La compañía CVS Pharmacy Inc. aceptó pagar USD 315 millones para resolver las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos de que dispensó opioides y otros fármacos controlados a partir de recetas ilegales y luego solicitó reembolsos a programas federales de salud.
El acuerdo abarca conductas que habrían ocurrido entre el 17 de octubre de 2013 y el 2 de diciembre de 2025. No obstante, la cadena farmacéutica rechazó las imputaciones y sostuvo que el convenio no supone admisión de responsabilidad, informó Associated Press.
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“Nuestros más de 27.000 farmacéuticos de CVS hacen su parte para ayudar a mantener a Estados Unidos sano y están altamente capacitados en el uso seguro y apropiado de todos los medicamentos”, señaló la empresa en una declaración recogida por Reuters.
Por su parte, el fiscal general adjunto Stanley E. Woodward Jr. calificó el acuerdo como “un hito importante en los esfuerzos del Departamento de Justicia para combatir la epidemia de opioides mediante la represión de las farmacias que dispensan ilegalmente recetas de sustancias controladas”.
La demanda acusó a CVS de dispensar opioides sin finalidad médica legítima
El Departamento de Justicia presentó la demanda el 13 de diciembre de 2024 ante un tribunal federal del Distrito de Rhode Island. La acción se originó en una denuncia de Hillary Estright, una exempleada de la compañía, amparada por la figura legal que permite a particulares demandar en nombre del Gobierno y recibir una parte de una eventual indemnización.
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De acuerdo con la acusación, CVS dispensó recetas de sustancias controladas que carecían de una finalidad médica legítima, no eran válidas o no se emitieron en el curso habitual de la práctica profesional. Entre ellas había recetas por cantidades peligrosas o excesivas de opioides, surtidas antes de tiempo, y combinaciones de un opioide, una benzodiacepina y un relajante muscular, conocidas como recetas de “trinidad”.
El Gobierno también sostuvo que las farmacias atendieron prescripciones procedentes de proveedores identificados como “pill mills”, término utilizado para referirse a consultorios que emiten numerosos tratamientos con sustancias controladas sin justificación médica. Los farmacéuticos habrían actuado pese a señales de alerta que apuntaban a que esas recetas podían ser ilegítimas.
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La demanda señaló que CVS estuvo entre los mayores dispensadores de opioides del país y que vendió más de 12.000 millones de dosis entre 2015 y 2020, precisó Reuters. Una parte de las recetas cuestionadas fue facturada y reembolsada por Medicare y otros programas federales, lo que derivó en violaciones a la Ley de Reclamaciones Falsas.
Las presuntas infracciones se vinculaban con indicadores de desempeño, compensaciones por incentivos y políticas de dotación de personal que, según el Gobierno, priorizaban los beneficios corporativos sobre la seguridad de los pacientes.
A su vez, la denuncia argumentó que la empresa no contó con suficientes farmacéuticos y que algunas de sus reglas obstaculizaron los avisos internos sobre ciertos médicos con problemas de prescripción.
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El acuerdo obliga a reforzar los controles sobre recetas de sustancias controladas
Además del pago, CVS firmó un memorando de entendimiento con la Administración para el Control de Drogas (DEA).
El texto exige una línea de denuncias para empleados y ciudadanos, la supervisión proactiva de los patrones de dispensación y un mecanismo para evaluar a médicos bajo sospecha de prescribir de manera ilegal.
El fiscal general adjunto Brett A. Shumate afirmó que CVS deberá adoptar salvaguardas adicionales para que esos medicamentos se entreguen solo cuando sean médicamente apropiados.
“Las medidas correctivas incluidas en este acuerdo, como el monitoreo proactivo de los patrones de prescripción de opioides, brindarán una protección fundamental a los pacientes y a los programas federales de atención médica”, destacó el funcionario en el comunicado oficial.
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La resolución se suma a otros acuerdos por la crisis de opioides en Estados Unidos
La resolución llega tras una serie de litigios contra fabricantes, distribuidores y cadenas de farmacias por su presunto papel en la crisis de adicción y sobredosis.
Las empresas del sector han acordado pagos por más de USD 50.000 millones con distintos gobiernos de Estados Unidos durante la última década, en su mayoría con estados y autoridades locales, reportó Associated Press.
En 2022, CVS ya había pactado un pago cercano a USD 5.000 millones para cerrar miles de reclamos de gobiernos estatales, locales y tribales.
En agosto de este año, el Departamento de Justicia alcanzó un acuerdo similar con Walmart, que aceptó pagar USD 50 millones para resolver una demanda iniciada en 2020 por supuesta dispensación irregular de recetas de opioides, consignó Reuters.
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