Una diplomatura universitaria propone analizar los cambios planteados en el proyecto de reforma del Código Penal

En pleno debate creciente por los diferentes proyectos para reformar el Código Penal, la Universidad de San Isidro lanzó una diplomatura que apunta a entender las nuevas normativas que se podrían tratar en el Congreso de la Nación.

El curso académico fue titulado “El Código Penal: Historia, Dogmática y Proyectos de Reforma” y apunta a entender los principales cambios normativos, los proyectos de reforma y las nuevas modalidades de criminalidad compleja. Cuenta con la dirección del doctor Mariano Hernán Borinsky y la coordinación de Juan Manuel Garay.

La propuesta comenzará el 11 de agosto y se extenderá hasta el 17 de noviembre de 2026, con un total de 15 encuentros. Participarán quienes conformaron la última comisión de reforma del Código Penal, junto a magistrados, funcionarios, docentes y especialistas en derecho penal. Borinsky se desempeñó como vicepresidente de esa comisión y fue presidente de la comisión de reforma de 2019, lo que le otorga al curso un vínculo directo con los debates legislativos en curso.

El programa parte de una premisa central: el Código Penal argentino enfrenta el desafío de adaptarse a profundas transformaciones sociales, económicas y tecnológicas sin abandonar los principios constitucionales que limitan el poder punitivo del Estado. La diplomatura busca articular los fundamentos clásicos de la dogmática penal con los problemas concretos que atraviesan la política criminal, la legislación y la práctica judicial, superando un abordaje exclusivamente teórico.

Uno de los ejes principales será el análisis de los proyectos de reforma del Código Penal y de las modificaciones legislativas que en los últimos años transformaron distintos institutos del sistema penal. Durante el curso se estudiarán los principios de legalidad, lesividad, culpabilidad y proporcionalidad, así como el rol de la víctima, la legítima defensa, la libertad condicional y la prisión domiciliaria. También serán objeto de análisis las penas de prisión, multa e inhabilitación, el decomiso de bienes, la reincidencia y la reiterancia delictiva, con especial atención a sus fundamentos constitucionales y su aplicación jurisprudencial.

Una parte sustancial del programa estará dedicada a la criminalidad organizada y los delitos complejos. Entre los contenidos previstos se encuentran las estructuras dedicadas al tráfico ilícito de estupefacientes, el terrorismo y su financiamiento, el lavado de activos y las distintas formas de intervención de organizaciones delictivas transnacionales. El régimen penal de estupefacientes será analizado desde una perspectiva práctica, con énfasis en la manera en que estos hechos son investigados, imputados, probados y resueltos judicialmente. También se abordarán la corrupción y los delitos contra la Administración Pública, incluyendo figuras como el cohecho, la malversación de caudales públicos y el enriquecimiento ilícito.

El derecho penal económico y tributario tendrá un módulo propio. Las clases tratarán los delitos cambiarios, aduaneros y financieros, el régimen penal tributario y la responsabilidad de las empresas frente a hechos delictivos cometidos en el marco de su actividad. Se debatirán además los alcances de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los programas de integridad empresarial y las nuevas exigencias de prevención derivadas de la expansión de la criminalidad económica.

La diplomatura incorporará también los desafíos que la innovación tecnológica plantea al derecho penal contemporáneo. El encuentro de cierre estará dedicado al impacto de la inteligencia artificial en la criminalidad, los delitos informáticos, los deepfakes, la clonación de voz y las estafas cometidas a través de redes sociales y activos digitales. Se examinarán además los fraudes con criptoactivos, las estafas piramidales y las nuevas dificultades probatorias que surgen cuando los delitos se cometen mediante plataformas digitales o identidades falsas generadas con inteligencia artificial.

El programa contempla un módulo específico sobre delitos de género y crímenes de odio, con contenidos vinculados al femicidio, la violencia de género, los delitos discriminatorios, la interseccionalidad y las reformas necesarias para mejorar la respuesta estatal. El avance del derecho penal sobre nuevos bienes jurídicos también tendrá espacio propio: uno de los módulos abordará los daños ambientales graves, el manejo indebido de residuos peligrosos, la contaminación con riesgo para la salud humana y los proyectos legislativos que proponen incorporar la figura del ecocidio. Finalmente, se estudiarán los delitos cometidos en el ámbito deportivo, la violencia en los estadios, la corrupción y la actuación de organizaciones criminales en ese sector.