Debe haber 150 jueces en los tribunales orales federales repartidos en todo el país, pero un tercio de esas sillas está vacía. Según el relevamiento al que accedió Infobae, faltan 47 jueces en esos estrados desde donde se juzga delitos de corrupción, lavado de dinero, fraudes tributarios y narcortráfico. En algunos casos, la situación es tan absurda que faltan todos los magistrados de ese tribunal: sucede en lugares claves como Comodoro Py 2002, La Plata, Comodoro Rivadavia o Rosario, donde el delito se agiganta.
El escenario no es nuevo pero se fue agravando con el correr de los años y la grieta. Es que en varios casos ya no es un problema de la paralización en el Consejo de la Magistratura. “Hay ternas que hace años están trabadas en el Ejecutivo o en el Senado”, dice a Infobae un juez con años de experiencia en los tribunales orales federales.
Esa fue la preocupación que más de 40 presidentes de tribunales orales le llevaron esta semana a la jueza Ana María Figueroa, presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal. “Estamos colapsados”, dijeron en una reunión que se desarrollo en el primer piso de los tribunales de Retiro, con conexión vía zoom con los magistrados del resto del país.
Solo en Comodoro Py 2002, el edificio al que mira la política nacional hay un tribunal oral que está literalmente vacío. El Tribunal Oral Federal 6 que hoy lleva adelante el juicio oral por la apropiación de Victoria Donda durante la dictadura. Pero también faltan los tres jueces de uno de los tribunales de La Plata, de Comodoro Rivadavia y Rosario. En otras jurisdicciones solo faltan dos jueces de tres: Jujuy, Santa Cruz, La Plata o Mar del Plata son algunos ejemplos.
Tampoco están completos, con la ausencia de uno de sus miembros, tribunales de Misiones, Concepción del Uruguay, Resistencia, Formosa, Santa Fe, Bahía Blanca, Córdoba, Corrientes, General Roca y Neuquén, junto a los Tribunales Oral Penal Económico porteño.
Un juez que subroga debe atender los procesos orales de su tribunal y de un tribunal al que se suma momentáneamente. Y, como corresponde, debe estar presente en todas las audiencias. “No nos podemos multiplicar”, resumió con una ironía uno de los magistrados. Esa también es la razón por la cual los juicios orales se demoran. “Tenemos que armar un fixture para poder cumplir con las audiencias”, dijo un magistrado consultados por este medio. Además, un juicio oral no puede suspenderse por más de diez días porque si no todo lo actuado se cae.
En ese contexto, los magistrados le pidieron a Figueroa que siga vigente el sistema de audiencias mixtas, que trajo la pandemia. Es decir que los juicios puedan seguir haciéndose virtuales, más allá de que haya ciertos trámites que obliguen a la presencialidad. Depende de cada tribunal resolver cómo se instrumentan los debate.
Pero el problema de las vacantes tiene otro asterisco: las subrogancias no pueden prolongarse por más de dos años y hay debates orales que duran más que eso. Un ejemplo son los juicios complejos de lesa humanidad. “Todo el sistema está padeciendo la falta de jueces”, señalaron los consultados.
En el medio de los planteos por la complicaciones de las sillas vacías, dos de los jueces de los tribunales orales federales de Rosario pidieron la palabra. Aclararon que sabía que no era el ámbito que podía solucionar la cuestión, pero no querían dejarlo de expresarlo. “Pedimos seguridad”, dijeron a la presidenta de Casación. La jueza, oriunda de Rosario, de inmediato expresó su solidaridad con esos magistrados.
Esta semana, un grupo de funcionarios judiciales recibieron amenazas en Santa Fe. Uno fue el juez federal de Venado Tuerto Aurelio Cuello Murúa; otro el fiscal federal Javier Arzubi Calvo. A raíz de eso, el presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, se comunicó con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y el Gobierno se comprometió a intensificar las medidas de seguridad para los magistrados de Santa Fe. “No nos van a amedrentar; esto es producto de lo que venimos haciendo”, dijo a Infobae el juez federal Cuello Murúa, tras confirmar que recibió la llamada de Rosatti para manifestarle el acompañamiento de la Corte en su conjunto.
En Rosario, están vacantes el 40% de los cargos judiciales si se suman la instancia de instrucción y la de oralidad. En el caso de los TOF, el concurso para cubrir esos lugares lo finalizó el Consejo de la Magistratura de la Nación en 2018.
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