En Jujuy, seis funcionarios fueron imputados por fraude a la Administración Pública debido a irregularidades en la construcción de la Escuela Secundaria N°57 sobre un yacimiento arqueológico en la localidad de Caspalá. La fiscal federal de la Unidad Fiscal Jujuy, Lucía Orsetti, acusó a los implicados de generar un perjuicio de más de 43 millones de pesos al Estado mediante el uso de documentos falsificados, lo que permitió iniciar obras que quedaron inconclusas al realizarse en un terreno considerado patrimonio cultural y protegido por leyes provinciales, federales y convenciones internacionales.
La investigación apunta a la exministra de Educación provincial, María Teresa Bovi; la secretaria de Infraestructura Educativa, arquitecta María Victoria Martínez Fascio; el director de Proyectos de esa área, arquitecto José Raúl Torrejón; la asesora legal del ministerio, María Cecilia Rotondo; el exasesor legal de la Fiscalía de Estado jujeña, Diego Montenovi; y el excomisionado municipal de Caspalá, Natividad Apaza. La jueza de garantías N°2 de San Salvador de Jujuy, Carina Gregoraschuk, aceptó este lunes la imputación formulada por la fiscalía y estableció un plazo de 45 días hábiles para continuar con la pesquisa.
Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), los hechos investigados ocurrieron en el marco de un proyecto del gobierno de la provincia de Jujuy para levantar una escuela donde se ubica la cancha de fútbol de Caspalá, el único predio nivelado del pueblo jujeño ubicado a 4000 metros de altura sobre el nivel del mar, en el departamento de Valle Grande. Dicha iniciativa provocó una serie de protestas por parte de la comunidad kolla, en tanto el lugar, situado dentro de la finca “Los Pozuelos”, está catalogado como patrimonio cultural identitario, ya que posee yacimientos arqueológicos subterráneos.
La fiscal Orsetti detalló que las irregularidades ocurrieron en el trámite administrativo NF-1059/2022, que labró la Secretaría de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación provincial. Las maniobras fraudulentas, según estipuló, comenzaron en febrero de 2022 y finalizaron en octubre de ese año, cuando se firmó el contrato con la empresa Urbania SRL para llevar adelante la obra. La fiscal señaló que el “Plan de Manejo Ambiental”, exigido para la licitación pública, contenía datos falsos que permitieron la puesta en marcha de la construcción en un área “de alta sensibilidad arqueológica”.
En la formulación de los cargos, la representante del Ministerio Público aseveró que las declaraciones falsas en la documentación oficial fueron establecidas “a sabiendas”, e incluyeron diferentes datos erróneos como que el sitio en cuestión no era parte de “un parque o una zona utilizada habitualmente para recreación de la población”; o que el predio no constituía un terreno “con características arqueológicas o paleontológicas” ni estaba ligado a “puntos culturales, religiosos o históricos del país”.
Para la acusación, entre otras cosas, también se negó que existieran “pueblos indígenas en el área del proyecto”. “Si el documento público de Plan de Manejo Ambiental no hubiese sido confeccionado a partir de declaraciones falsas, estas erogaciones de dinero dispuestas por el Estado Nacional en favor del Estado provincial no hubiesen tenido lugar. Allí finca la acreditación del daño o perjuicio patrimonial a las arcas públicas que se han acreditado en el caso”, explicó la fiscal Orsetti.
El avance de la obra fue mínimo. La fiscalía precisó que, de los fondos enviados por el Ministerio de Educación de la Nación -un total de $43.197.562,66-, solo se ejecutó el 11% de la construcción, que consistió en cimientos y estructuras sin uso desde su paralización. Orsetti destacó que, aunque la presencia de yacimientos arqueológicos no impide la concreción de obras, sí exige “extremar recaudos” con estudios de impacto ambiental para conservar el patrimonio cultural e identitario. En este caso, dichas medidas preventivas no fueron tomadas.
En ese contexto, la imputación contra los funcionarios subrayó que “no solo el pueblo actual de Caspalá se encuentra total o parcialmente sobre un yacimiento arqueológico, sino que toda la zona es considerada como un área de alta sensibilidad arqueológica”.
El caso seguirá su trámite con la asistencia de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. La jueza de Garantías Gregoraschuk estableció que la investigación durará hasta el próximo 25 de abril. La comunidad kolla de Caspalá participa del proceso a través de un querellante.
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