Eugenio Darío Molina-López, presunto jefe del narcotráfico guatemalteco y colíder de la organización transnacional Los Huistas, fue capturado en San Diego tras cuatro años de búsqueda internacional, un despliegue de fuerzas policiales de Estados Unidos y la promesa de una recompensa de USD 10 millones, según informó el Departamento de Justicia de ese país.
La detención, concretada el viernes 24 de abril de 2026, representa un golpe relevante contra una de las redes de tráfico de cocaína más activas en la región de Huehuetenango, frontera con México.
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El arresto marca la culminación de una investigación coordinada por Homeland Security Investigations (HSI) y la fiscalía federal del Distrito Sur de California, en el marco de la Operación Unidad Guerrilla.
Tras el arresto, las autoridades de Estados Unidos confirmaron que Molina-López, conocido como “Don Darío”, compareció ante el tribunal federal ese mismo día.
El operativo de captura involucró una cooperación internacional sin precedentes, con la participación de agencias como el FBI, la DEA, la Guardia Costera y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense.
La magnitud de la investigación queda reflejada en este dato: desde 1986, el Programa de Recompensas contra el Narcotráfico y el Programa de Recompensas por Crimen Organizado Transnacional han posibilitado que más de 75 narcotraficantes y organizaciones sean llevados ante la justicia, entregando en total más de USD 135 millones en recompensas.
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La suma de USD 10 millones ofrecida por información que permitiera la captura de Molina-López fue anunciada en marzo de 2022 por el Departamento de Estado, en un contexto de presión internacional sobre los jefes del narcotráfico en Centroamérica.
Paralelamente, ese mes, OFAC sancionó financieramente a Los Huistas y su colíder. Este grupo, descrito por el Departamento de Justicia como una organización criminal dedicada al tráfico masivo de cocaína, opera principalmente en Huehuetenango, Guatemala, y mantiene rutas de abastecimiento y distribución hacia México y Estados Unidos.
La operación internacional contra Los Huistas deja al descubierto la red criminal
El Departamento de Justicia expuso que Los Huistas representaron durante años un perfil de alto riesgo para la seguridad de Estados Unidos y Guatemala.
A Eugenio Darío Molina-López se le imputan cargos de conspiración para distribuir cocaína destinada a la importación ilegal, así como distribución del estupefaciente a bordo de embarcaciones, bajo el expediente 19-cr-0327-DMS. Las penas máximas previstas alcanzarían la cadena perpetua y una multa de USD 10 millones.
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La estructura de Los Huistas quedó al descubierto tras investigaciones multilaterales con liderazgo de HSI, agregados policiales en Guatemala y México y coordinación con la fiscalía estadounidense en San Diego.
La designación de líder recae tanto en Molina-López como en Aler Baldomero Recinos, conocido como “Chicharra”, quien fue detenido en México el 12 de marzo de 2025, luego deportado a Guatemala y extraditado a Estados Unidos.
La acusación formal contra Molina-López fue emitida el 29 de enero de 2019, enmarcando los cargos en la Operación Unidad Guerrilla, orientada a la persecución de grandes traficantes de cocaína en el hemisferio occidental, como parte de la iniciativa Homeland Security Task Force (HSTF), establecida por la Orden Ejecutiva 14159.
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El fiscal federal Adam Gordon señaló: “Los líderes de los cárteles no escriben el final de sus historias. Nosotros sí. Y una vez más, el capítulo final de la historia de un hombre considerado uno de los narcotraficantes de cocaína más notorios y prolíficos del mundo se escribe aquí, en el Distrito Sur de California”, indica el comunicado del Departamento de Justicia.
Kevin Murphy, agente especial en funciones de HSI San Diego, subrayó la relevancia de la coordinación transnacional: “Esta operación demuestra la efectividad de la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional y nuestras alianzas con agencias de Estados Unidos y Guatemala. Juntos se logró desarticular una organización criminal responsable del tráfico de cantidades masivas de cocaína y de amenazar la seguridad de ambas naciones. El caso enfatiza la importancia de una estrategia integral de gobierno y el compromiso implacable de HSI de proteger nuestros pueblos y la legalidad”.
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Los cargos, la logística de la investigación y consecuencias esperadas
El expediente judicial indica que Molina-López enfrenta cargos de conspiración internacional para distribuir sustancias controladas y distribución de cocaína a bordo de embarcaciones, delitos incluidos en el Código de Estados Unidos (Título 21, Secciones 959, 960, 963, y Título 46, Sección 70503(b), 70506), con penas que pueden llegar a la cadena perpetua y sanciones de hasta USD 10 millones.
La operación estuvo a cargo de diversas agencias federales, entre ellas Homeland Security Investigations, FBI, DEA, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, Guardia Costera, Interpol y la CBP, bajo la supervisión de la Fiscalía del Distrito Sur de California. Entre los objetivos prioritarios de la Fuerza de Tareas figura la investigación y persecución de redes de tráfico de estupefacientes, organizaciones violentas y la protección de niños ante delitos de trata y explotación.
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En la primera audiencia judicial, celebrada el 24 de abril de 2026, Molina-López se declaró inocente de los cargos. La próxima audiencia para revisión de pruebas y fijación de juicio fue programada para el 11 de mayo de 2026 ante la jueza del distrito, Dana M. Sabraw. La acusación está a cargo del fiscal adjunto Kevin Mokhtari.
Mediante el Programa de Recompensas citado por el Departamento de Estado, se ha conseguido la extradición y procesamiento de decenas de líderes criminales a nivel internacional. La sanción financiera de OFAC desde 2022 comprende el bloqueo de activos y la prohibición de transacciones para la organización y sus principales jefes.
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Las autoridades de Estados Unidos destacan que las acusaciones contra los señalados se consideran imputaciones y no pruebas de culpabilidad, y que todo imputado, incluido Molina-López, se presume inocente hasta que la justicia dictamine lo contrario.
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