estos datos no fueron incorporados en el análisis final.

También sostuvo que no se verificó un protocolo integral de emergencia para las comunidades ubicadas aguas abajo ni mecanismos adecuados de alerta, mientras que la evaluación de la estabilidad geotécnica de los relaves presentó limitaciones que reducen la capacidad de responder ante posibles riesgos.

Los ambientalistas cuestionaron además la verificación de la inversión comunitaria. El compromiso establecía un desembolso de $5 millones anuales, pero la auditoría solo habría revisado registros correspondientes a 2018 y 2019.

A juicio de la Mesa, esta muestra no permite comprobar el cumplimiento durante toda la vida del proyecto. Las áreas con menor respaldo documental fueron precisamente biodiversidad, conservación, asuntos sociales y desarrollo comunitario, componentes relevantes dentro de una eventual planificación del cierre.

Daniel Holness, director ejecutivo del Centro de Estudios y Acción Social Panameño (Ceaspa), afirmó que las decisiones públicas deben apoyarse en información completa y verificable.

“Cuando una revisión encuentra que una parte de las conclusiones no puede corroborarse con la evidencia disponible, lo responsable es completar ese análisis antes de darlo por concluido”, manifestó. Holness recordó que el patrimonio natural de Panamá constituye un activo ambiental global y debe formar parte central de cualquier decisión.

Lilian Guevara, directora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental, sostuvo que la revisión no pretende sustituir las competencias de las autoridades, sino contribuir a que el proceso se conduzca con mayor rigor y transparencia. También rechazó que un eventual cierre permita continuar extrayendo material.

“El proceso de cierre no implica continuar extrayendo”, afirmó, al advertir que cualquier alternativa de reapertura enfrentaría los fallos de la Corte Suprema de Justicia, la moratoria minera y otras normas ambientales vigentes.

La Mesa Técnica solicitó al Gobierno no aceptar el informe final mientras continúen los vacíos metodológicos, emitir las no conformidades, exigir la evidencia faltante dentro de plazos definidos, iniciar procesos sancionatorios cuando corresponda y revisar la suficiencia de la garantía financiera frente a los pasivos ambientales.

También pidió garantizar transparencia y participación ciudadana conforme al Acuerdo de Escazú y a las disposiciones adoptadas por el Ejecutivo.

La auditoría fue elaborada por SGS Panama Control Services y evaluó aspectos legales, fiscales, ambientales, técnicos y operacionales del proyecto. El documento asignó 87,7% de cumplimiento global, con resultados de 88,2% en asuntos legales y fiscales, 87,6% en desempeño ambiental, 90,2% en aspectos operacionales y 81,7% en riesgos y pasivos ambientales.

Sin embargo, la revisión detallada ya había identificado resultados particularmente bajos en reforestación, expansión de la huella intervenida, biodiversidad y restauración ecológica.

El Gobierno mantiene el informe bajo análisis a través de una comisión integrada por los ministros Juan Carlos Navarro, Felipe Chapman y Julio Moltó.

El equipo espera presentar al presidente José Raúl Mulino una recomendación antes de finalizar 2026 sobre el futuro de la mina. Mientras tanto, First Quantum Minerals afirmó sentirse alentada por la auditoría y destacó el porcentaje de cumplimiento obtenido.

Los ambientalistas, en cambio, insisten en que un resultado numérico elevado pierde valor cuando una parte significativa de la evidencia no puede ser corroborada.

Aunque la mina permanece en fase de preservación y gestión segura desde la suspensión de sus operaciones tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 2023, la empresa reactivó recientemente el procesamiento del mineral de cobre que permanecía almacenado en las instalaciones.

La autorización otorgada por el Gobierno permite tratar las reservas ya extraídas antes del cierre de la operación, sin reanudar la extracción de nuevo mineral, una decisión que ha reactivado el debate sobre el futuro del proyecto mientras la Comisión de Alto Nivel analiza los resultados de la auditoría y prepara una recomendación para el presidente José Raúl Mulino.