Ley de Financiamiento: las universidades piden habilitar la feria para que la Justicia dicte una sentencia definitiva

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), integrado por rectores de todo el país, pidió la habilitación de la feria judicial para que la Justicia avance con el dictado de una sentencia definitiva sobre la causa abierta por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Ya hay una medida cautelar confirmada por la Corte Suprema de Justicia que ordenó al Poder Ejecutivo cumplir con los artículos 5° y 6° de esa ley -la N° 27.795-, que refiere a la recomposición de los salarios de docentes y no docentes y la actualización del monto de las becas estudiantiles.

Esos aumentos aún no se materializaron. En las casas de estudio aguardan a ver las liquidaciones del mes de julio -el fallo de la Corte se firmó a fines de junio-, donde debería verse reflejado el acatamiento de la medida cautelar.

Ahora el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, en representación del CIN, presentó un escrito ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal de feria para que se “habilite la feria a fin de avanzar en esta causa con el dictado de sentencia”.

Quien está a cargo es el juez Martín Cormick, el mismo que dictó la medida cautelar en primera instancia, en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 11.

“Desde agosto de 2025, en que el Congreso sancionó la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, no podemos obtener que el Poder Ejecutivo Nacional la cumpla. Ni siquiera ha cumplido con la medida cautelar dictada por vuestra señoría en diciembre de 2025 y ya estamos en julio de 2026. Todo lo contrario, el PEN ha formulado muchas presentaciones tendientes a entorpecer el trámite y ordinarizar este amparo”, alegó el rector de la UNR en su presentación.

Y siguió: “Esta es, sin dudas Su Señoría, la causa más importante de la Argentina en términos institucionales, todo el sistema educativo universitario depende de lo que aquí se resuelva”.

El juez Cormick le corrió vista al fiscal de feria para que dictamine si corresponde habilitar el receso de inviero para tratar este caso.

El planteo central de las universidades busca que la Justicia declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, por el que el Estado dispuso que la ley 27.795 solo podía ejecutarse una vez determinadas las fuentes específicas de financiamiento, la misma herramienta con la que el Gobierno frenó otras normativas sancionadas por el Congreso, como la Ley de Discapacidad.

Cabe recordar que el pasado 10 de junio, el Poder Ejecutivo firmó un acta en la que se comprometió a transferir fondos para un incremento de la masa salarial del 24,33%, una suba del 20% en gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas para hospitales universitarios hasta $50.000.000.000.

La cautelar avalada por la Corte Suprema no incluyó el conjunto completo de cuestiones previstas por la ley. Quedaron afuera la recomposición presupuestaria de 2024 y 2025 y otros gastos vinculados con programas de asistencia y fortalecimiento.

Al ratificar la cautelar en segunda instancia, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal entendió que el Estado no había logrado desvirtuar la verosimilitud del derecho invocado por los representantes universitarios. También sostuvo que el Congreso había insistido en la sanción de la ley y que el Ejecutivo resistía su aplicación sobre la base de una norma anterior de jerarquía inferior al texto constitucional.

Este tribunal advirtió, además, que el incumplimiento podía provocar perjuicios graves y un deterioro salarial que afectara el derecho de enseñar y aprender. En esa evaluación, también consideró que el ahorro derivado de no aplicar la norma no resultaba significativo para el presupuesto de la Administración Pública Nacional.