Se accidentó en unas cabañas de Mar Azul: perdió el juicio, apeló y la Cámara terminó dándole la razón

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revocó una sentencia que había rechazado una demanda por daños y perjuicios contra un complejo de hospedaje de Mar Azul. El tribunal ordenó indemnizar al huésped con $10,7 millones por las lesiones que sufrió durante una estadía de vacaciones en enero de 2019, al considerar que la empresa incumplió su deber de seguridad como prestadora de servicios.

La resolución, firmada por los jueces de la Sala A de la Cámara Civil, también extendió la condena a la aseguradora citada en garantía. El fallo dispuso que el límite de cobertura previsto en la póliza se actualice por el Índice de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Censos desde la fecha del accidente hasta el pago efectivo.

El demandante —de 76 años en ese momento— sostuvo que se había alojado con su familia en una cabaña del establecimiento turístico entre el 26 de enero y el 2 de febrero de 2019. Según su presentación, el 27 de enero, cerca de las 9.30, intentó salir hacia el patio y cayó por una escalera de madera cuyos escalones, afirmó, estaban húmedos y no tenían elementos antideslizantes.

De acuerdo con la demanda, el huésped golpeó la cabeza y sufrió una lesión en una pierna al caer. Indicó que una empleada lo ayudó a levantarse y que, ante el dolor, personal del complejo convocó a un médico. Luego de varios días sin mejoría, fue atendido en el hospital municipal de Villa Gesell, donde detectaron fracturas de tibia y peroné.

Tras ese diagnóstico, fue trasladado a su provincia de origen y sometido a una operación en un hospital de su ciudad. La demanda señaló que necesitó inmovilización, rehabilitación y asistencia para desarrollar actividades cotidianas. También reclamó una compensación por incapacidad, daño moral, gastos médicos, tratamiento psicológico, traslados y presuntas pérdidas de ingresos.

La empresa demandada rechazó la versión sobre la mecánica del accidente. Señaló que el huésped se hospedaba en una unidad ubicada en planta baja, con salida directa a una galería y al jardín, sin escaleras exteriores. También negó que alguna empleada hubiera presenciado el episodio o auxiliado al demandante en el momento de la caída.

La aseguradora, en tanto, reconoció que existía una póliza vigente para cubrir la responsabilidad civil del complejo al momento del hecho. Sin embargo, cuestionó el accidente, las lesiones invocadas, la relación causal y la responsabilidad atribuida. Informó además que la suma máxima asegurada era de $1,3 millones.

En el caso, seguido por Infobae, el juzgado de primera instancia rechazó la demanda y cargó las costas al reclamante. El magistrado entendió que el planteo estaba alcanzado por las normas de defensa del consumidor y que el hospedaje suponía un deber de seguridad para la empresa, pero consideró insuficiente la prueba sobre el modo en que se había producido la caída.

El juez de primera instancia sostuvo que una escalera es una cosa inerte y que, para atribuir responsabilidad, el demandante debía demostrar una anomalía concreta, como humedad, falta de mantenimiento o ausencia de medidas de seguridad. Según esa sentencia, no había quedado probado que la caída hubiese ocurrido a raíz de deficiencias en las instalaciones.

El fallo también relativizó el testimonio de la nuera del reclamante, quien declaró haber visto el episodio, por su vínculo familiar con la parte demandante. El juzgado entendió que esa declaración no tenía otros elementos de prueba que permitieran corroborarla. Por eso concluyó que se había acreditado una caída, pero no que la empresa fuera responsable por ella.

La Cámara Civil adoptó un criterio distinto. Los camaristas señalaron que la relación entre un huésped y un establecimiento de alojamiento es una relación de consumo. Bajo ese régimen, la empresa tiene una obligación de seguridad: debe garantizar que quienes utilizan el servicio no sufran daños durante la estadía por circunstancias vinculadas con el ámbito bajo su control.

Para el tribunal de alzada, una vez probado que el huésped sufrió el accidente dentro del complejo mientras estaba alojado, correspondía a la empresa demostrar que existió una causa ajena que la eximiera de responsabilidad. La Cámara consideró que no era necesario que el demandante probara, además, qué defecto puntual de la escalera provocó la caída.

Los jueces entendieron que exigir prueba sobre la humedad de los escalones, la falta de cinta antideslizante o un desperfecto específico implicaba trasladar al consumidor una carga que no le correspondía. Señalaron que esos aspectos podían explicar cómo se produjo el incumplimiento, aunque no eran indispensables para acreditar la vulneración del deber de seguridad.

La Cámara destacó que la demandada no probó que el accidente hubiera ocurrido por un hecho inevitable, por culpa exclusiva del huésped o por una circunstancia ajena al establecimiento. Por eso revocó el rechazo de la demanda y fijó una indemnización de $2,7 millones por incapacidad, $7 millones por consecuencias no patrimoniales, $400.000 por gastos médicos y traslados, y $600.000 para tratamiento psicoterapéutico.

La sentencia rechazó los rubros vinculados con alojamiento, pasajes y pérdida de ingresos. El tribunal consideró que los gastos de hospedaje y transporte correspondían al viaje vacacional y no al accidente, mientras que no encontró pruebas suficientes de las ganancias que el demandante afirmó haber dejado de percibir. Sobre el total de la condena, fijó intereses del 8% anual desde el hecho hasta la sentencia de Cámara y, desde entonces, la tasa activa del Banco Nación.