
La defensa de Fernando Cerimedo, el exasesor del presidente boliviano Rodrigo Paz, busca conseguir su liberación a menos de tres meses de su detención preventiva por dos procesos penales: tentativa de feminicidio y enriquecimiento ilícito.
El lunes estaba programada una audiencia de medidas cautelares por el primer caso, pero fue postergada hasta el 18 de este mes; y este miércoles se celebró el acto judicial por el segundo proceso, en el que se le negó la libertad condicional. Sin embargo, sus abogados anunciaron que corregirán las observaciones realizadas a la documentación para volver a solicitar la cesación de la detención preventiva.
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La abogada Margarita Arce también anunció que buscarán el sobreseimiento de su defendido con el objetivo de “apartarlo de los procesos” porque considera que “no hay pruebas que lo vinculen” con ninguno de los dos casos.
Cerimedo es un consultor político argentino de 45 años que formó parte del círculo cercano del presidente Rodrigo Paz, de quien se presentaba como “asesor principal”, al menos hasta mediados de este año.

El ataque armado de dos sicarios contra su expareja, la abogada Nadia Beller, la noche del 17 de agosto provocó un escándalo político que lo situó en el centro del ojo público. Beller lo acusó de haber ordenado el ataque con el objetivo de “silenciarla” para evitar que revele casos de presunta corrupción en el Gobierno que involucrarían incluso al entorno familiar del primer mandatario.
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Cerimedo fue aprehendido la madrugada posterior al ataque acusado de tentativa de feminicidio, mientras la Fiscalía Departamental de La Paz abrió una investigación de oficio por presunto enriquecimiento ilícito.
El 21 de agosto, el consultor fue detenido preventivamente en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, por el primer caso; y el 8 de septiembre fue trasladado al penal de Chonchocoro, en las afueras de La Paz, por el segundo, donde permanece actualmente. En paralelo, se abrieron otros procesos por violencia familiar y presunto encubrimiento al narcotráfico.
Las acusaciones iniciales de su expareja adquirieron mayor peso político con la filtración de más de una docena de audios con ministros, jefes policiales, el propio presidente Paz, además de la primera dama, que han provocado cuestionamientos sobre el manejo del poder en Bolivia.
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En las grabaciones, validadas por agencias independientes de fact-checking pero aún no sometidas a pericias judiciales, se habla sobre tensiones en el gabinete, pugnas por la designación de cargos y un operativo presuntamente irregular para detener al expresidente Evo Morales (2006-2019), entre otros temas. Pese a la presión de legisladores y actores críticos al Gobierno, la Fiscalía ha rechazado tres denuncias vinculadas a estos audios.
Las acciones de la defensa de Cerimedo para lograr la cesación de su detención preventiva y el sobreseimiento de los procesos penales que enfrenta, se producen después de que Beller obtuviera asilo político en México y saliera del país. En declaraciones previas a su partida, la abogada denunció beneficios judiciales en favor de Cerimedo y justificó su solicitud de asilo por la supuesta falta de garantías y el hostigamiento policial del que dijo que fue víctima.
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“La justicia puede ser obstaculizada, las investigaciones pueden paralizarse, los fiscales pueden ser removidos, los jueces pueden ser presionados y las víctimas pueden ser perseguidas. Pero nada de eso borra los hechos ni extingue las responsabilidades (…) no podrán garantizarse impunidad para siempre”, escribió.
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