
República Dominicana y Chile formalizaron este martes en Santo Domingo un equipo conjunto de investigación para combatir la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y el lavado de activos, en un acuerdo firmado por la procuradora general dominicana Yeni Berenice Reynoso y el fiscal nacional chileno Ángel Valencia Vásquez.
Según la Procuraduría General de la República Dominicana, fue la primera vez que el país caribeño suscribió un convenio de este tipo bajo el marco de la Convención de Palermo de la Organización de Naciones Unidas. La firma se apoyó en una cooperación previa entre fiscales de ambos países en investigaciones ya amparadas por ese instrumento internacional.
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Reynoso dijo que la lucha contra la trata y el tráfico de personas ocupó un “objetivo estratégico de primer nivel” dentro de la política dominicana de persecución del crimen organizado transnacional. También sostuvo que esas pesquisas suelen avanzar junto con causas por lavado de activos, porque las organizaciones criminales buscan introducir ganancias ilícitas en los mercados formales.

El acuerdo activó un equipo binacional por un año
El convenio tendrá una vigencia inicial de un año y buscará coordinar actuaciones para investigar delitos de tráfico ilícito de migrantes y lavado de activos, identificar a los responsables, perseguirlos judicialmente y afectar bienes asociados a esas actividades. Otra meta central será garantizar la protección y la integridad física de las víctimas.
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El acuerdo también previó el intercambio de información sobre procesos penales en curso en cada país y la recolección de evidencia física y material probatorio relevante. La estructura incluirá fiscales y policías de ambas naciones.
Chile y Dominicana ampliaron la cooperación penal
Por su parte, Valencia calificó el convenio como “una herramienta concreta de trabajo entre los ministerios públicos de Chile y República Dominicana”. El fiscal nacional chileno afirmó que la trata de personas y el tráfico de migrantes impactaron directamente a ambos países y exigieron respuestas coordinadas.
Chile y República Dominicana acordaron integrar equipos con fiscales y policías para enfrentar delitos de crimen organizado transnacional. La consecuencia inmediata será una vía formal de investigación compartida para causas de trata, tráfico de migrantes y lavado, con intercambio de información y evidencia entre ambos sistemas judiciales.
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Reynoso afirmó que el objetivo del trabajo conjunto no se limitó a obtener condenas judiciales, sino que apuntó ante todo a proteger los derechos fundamentales de las víctimas. La procuradora definió la trata de personas como “la esclavitud moderna” y una de las formas más graves de vulneración de la dignidad humana.
La funcionaria también dijo que la cooperación se articuló con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección General de Migración, la Dirección Nacional de Inteligencia, el Ministerio de Defensa y otras agencias estatales. La Procuraduría sostuvo que el acuerdo respondió a la necesidad de afrontar de forma coordinada la delincuencia organizada transnacional, el tráfico de personas, el lavado de activos, los delitos económicos y la corrupción.
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En la firma también participaron Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, y Francisco Jacir Manterola, jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte de Chile, quien había encabezado recientemente una misión oficial en República Dominicana para coordinar los detalles del convenio.
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