El Gobierno de Nicaragua negó el ingreso al país a Joseph Rivera, abogado de la familia de Junieysis Merlo Espinoza, la joven nicaragüense víctima de femicidio en Costa Rica cuyo caso ha provocado reclamos diplomáticos y denuncias de abandono estatal. La decisión, comunicada apenas veinticuatro horas antes del viaje, frustró la intención de Rivera de reunirse con los padres de la víctima en el departamento de Madriz, según una denuncia compartida por el propio abogado. El propósito era informarles en persona sobre el avance judicial en Costa Rica contra el principal sospechoso y brindar acompañamiento legal.
Rivera afirmó que la negativa para ingresar al territorio nicaragüense fue notificada por las autoridades el día previo a su salida, una decisión que responsabiliza de obstaculizar su labor de asistencia humanitaria y legal. El abogado reclamó también la falta de respaldo institucional hacia los padres de Junieysis, quienes, según sostuvo, enfrentaron solos los trámites para el traslado de las cenizas y la gestión por la custodia de las hijas gemelas de la víctima.
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El caso adquirió dimensión internacional tras confirmarse que Junieysis Merlo Espinoza fue reportada como desaparecida el 31 de marzo. Su cuerpo fue hallado el 9 de abril en una fosa dentro de un condominio en el distrito Salitral, en el cantón de Santa Ana, provincia de San José. La autopsia, de acuerdo con las autoridades forenses, precisó la causa del deceso como asfixia mecánica de naturaleza homicida: “Compresión extrínseca del cuello y una fractura del cartílago”, detalló Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El principal sospechoso, de apellidos Ramírez Calvo y 57 años, pareja sentimental de Merlo, fue detenido poco después. El Juzgado Penal de Pavas ordenó un año de prisión preventiva tras establecer que habría convivido con el cadáver durante dos días y luego lo ocultó en una fosa utilizando maquinaria pesada.
Familiares de Merlo sin apoyo estatal tras el femicidio
A pesar del impacto social y mediático del caso, Rivera denunció que el Gobierno nicaragüense no ha otorgado ninguna ayuda concreta a la familia de la víctima. Mediante una comunicación oficial expresó: “Esta omisión es inaceptable. Un gobierno que abandona a sus ciudadanos en momentos de máxima vulnerabilidad está fallando en su deber más elemental”. Según el abogado, la vicepresidenta Rosario Murillo había mostrado interés en colaborar y una asesora suya lo contactó para reunirse y abordar el caso, especialmente para acelerar los trámites de doble nacionalidad de las niñas huérfanas y facilitar su custodia por parte de los abuelos en Nicaragua, dado que la familia materna reside en ese país.
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Ese interés, de acuerdo con Rivera, también respondía a la intención de presentar un reclamo diplomático ante Costa Rica. “Uno de sus asesores me llamó para reunirse conmigo y ser el puente entre Costa Rica y Nicaragua, para dar una explicación sobre este tema”. Añadió que la postura de Murillo buscaba interpelar sobre “qué está pasando en Costa Rica, que están matando a las mujeres nicaragüenses y a cualquier extranjera que venga aquí”.
Denuncia por prácticas de las aerolíneas y planteo de nuevos delitos
Rivera sumó a sus denuncias la negativa de Copa Airlines y Avianca a reembolsar el valor de los boletos de avión por el viaje cancelado. Consideró que esa conducta “revela una alarmante falta de empatía hacia los profesionales que, como yo, intentamos cumplir con nuestra labor humanitaria y legal”. El abogado anunció que evalúa acciones legales si persiste la negativa.
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En cuanto al proceso penal en Costa Rica, Rivera anticipó que analizarán nuevas líneas de investigación para determinar si, además de femicidio, existieron otros delitos en el caso de Merlo
La custodia legal de las hijas gemelas de Junieysis Merlo permanece bajo el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) de Costa Rica, mientras avanza el trámite para que sean entregadas a sus familiares en Nicaragua.
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