Los Procuradores y Fiscales Generales, Titulares de los Ministerios Públicos Fiscales de las Provincias que integran la República Argentina, y miembros del Consejo de Procuradores, Fiscales Generales, Defensores y Asesores generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal, se manifestaron ”profundamente preocupados por la situación que atraviesa la seguridad en general y en particular en la ciudad de Rosario a raíz de la incidencia del narcotráfico en la misma”.
Los que encabezan el Ministerio Público de las provincias y de la CABA se expresaron sobre lo que sucede en Rosario, donde las disputas territoriales por controlar el narcomenudeo se traducen en homicidios que en 2022 llegaron a 287 y en lo que va de 2023 ya alcanzó el número de 39.
En el comunicado se reafirma el “incondicional y absoluto apoyo al Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, y a todos los Ministerios Públicos, que están ejerciendo sus funciones en un evidente estado de inseguridad personal y funcional”.
El comunicado firmado por los procuradores de distintos lugares del país señala:
-”Que desde hace varios años venimos denunciando la gravísima situación que se presenta en esta materia, y la necesidad de una política de Estado que decididamente opere de manera conjunta y coordinada entre los Estados provinciales y la Nación, en sus tres Poderes, para evitar que este flagelo deje de incidir en la vida y relaciones en nuestras provincias y afecte de manera irreversible el futuro de nuestro País. Para ello, se requiere el funcionamiento integrado del Estado a partir de un diálogo interinstitucional profesional y conducente”.
-”No existe posibilidad alguna de controlar esta calamidad que trae aparejada el narcotráfico si no se implementa en la temática una estrategia conjunta que aborde la problemática de manera federal”.
-”El avance del narcotráfico es innegable y su proyección sobre los territorios provinciales, y fundamentalmente en aquellos donde la geografía facilita su ingreso y distribución, torna necesario y urgente, la adopción de medidas de fondo que emerjan como verdaderas políticas de Estado, y eviten que nuestros jóvenes y las futuras generaciones vean comprometida su vida en paz, armonía y libertad”.
-”Nadie puede ignorar que la capacidad de corromper del narcotráfico, lleva a la instalación de una suerte de Estado paralelo en ciertos ámbitos geográficos que, de no ser neutralizado, indefectiblemente acabará con las instituciones de la república, generando el riesgo de que queden en manos de los narcotraficantes, ingresándose en una suerte de apocalipsis de nuestra sociedad democrática”.
-”Es en mérito de ello que ponemos a disposición toda la colaboración que desde nuestros Ministerios Públicos Fiscales podamos aportar, y proponemos que, desde todos los ámbitos institucionales y políticos, sin distinción de ideologías, partidos o intereses particulares, coloquemos esta temática como prioridad en la construcción de una política de Estado consensuada y sostenible, convocando a quienes desde el rol que desempeñan, pueden aportar ideas para encarar tareas conjuntas que con urgencia, coadyuven en el combate de este flagelo”.
-”Guardamos la esperanza de enfrentar y vencer de manera coordinada y democrática, mediante un plan establecido como política de Estado nacional, este flagelo que claramente compromete el futuro de nuestros hijos”.
El comunicado está firmado por Alejandro Gullé, Procurador General de Mendoza, Jorge Crespo, Procurador General de Rio Negro; Eduardo Quatropani, Fiscal General de San Juan, Julio Conte Grand, Procurador General de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, Fiscal General de CABA; Jorge Barraguirre, Procurador General de Santa Fe; Juan Manuel Delgado, Fiscal General de Córdoba; César Sotelo, Fiscal General de Corrientes; Jorge García, Procurador General de Entre Ríos; Jorge Miquelarena, Procurador General de Chubut; Luis Martínez- Procurador General de San Luis; Jorge Baclini- Fiscal General de Santa Fe; Tristán Lobo, Procurador General de Catamarca; Jorge Canteros, Procurador General de Chaco; Pedro García, Procurador General de Salta; Miguel Piñero, Procurador General de Misiones; Luis De La Rúa, Fiscal General de Santiago del Estero y José Ignacio Gerez, Fiscal General de Neuquén.
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