
La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador informó este martes que pedirá la aplicación de la pena de cadena perpetua contra Fredis Antonio C., de 49 años, acusado de matar a su hermano de 45 años con un arma blanca y de lesionar a su sobrino durante una violenta riña en el distrito de Yucuaiquín, departamento de La Unión.
Según información oficial, el ataque ocurrió al interior de una vivienda tras una discusión entre los dos hermanos que se encontraban bajo los efectos del alcohol. Fredis Antonio C. atacó a su hermano con un corvo, arma blanca de hoja curva de uso común en zonas rurales, y le provocó heridas de tal gravedad que la víctima falleció poco después en un centro asistencial al que fue trasladado de urgencia.
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El hijo de la víctima, sobrino del imputado, intentó intervenir para defender a su padre durante la agresión. El capturado también lo atacó, por lo que la FGR lo procesará adicionalmente por el delito de lesiones. En los próximos días, el acusado será puesto a disposición de los tribunales competentes para el inicio formal del proceso judicial, de acuerdo con la FGR.

La Policía Nacional Civil (PNC) desplegó un operativo en la zona tras el aviso de vecinos y logró capturar al sospechoso.
“Gracias a la reforma constitucional, la Fiscalía General de la República solicitará la aplicación de la pena de cadena perpetua contra Fredis Antonio C., acusado de quitarle la vida a su hermano y de lesionar a su sobrino”, apuntó el Ministerio Público.
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La FGR destacó que la solicitud de cadena perpetua se sustenta directamente en la reforma constitucional vigente, y que el caso avanzará en los próximos días ante los tribunales correspondientes del departamento de La Unión.
Fiscalía pedirá cadena perpetua tras reciente reforma constitucional
La reforma constitucional que habilita la cadena perpetua en El Salvador fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 17 de marzo de 2026, con 59 votos a favor y uno en contra, a iniciativa del partido oficialista Nuevas Ideas. La ratificación del acuerdo se publicó en el Diario Oficial el 26 de marzo y entró en vigencia el 3 de abril. La enmienda modificó el inciso segundo del artículo 27 de la Constitución, que hasta entonces prohibía expresamente las penas perpetuas, e introdujo una excepción para delitos de homicidio, violación y terrorismo.
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La cadena perpetua, tal como quedó definida en la legislación salvadoreña, es una pena indeterminada que se impone de por vida, pero con mecanismos obligatorios de revisión periódica. Los jueces deberán evaluar cada caso a partir de los 30 años de prisión para adultos condenados por un solo delito; desde los 35 años para quienes acumulen varios cargos; y desde los 40 años en delitos con agravantes. Para menores de edad, la primera revisión procede a los 25 años.
Según datos oficiales, en 2018 el país llegó a reportar jornadas con más de 10 homicidios diarios, cifra que en los últimos años se ha reducido a niveles cercanos a cero, resultado atribuido por las autoridades a las medidas del Plan Control Territorial.
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