Casación cerró el camino de Martín Báez a la Corte Suprema para evitar pagar una multa de USD 274 millones

El máximo tribunal penal federal del país rechazó un recurso extraordinario del hijo mayor de Lázaro Báez, condenado junto con él en la “ruta del dinero K”

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Lázaro Báez junto a su hijo Martín Báez durante el juicio oral por la  "ruta del dinero K"
Lázaro Báez junto a su hijo Martín Báez durante el juicio oral por la "ruta del dinero K"

La Justicia cerró la puerta al hijo mayor de Lázaro Báez, Martín Báez, en su intento por llegar hasta la Corte Suprema de Justicia para evitar pagar una multa de 274 millones de dólares que forma parte de la condena que se le impuso en la causa por la “ruta del dinero K”.

La Cámara Federal de Casación rechazó por inadmisible un recurso extraordinario de la defensa oficial, para que el máximo tribunal del país revise la decisión sobre el pago de la multa por lavado de dinero.

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La sala IV del máximo tribunal penal federal del país confirmó ya la millonaria sanción impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 de la ciudad de Buenos Aires, que juzgó y condenó a penas de prisión a los Báez y otros acusados. Se lo intimó a saldarla dentro de los diez días hábiles posteriores a la condena en 2025, en una decisión que ahora quedó firme.

La defensa del hijo mayor del dueño de “Austral Construcciones” buscaba que la Corte Suprema revise la sentencia que fijó la multa en u$s 274.364.333,45 o su equivalente en pesos al tipo de cambio oficial al momento del pago.

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Los camaristas de Casación Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, fundamentaron su decisión en que los argumentos presentados no alcanzaron para habilitar la instancia extraordinaria ante el máximo tribunal del país.

La resolución remarcó que para acceder a la Corte es necesario demostrar que la decisión vulnera derechos federales en forma directa, algo que los magistrados consideraron ausente en la presentación de la defensa.

Condena y multa

La causa contra Martín Báez se inscribe en el marco de las investigaciones por lavado de activos en las que también resultaron condenados otros integrantes de la familia y exsocios del empresario patagónico.

El caso se centra en la ejecución de la pena económica fijada contra Báez, como parte de la condena a seis años y medio de prisión por lavado de dinero. El Tribunal lo había intimado a pagar esa suma en un plazo de diez días, pero no se concretó, lo que habilitó avanzar con la ejecución de bienes embargados.

Las imágenes de miles de dólares de los Báez que se contaron en la financiera SGI en Puerto Madero
Las imágenes de miles de dólares de los Báez que se contaron en la financiera SGI en Puerto Madero

Frente a eso, la defensa oficial cuestionó la decisión por prematura debido a que “hay aún en análisis un planteo sobre la constitucionalidad de esa multa”. Además, aludió a un “despojo patrimonial irreversible” y reclamó en todo caso que se le dé al condenado la posibilidad de pagar en cuotas. También sostuvo que en una de las propiedades sujetas a esa medida “viven los hijos menores de edad de Báez”.

Martín Báez fue condenado a nueve años de prisión por lavado de dinero en un juicio oral pero luego Casación redujo la pena a seis años y seis meses. En 2023, se le otorgó la excarcelación por haber cumplido más de dos tercios. Ya se encontraba bajo arresto domiciliario desde hacía dos años en Río Gallegos al momento de recuperar la libertad.

Su padre también fue condenado en esa causa penal a 10 años de prisión por “las maniobras cometidas entre 2003 y 2015, durante el kirchnerismo”, en un veredicto que dejó firme la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lázaro Báez está detenido cumpliendo 15 años de cárcel unificados por esta pena más los seis años de la causa Vialidad, donde se lo juzgó y condenó junto a la ex presidenta Cristina Kirchner.

El expediente tomó notoriedad pública por las imágenes grabadas en la financiera SGI, ubicada en Puerto Madero y conocida como “La Rosadita”, en las que se observaba a varios de los involucrados contando grandes cantidades de dólares. La Justicia determinó que la estructura jurídica, bancaria y financiera montada por los acusados permitió lavar aproximadamente 55 millones de dólares.

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