La Asociación de Abogados reclamó políticas de estado para luchar contra el narcotráfico

En un comunicado firmado por su presidente, Miguel Piedecasas, quien también integra el Consejo de la Magistratura, la institución instó “a dejar de lado miradas sesgadas, intereses personales o políticos” para combatir el flagelo delictivo

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Miguel Piedecasas
Miguel Piedecasas

La Asociación de Abogados de la República Argentina (ARA), cuyo presidente es Miguel Piedecasas, integrante del Consejo de la Magistratura en representación de los abogados, reclamó este martes generar “políticas de estado para la lucha contra el narcotráfico” y subrayó la necesidad de articular una “coordinación de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales”. Además instó a “todas las personas con competencia y responsabilidad en esta materia a dejar de lado miradas sesgadas, intereses personales o políticos” para combatir el flagelo delictivo.

El tráfico de drogas en la provincia de Santa Fe es una situación que ha crecido con el tiempo, y bajo ese parámetro Piedecasas expresó: “La sociedad argentina se encuentra conmovida por la escalada de violencia vinculada al narcotráfico que está aconteciendo desde hace tiempo en la ciudad de Rosario y en distintos y variados puntos del país”, para lo cual señaló que “la falta de recursos personales, materiales y técnicos se hacen notorios frente a esta manifestación del crimen organizado”.

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En esa línea, y con respecto a los hechos de violencia, el comunicado de ARA, una entidad que aglomera a una red de abogados en todo el país con el fin de promover el buen funcionamiento del servicio judicial, alertó sobre el peligro que recae sobre la independencia de la justicia en cuanto “se encuentra afectada por los actos de violencia que pretender condicionar su actuación”.

La escalada de violencia en
La escalada de violencia en Rosario llevó a que intervengan las fuerzas federales

“En este sentido en ARA nos pronunciamos por la generación de ‘políticas de estado’ para la lucha contra el narcotráfico, apoyadas sustancialmente en la necesaria coordinación de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales; el fortalecimiento de la justicia penal, ministerios públicos de la acusación y de la defensa; tanto federal como provincial, dotándola de recursos personales, materiales y técnicos absolutamente necesarios para llevar adelante la investigación y juzgamiento del narcotráfico en sus diversas manifestaciones; implementar mecanismos para que las fuerzas de seguridad que tengan legal intervención en esta materia sean profesionales, transparentes y eficientes y cuenten con los elementos imprescindibles para llevar adelante la implementación de estrategias adecuadas y suficientes para el combate contra el crimen organizado”, afirmó.

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Por otra parte, el miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación en cumplimiento de su segundo mandato -referenciado en Juntos por el Cambio- insistió con la “necesaria creación del Juzgado Federal de San Lorenzo, con las correspondientes fiscalías y defensorías, y el acople de fuerzas de seguridad, por considerar que es una ubicación estratégica en relación a las vías de acceso tanto hídricas como terrestres (...) y el conglomerado comercial y humano que conforma y que la convierte en un centro neurálgico de actividades que requiere la atención y tratamiento cercano e inmediato de la jurisdicción federal; lo que a su vez permitirá descomprimir la carga laboral de la justicia federal penal de Rosario, de la misma manera y en mayor medida aún, que lo que ha significado la virtuosa puesta en funcionamiento del Juzgado Federal de Venado Tuerto”.

“El narcotráfico, como manifestación del crimen organizado, requiere de la articulación y estrategias comunes por ello desde nuestra Asociación instamos a todas las personas con competencia y responsabilidad en esta materia, a dejar de lado miradas sesgadas, intereses personales o políticos, y conformar un frente común y unido para generar las políticas de estado y acciones concretas que son necesarias para combatir este flagelo que asedia a nuestra sociedad y afecta la pacífica convivencia y perturba la paz social”, concluyó.

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