Dictaron el secreto de sumario en la causa de la mansión de Pilar: podrían levantar la feria judicial para continuar con la investigación

La investigación judicial que busca esclarecer el origen de los fondos utilizados para la compra de una lujosa propiedad en el partido de Pilar ingresó en una nueva etapa de secreto de sumario. Esta determinación surgió del Juzgado en lo Penal Económico a cargo de Marcelo Aguinsky, quien tomó la decisión tras recibir un dictamen del fiscal Claudio Navas Rial.

El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó esta medida luego de que la Coalición Cívica presentara una ampliación en su denuncia original, lo cual derivó en la necesidad de resguardar el expediente.

Dicha disposición implica que las partes involucradas no podrán acceder temporalmente a la causa, una herramienta legal que suele utilizarse cuando se prevé la realización de diligencias probatorias que requieren confidencialidad para no frustrar sus resultados.

En este contexto, la Justicia ordenó un allanamiento en un estudio contable ubicado en la localidad de Lomas de Zamora el martes por la noche. El objetivo del operativo consistió en el secuestro de documentación perteneciente a una contadora relacionada con Luciano Pantano, uno de los titulares formales del inmueble investigado y presunto testaferro de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Los principales señalados en el expediente son Pantano y su madre, Ana Conte, quienes figuran como integrantes de la sociedad Real Central SRL. Esta firma aparece como la propietaria legal de la mansión situada en la localidad de Villa Rosa y de otras dos viviendas ubicadas en un barrio privado de la misma zona. Ambos deberán comparecer ante el magistrado para justificar cómo lograron adquirir estos bienes de alto valor.

Con el fin de garantizar el derecho a defensa y permitir que los abogados de los imputados tomen conocimiento de las actuaciones previas, el juez Aguinsky reprogramó la citación a indagatoria para el próximo lunes 29 de diciembre. Originalmente, el magistrado otorgó un plazo de cinco días tras asumir la competencia del caso, pero luego modificó la fecha.

Los acusados tendrán la opción de presentar sus descargos de manera presencial o mediante un escrito. Una vez cumplido este paso procesal, el tribunal evaluará si corresponde dictar nuevas medidas de prueba, labor que podría extenderse incluso durante el receso de la feria judicial de enero, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

El camino de la investigación

La pesquisa se orienta a determinar quiénes son los verdaderos responsables de solventar los gastos y el mantenimiento de las propiedades que figuran a nombre de Real Central SRL. En relación con los inmuebles situados en Ayres del Pilar, se detectó que el pago de las expensas se realizaba mediante dinero en efectivo en una sucursal bancaria, lo que dificulta el rastreo directo del pagador.

Asimismo, el foco de la investigación se posó sobre una flota de 54 vehículos de alta gama hallados en un galpón de la quinta. El juzgado obtuvo datos sobre los dispositivos de Telepase de estos automóviles y descubrió que los peajes se abonaban con una única tarjeta de crédito, por lo que ahora se busca establecer el origen de los fondos con los que se cancelaba el resumen de dicho plástico.

Otro elemento que llamó la atención de los investigadores fue la existencia de un helipuerto activo dentro del predio de Villa Rosa. La Justicia ordenó diligencias para identificar las aeronaves que aterrizaron en el lugar y confeccionar una lista de los pasajeros que utilizaron esas instalaciones.

De forma paralela, se requirieron informes a compañías proveedoras de servicios de internet, televisión por cable y telefonía celular para analizar los abonos asociados a las direcciones bajo sospecha.

El perfil económico de los imputados

Pantano, quien se desempeñó como presidente de la Asociación Argentina de Futsal y ocupó un cargo en la tesorería del club Almirante Brown, figura inscripto como monotributista y registraba una deuda bancaria superior a los dos millones de pesos al momento de iniciarse la causa. Por su parte, Conte es jubilada y trabajadora autónoma; durante la pandemia de COVID-19 percibió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que otorgaba la ANSES.

A pesar de esta situación financiera, la empresa “Central Parks Drinks S.R.L.”, de la cual Pantano poseía la mitad de las acciones desde 2021, experimentó cambios drásticos.

El 16 de mayo de 2024, la firma cambió su denominación a “Real Central S.R.L.” y elevó su capital social de 300.000 pesos a 58 millones de pesos. En esa reestructuración, el exdirigente deportivo cedió su participación accionaria a su madre, quien pasó a ser la socia mayoritaria. Apenas dos semanas después de estos movimientos societarios, la compañía concretó la compra del predio de 105.000 hectáreas donde se erige la mansión.

La denuncia impulsada por la Coalición Cívica advirtió sobre la posible utilización de esta estructura jurídica como una “pantalla” para ocultar bienes pertenecientes a terceros. El escrito planteó la hipótesis de que se cometió el delito de lavado de activos mediante la disimulación del origen real de propiedades de gran valor económico. Además de la vivienda principal, el lugar cuenta con una pista de entrenamiento para equinos y un haras donde se alojan caballos árabes y purasangre.

El caso estuvo inicialmente en manos del juez federal Daniel Rafecas, quien ordenó los primeros allanamientos el viernes 12 de diciembre, prohibió la salida del país a los acusados e inhibió sus bienes. Sin embargo, el magistrado planteó su incompetencia y la Cámara Federal resolvió que el expediente debía tramitarse en el fuero penal económico, donde ahora continúa su curso.