El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, visitará por segunda vez este martes el edificio de Comodoro Py 2002, para participar de un evento sobre la lucha contra la corrupción. Su desembarco en los tribunales de Retiro se da en medio del avance de las investigaciones contra el Gobierno, y coincide con el inicio de una nueva tanda de indagatorias a los imputados por corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Con un auditorio de jueces, fiscales y funcionarios judiciales, Mahiques será una de las figuras principales de la charla de “sensibilización” sobre la aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. El evento, programado para las 14:30, es organizado por la Oficina Anticorrupción en el marco de las actividades de cooperación impulsadas por el Programa “El PACCTO 2.0”, una iniciativa de la Unión Europea orientada a fortalecer los sistemas de justicia penal en América Latina y el Caribe.
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A la par del ministro de Justicia estará el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña.
Al girar las invitaciones a todos los despachos de Comodoro Py, el Ministerio anunció que la charla contará con las exposiciones de Giovanni Tartaglia Polcini, consejero del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia y director adjunto de “El PACCTO”; Giuseppe Busia, presidente de la Autoridad Nacional Anticorrupción italiana (ANAC); y Flavia Guarnaccia, una experta en la materia.
Los disertantes “compartirán experiencias comparadas y buenas prácticas” en la lucha contra la corrupción, anunció la organización.
A principios de abril, el ministro de Justicia había hecho -junto a su secretario Santiago Viola-, una visita institucional a los tribunales de Comodoro Py, en la que concretó una reunión con todos los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal.
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En ese mítin, el foco estuvo puesto en la necesidad de cubrir las vacantes judiciales y en la implementación del sistema acusatorio, que ya se postergó para 2027. En cuanto a los despachos sin funcionarios titulares, desde que es ministro Mahiques envió al Senado 103 pedidos de acuerdo para designar jueces, fiscales y defensores.
Según indicaron fuentes tribunalicias a Infobae, el titular de Justicia también se interesó constantemente durante todo el último mes por el avance de la causa por enriquecimiento ilícito que tiene bajo la lupa al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El caso está en manos del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita.
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El acusador público pasó las últimas dos semanas escuchando a testigos y recabando documentación relevante para reconstruir el crecimiento en el nivel de vida del ministro coordinador, y saber si se corresponde con sus ingresos y bienes declarados legalmente.
El expediente que involucra a Adorni no es el único caso sensible para el Gobierno que se encuentra en pleno avance en los tribunales de Retiro. Apenas unas horas antes del evento anticorrupción, pasarán por Comodoro Py quienes fueron las dos máximas autoridades de la ANDIS, Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini.
Los dos exfuncionarios de la gestión libertaria deberán presentarse en el cuarto piso, ante el Juzgado Federal N° 11 que subroga el juez Lijo, para ampliar su declaración indagatoria.
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Es que el fiscal Franco Picardi los acusó junto a otros 33 imputados por el desvío de más de 75 mil millones de pesos, a través del direccionamiento de compras de insumos de alto costo -llamados PACBI- para que empresas amigas resultaran adjudicatarias de los fondos públicos previstos para las personas con discapacidad, a cambio de retornos y dádivas.
El juez Lijo tiene una tercera causa que ocupa la atención del Ejecutivo: los llamados “créditos VIP” del Banco Nación.
La semana pasada, el magistrado ordenó medidas de prueba y una auditoría a la AGN para saber si hubo beneficios indebidos en los créditos hipotecarios otorgados a funcionarios, legisladores y personas con vínculos políticos.
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Las medidas incluyen la recolección de documentación, como informes técnicos y datos bancarios, y fueron solicitadas por el fiscal Pollicita cuando dictaminó a favor de impulsar la investigación.
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