Walmart pagará USD 50 millones al gobierno de EEUU para cerrar una demanda federal por dispensar opioides de manera ilegal

Walmart alcanzó un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para dar por terminada una demanda federal que acusaba a la cadena de haber dispensado opioides de manera ilegal en sus farmacias. La resolución incluye un pago de USD 50 millones y fue informada por Reuters a partir de un anuncio del Departamento de Justicia.

El arreglo quedó muy por debajo del riesgo financiero que, según el gobierno, podía enfrentar la compañía si hubiera sido declarada responsable.

En esa proyección, el Departamento de Justicia planteó que Walmart podía llegar a deber USD 67.627 por cada receta ilegal surtida y USD 15.691 por cada pedido sospechoso no reportado, un cálculo que formó parte de la dimensión del litigio desde que fue presentado en diciembre de 2020.

La empresa no admitió responsabilidad y, en un documento presentado ante organismos reguladores, describió el monto del acuerdo como “insignificante”, de acuerdo con Reuters. En el mismo reporte se consignó que los ingresos netos de la compañía, con sede en Bentonville, ascendieron a USD 11.700 millones en los seis meses cerrados el 31 de julio.

En paralelo, un portavoz de Walmart envió a CBS News una declaración en la que sostuvo: “Nos complace haber resuelto este asunto y seguiremos apoyando la excepcional labor que realizan nuestros farmacéuticos a diario para brindar una atención al paciente excepcional”. En esa comunicación, la cadena vinculó el acuerdo con la continuidad de la atención en farmacia.

Qué alegaba el Departamento de Justicia sobre el rol de las farmacias

La demanda federal sostenía que Walmart violó de forma reiterada la Ley de Sustancias Controladas al surtir miles de recetas inválidas y no reportar pedidos sospechosos de medicamentos, según informó CBS News. El caso se apoyó en una investigación de varios años y colocó el foco en la manera en que la cadena debía detectar y gestionar señales de alerta asociadas a la prescripción de opioides.

Según el Departamento de Justicia, las conductas investigadas se remontaban a 2013. En esa reconstrucción, los fiscales afirmaron que la empresa pasó por alto “señales de alerta” y que falló al rastrear y reportar recetas sospechosas de opioides, lo que para el gobierno configuraba un incumplimiento sostenido de obligaciones federales.

El expediente también incluía un tramo más específico: el Departamento de Justicia sostuvo que algunos funcionarios de cumplimiento de Walmart sabían que ciertos médicos que emitían recetas operaban como “clínicas de venta ilegal de pastillas”, pero aun así se continuó dispensando lo prescripto. Para el gobierno, esa conducta reforzaba la tesis de que el sistema interno de control no funcionó como debía.

En cuanto al alcance del negocio, CBS News citó que Walmart opera casi 4.600 farmacias en todo el país, según su sitio web, donde dispensa recetas de medicamentos genéricos, insulina, fármacos GLP-1 y otros tratamientos. Esa red fue una de las razones por las que el litigio tomó una dimensión nacional.

El recorte judicial de 2024 y los términos operativos del acuerdo

Antes del cierre definitivo, el expediente tuvo un giro clave en los tribunales. En marzo de 2024, el juez federal Colm Connolly limitó el alcance del caso: desestimó los señalamientos de que Walmart no informó a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos sobre recetas sospechosas y también apartó las alegaciones de que los farmacéuticos no documentaron las señales de alerta vinculadas a esas prescripciones.

Pese a ese recorte, Connolly permitió que el gobierno siguiera adelante con una demanda basada en que farmacéuticos de la cadena dispensaron recetas que el personal de cumplimiento de Walmart sabía que eran inválidas.

Además, quedó pendiente una cuarta demanda que alegaba que los farmacéuticos dispensaron recetas a sabiendas de que eran inválidas, un frente que el acuerdo anunciado ahora también deja cerrado.

El jueves previo al anuncio, las partes presentaron ante el tribunal federal de Wilmington, en Delaware, un acuerdo conjunto para desestimar el caso. Ese paso formal marcó la salida procesal del litigio y anticipó la confirmación oficial del entendimiento que se comunicó al día siguiente.

Más allá del pago, el acuerdo impone cambios internos: exige mayor supervisión sobre los farmacéuticos y la creación de una línea telefónica directa para que empleados y pacientes denuncien la dispensación ilegal de analgésicos.

El fiscal general adjunto Stanley Woodward sostuvo en un comunicado: “El acuerdo alcanzado hoy demuestra que este departamento está comprometido a priorizar el bienestar de los estadounidenses”.

En un mensaje separado difundido por CBS News, un portavoz del Departamento de Justicia afirmó: “Seguiremos exigiendo responsabilidades a las empresas y personas cuyas prácticas ilegales de prescripción, comercialización, dispensación o distribución contribuyeron a la crisis de los opioides y pusieron en riesgo a las comunidades estadounidenses”. La declaración planteó la continuidad de la política de persecución de conductas ilegales vinculadas a opioides.

Antecedentes, cifras de la crisis y reacción del mercado

El cierre anunciado se suma a otros acuerdos previos. En 2022, Walmart aceptó pagar USD 3.100 millones para resolver miles de demandas impulsadas por gobiernos estatales y locales por el papel de sus farmacias en la crisis de los opioides. En ese proceso, CVS y Walgreens también alcanzaron acuerdos similares, aunque por montos mayores.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informaron que más de 905.000 personas murieron en Estados Unidos por sobredosis de opioides entre 1999 y 2025, y señalaron que las muertes anuales comenzaron a disminuir después de 2022. El gobierno citó ese impacto como parte del contexto de la causa contra la cadena.

El mercado siguió de cerca la novedad: las acciones de Walmart cerraron con una suba de 46 centavos y finalizaron la jornada en USD 103,09.

En el mismo universo de compañías señaladas por el impacto de los opioides figuran Purdue Pharma, que se declaró culpable de cargos penales en 2020 vinculados a su analgésico OxyContin tras solicitar protección por bancarrota, y el mayorista Cencora, antes conocido como AmerisourceBergen.