Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), declarará este jueves a las 11 ante la Justicia por la causa que investiga la presunta retención indebida de aportes impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Con su presentación, quedará clausurada la ronda de indagatorias dispuesta por el juez en lo penal económico Diego Amarante.
Un fuerte operativo de seguridad resguardará los tribunales de Avenida de los Inmigrantes 1950. La escena repetirá el contexto vivido este miércoles con la declaración del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.
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La ronda de citaciones quedó formalmente inaugurada el viernes pasado con la presentación del director general de la AFA, Gustavo Lorenzo. El directivo entregó un escrito y se negó a contestar preguntas. La misma postura adoptaron el lunes el exsecretario general Víctor Blanco y su sucesor en el cargo, Cristian Malaspina. Toviggino repitió la estrategia.
La defensa de Tapia en este expediente está a cargo de Luis Fernando Charró. El letrado asumió la semana pasada a horas de la citación original. El cambio de abogados le permitió al presidente de la AFA postergar su indagatoria una semana. Pasó así de ser el primero en declarar al último.
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Los números del reclamo y la defensa
El expediente investiga la falta de pago de impuestos retenidos durante los años 2024 y 2025. La deuda original alcanza los $ 19.350 millones. El monto comprende obligaciones del impuesto al valor agregado, el impuesto a las ganancias y los aportes de la seguridad social. La ley penal tributaria sanciona esta conducta con penas de dos a seis años de prisión.
La AFA regularizó su situación impositiva. Abonó una parte de la deuda en efectivo y suscribió planes de pago por el saldo restante. Los dirigentes enmarcan el caso dentro de una persecución política. Remarcan que la entidad resulta la única asociación civil sin fines de lucro denunciada ante los tribunales bajo estas condiciones.
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La estrategia de los acusados se apoya en normativas vigentes del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo. Afirman que esas reglas impiden ejecutar deudas fiscales a entidades de bien público. Basados en esa premisa, deducen que una deuda inexigible no configura un delito penal.
El recorrido judicial y las expectativas
El camino hacia esta declaración incluyó una disputa legal previa. Las defensas interpusieron un incidente de nulidad absoluta contra las convocatorias. Argumentaron que el juzgado carecía de facultades para avanzar. Explicaron que un tribunal de alzada revisa actualmente un recurso previo para cerrar el proceso por inexistencia de delito.
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Amarante rechazó todos los cuestionamientos mediante un fallo firmado el lunes. El magistrado precisó que una apelación no frena el curso de una investigación principal. El juez subrayó que la indagatoria constituye el acto de defensa material por excelencia para conocer la acusación y dar explicaciones.
El fiscal Claudio Navas Rial, en representación del Ministerio Público Fiscal, respaldó al juez al afirmar que el llamado a declarar no provoca un perjuicio real para los acusados.
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En la AFA dan por hecho que todos los implicados serán procesados. Finalizada la audiencia de Tapia, el juez Amarante dispondrá de un plazo de 10 días para definir la situación procesal de los directivos. La prohibición para salir del país que rige sobre ellos será evaluada este mismo jueves por los camaristas Carolina Robiglio y Roberto Hornos en una audiencia fijada para las 12.
El próximo 18 de marzo, el tribunal de alzada convocó a las partes a un debate oral decisivo para analizar el pedido de la defensa para cerrar la investigación.
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