El Gobierno sufrió otro revés en la causa por los alimentos almacenados

La Cámara Federal de Casación Penal declaró “inadmisible” la apelación que había presentado la semana pasada el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, para cuestionar la medida cautelar que le ordenó a la cartera la entrega de un plan para distribuir las cinco toneladas de alimentos alojadas en depósito para ayuda social. En sus presentaciones, el Gobierno insistía en que el Poder Judicial se estaba entrometiendo en sus políticas, y apuntó contra el juez Sebastián Casanello y la Sala II de la Cámara Federal que lo respaldó.

Ahora, los jueces Angela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar estudiaron el recurso que presentó Leila Daniela Gianni, subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano. “Del análisis realizado en razón de lo previsto por los artículos 444 y 465 del CPPN, surge la inadmisibilidad de la vía intentada, pues la recurrente no logra rebatir de modo concreto y acabado los argumentos expuestos en la resolución impugnada. Ello priva al recurso de la fundamentación requerida”, afirmó la resolución a la que accedió Infobae.

El fallo sostuvo que los representantes de Capital Humano “no ha argumentado adecuadamente la existencia de una cuestión federal, que habilite la intervención de esta Cámara como tribunal intermedio, en los términos de la doctrina establecida por el Alto Tribunal in re “Di Nunzio”. Y añadió: “el pronunciamiento atacado ha sido dictado por la Cámara de Apelaciones en su carácter de órgano revisor de las resoluciones emanadas de los magistrados, es decir que en el caso existe doble conformidad judicial. Por ello, en mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve declarar inadmisible el recurso de casación deducido, con costas”.

La semana pasada, apenas un rato después de haber contestado al juez federal Sebastián Casanello un informe con el detalle del plan de distribución de los alimentos almacenados y la decisión de convocar a gobiernos provinciales para repartirlo, el Ministerio de Capital Humano sorprendió al presentar un recurso de apelación para que la Cámara Federal de Casación Penal rechace el fallo que confirmó la medida cautelar, eje del debate y posterior a una escandalosa audiencia que protagonizaron el dirigente Juan Grabois y la subsecretaria legal del organismo, Leila Gianni. Si bien aclararon que lo cumplieron para evitar denuncias penales, los abogados del Gobierno insistieron en acusar al Poder Judicial de querer entrometerse en la administración.

“La decisión de la Cámara de Apelaciones implica sustituir la voluntad de la administración en la elección de la política de acopio y distribución alimentaria y finalidad de los alimentos -que pueden ser, como en el caso de autos, para situaciones de emergencia- transgrediendo el sistema republicano el gobierno y la separación de poderes que esto conlleva”, dijo la presentación. Y añadió: “La Cámara Federal, al igual que el instructor, pretende ocupar el rol de la administración”.

Se trata de la causa que se inició en febrero pasado contra el Ministerio de Capital Humano por la suspensión de la entrega de alimentos en comedores comunitarios ubicados en todo el país, en el marco del “Plan Nacional Argentina contra el Hambre”. Al mismo tiempo que se presentó una denuncia en Comodoro Py, también se hicieron presentaciones en el fuero en lo contencioso administrativo. Hace dos meses, el medio El Destape, en el marco de un pedido de acceso a la información pública, reveló el stock de los centros de Villa Martelli y Tafi Viejo que rondaban los 5 millones de kilos. En aquel momento, el vocero presidencial, Manuel Adorni, admitió ese número en conferencia de prensa, pero desmintió que estuvieran próximos a vencer y subrayó la denuncia hecha por comedores fantasmas.

En ese contexto, la fiscal Paloma Ochoa le pidió al juez que los alimentos allí guardados se distribuyeran en los comedores registrados oficialmente, y el juez Casanello dictó el 27 de mayo una cautelar para que le informara un plan para la distribución de los alimentos. Eso fue apelado por el Gobierno. La Cámara Federal escuchó a las partes en una escandalosa audiencia y confirmó la medida cautelar.

Esa esa la decisión que apeló ante Casación: el Gobierno sufrió un nuevo revés. En el mientras tanto, el Gobierno le entregó a Casanello un informe complementario sobre el plan de entrega de los alimentos retenidos en los galpones de Villa Martelli y Tucumán, eje de una polémica audiencia entre el dirigente Juan Grabois y la subsecretaria legal de Capital Humano Leila Gianni. En su escrito, el Ejecutivo explicó que ya se entregó la leche y el harina de maíz próxima a vencer y consultó sobre la yerba que inicialmente se había dicho que estaba en mal estado y ahora se podría consumir. Además reafirmó que el resto de los productos serán entregados escuelas vulnerables y reveló la decisión de convocar a las provincias para que participen de esa distribución.

Enterado de la noticia de Casación, Juan Grabois afirmó en sus redes sociales: “Tercer fallo en contra de Pettovello, no hay apelación que valga frente a su infame programa de hambre. Perdieron en primera instancia, cámara y ahora rápidamente en casación de forma unánime. Siete jueces de trayectorias y pensamientos distintos coinciden en que el gobierno debe repartir los alimentos. Los depósitos siguen llenos. Las ollas semi vacías. Este fin de semana murieron tres personas de frio, malnutrición y abandono. Cientos de miles de pibes comen una comida al día. No es tan difícil: repartan los alimentos, restablezcan los comedores y si alguno robó que pague el ladrón, no la gente que necesita”.

Subrayó: “El hambre es un crimen y ustedes son una banda que lo comete con premeditación y alevosía. El que las hace las paga y todo el sufrimiento que provocan, incurriendo en abandono de personas e incumplimiento de los deberes de funcionario, lo van a pagar”.