Crisis de las vacantes: un tribunal oral no tiene titulares desde 2010 y funciona con ocho jueces en paralelo

El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata es un caso emblemático del flagelo de las vacantes en la justicia argentina. Hace 13 años no tiene jueces titulares y durante todo este tiempo tuvo que funcionar con jueces prestados de otras jurisdicciones, hasta de la provincia de Santa Cruz. Por el sistema de subrogancias, los magistrados van cambiando casi todos los años, pero los juicios orales duran más tiempo. La foto actual es insólita: el tribunal tiene ocho jueces suplentes trabajando en simultáneo. Con un agravante: el TOF 1 tiene a su cargo los juicios de lesa humanidad y debe decidir la suerte de 370 detenidos.

Este año, el tribunal está integrado con Karina Yabor, y dos jueces de Comodoro Py: Ricardo Basílico (TOF 1) y Andrés Basso (TOF 3). “Ya tienen agenda fijada para todo el año, con más de 40 audiencias”, detalló una fuente judicial. Pero Basílico y Basso tienen juicios en trámite por otras subrogancias anteriores del mismo tribunal.

En el caso de Basílico, comparte el tribunal con otros dos subrogantes, Esteban Rodríguez Eggers (San Martin) y Walter Venditti (San Martin), en un juicio de lesa humanidad.

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Basso, por su parte, lleva adelante el caso “Ramírez” con José Michilini (uno de los jueces que sobreseyó a Cristina Kirchner en la causa del Memorándum con Irán) y Nelson Jarazo, el único juez titular del TOF 2 de La Plata tras la renuncia de Alejandro Esmoris, en diciembre pasado. Pero también tiene otro juicio de lesa humanidad con Michilini y María Claudia Morgese (de San Martín).

Si faltaba algo, el juez Michilini, que integra el TOF 1 en Comodoro Py, lleva adelante el juicio contra la madre y varios allegados del gremialista Marcelo Balcedo, el ex titular del SOEME que ya fue condenado en Uruguay y ahora se resiste a ser juzgado en el país.

En total son ocho jueces trabajando en simultáneo para el TOF 1 de La Plata, pero ninguno fue designado para ese tribunal.

La situación es más grave. Según un informe elaborado por la jueza e integrante del Consejo de la Magistratura Agustina Díaz Cordero, el TOF 1 tiene 615 causas en trámite, 30 empleados y 370 detenidos a disposición. Muchos de ellos, llevan entre 4 y 9 años con prisión preventiva, superando ampliamente los límites legales. “Tenemos personas detenidas por lesa humanidad hace 10 años”, apuntó una fuente del tribunal ante una consulta de Infobae.

Las vacantes en el TOF 1 de La Plata -que alguna vez integró el camarista Pablo Bertuzzi- arrancaron en el gobierno de Cristina Kirchner, continuaron en el de Mauricio Macri, y se agravaron en el de Alberto Fernández por la parálisis del Consejo de la Magistratura y del Congreso. “Hubo un concurso cuando el tribunal tenía dos vacantes pero se anuló por irregularidades. En 2017 se enviaron los pliegos al Senado y se volvió para atrás. Luego tuvieron que readecuar el concurso (tres vacantes en el TOF 3, 2 en el TOF 1, y 1 en el TOF 2) pero tampoco se avanzó. Actualmente hay dos pliegos frenados en la comisión de Acuerdos del Senado”, detalló un funcionario judicial que conoce como pocos la interna de los tribunales platenses.

En diciembre de 2021, el Ejecutivo mandó un total de 26 pliegos al Senado. En ese listado aparecían tres candidatos para el TOF 1 de La PLata: Pablo Wilk, Jésica Sirovich y Carlos Fabián Cuesta. Pero Wilk quedó salpicado por la causa de la Gestapo ya que estuvo a cargo de la investigación contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina. “Los pliegos quedaron frenados porque eran parte de un acuerdo político”, apuntó un funcionario judicial.

En ese estado de situación, los secretarios del tribunal tienen que hacer malabares para armar la agenda de juicios. “Los jueces de otras jurisdicciones tienen su propia agenda. Con tantas vacantes, durante tantos años, es lógico que se afecte el servicio de Justicia”, lamentó un funcionario judicial.

Pese a todo, el informe elaborado por la jueza Díaz Cordero, al que tuvo acceso Infobae, destaca que durante 2021 el TOF 1 de La Plata incorporó al sistema un total de 20 mil documentos (resoluciones, decretos), mientras que el promedio de los tribunales orales de la Capital Federal sería de apenas 3000 documentos.

Todo un fuero en emergencia

El problema de las vacantes excede a los tribunales orales federales. El fuero federal platense, contando a los juzgados y a las Cámaras, tiene un porcentaje de vacantes del 43%, muy por encima de la media. De hecho, Infobae reveló hace dos semanas que en los tribunales orales federales de todo el país, donde se juzgan delitos de corrupción, lavado de dinero, fraudes tributarios y narcotráfico, hay una vacante cada tres jueces. Los casos más graves se dan en Comodoro Py, Comodoro Rivadavia, Rosario, y San Martín.

El tema de las vacantes estuvo presente en una reunión que tuvieron, hace dos semanas, los presidentes de los tribunales orales federales con la titular la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa. “Estamos colapsados”, repitieron a coro los jueces. Por ahora no hay soluciones.

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En La Plata, la Cámara Federal también está repleta de vacantes. Según el relevamiento de la jueza Díaz Cordero, en la Sala I hay 2 lugares, en la Sala II hay 1, y en la Sala 3 hay otros 2. Con un agravante: cada sala tiene un promedio de 1200 causas en trámite.

Las necesidades también son presupuestarias. “Los magistrados del tribunal solicitaron la ampliación de las partidas para gasto de mantenimiento y de intendencia. Refieren que con la suma que reciben actualmente no se llega a cubrir con las necesidades básicas de la oficina en relación a librería, elementos de higiene y refrigerio. En cuanto a los recursos tecnológicos, se hizo saber la necesidad de contar con buena señal de WIFI en todos los despachos del tribunal”, detalla el estudio sobre el tribunal que recibe causas de los juzgados federales de La Plata, Junín, Lomas de Zamora, Quilmes y Pehuajó.

El déficit tecnológico se repite en los juzgados federales de La Plata. Cuando se los consulta, los jueces piden mejorar la calidad de internet, y sumar cámaras y micrófonos para tomar audiencias. “El Poder Judicial provee internet por cable y cada juez debe contratar WiFi como puede”, lamentó un funcionario.

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