La Corte Suprema de Estados Unidos permitió de forma provisoria que continúe la construcción del Salón de Baile de USD 400 millones en la Casa Blanca, un proyecto impulsado por el presidente Donald Trump que abrió una disputa judicial por el alcance de las facultades del Poder Ejecutivo sobre la sede presidencial en Washington.
De acuerdo con Associated Press, la orden temporal del jefe del tribunal, John Roberts, frenó por ahora una decisión de instancias inferiores que iba a detener buena parte de la obra este viernes.
La medida adoptó la forma de una suspensión administrativa que concede más tiempo a los jueces para estudiar el pedido de emergencia de la administración Trump mientras sigue adelante la demanda presentada por el Fondo Nacional para la Preservación Histórica.
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El pronunciamiento llegó en un documento breve de una página y no expuso fundamentos ni un calendario para una resolución más amplia del máximo tribunal. El magistrado actuó de manera individual para mantener en pausa el fallo adverso a la Casa Blanca “hasta nueva orden” suya o del tribunal, precisó The New York Times.
Qué resolvió la Corte y qué parte de la obra estaba en juego
La disputa se concentra en el proyecto para levantar un salón de baile de 8.360 metros cuadrados (90.000 pies cuadrados) en el lugar donde estaba el Ala Este de la Casa Blanca, demolida por orden de Trump, informó Reuters.
La acción judicial fue presentada por el Fondo Nacional para la Preservación Histórica, una organización sin fines de lucro creada por el Congreso para proteger edificios públicos.
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La entidad sostiene que Trump no tiene autoridad “legal unilateral, constitucional, estatutaria o de otro tipo” para avanzar con una transformación de esa magnitud sin aprobación legislativa expresa.
En sus presentaciones, el fondo remarcó que todos los tribunales que analizaron el caso coincidieron en que la obra debe detenerse salvo que exista autorización del Congreso.
Antes del permiso temporal dictado por Roberts, un panel de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia había ratificado una orden del juez federal Richard Leon para frenar la construcción sobre la superficie.
Esa decisión dejaba continuar las tareas subterráneas vinculadas con búnkeres e instalaciones militares, además de los trabajos considerados estrictamente necesarios para la seguridad del complejo presidencial, indicó Associated Press.
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En ese fallo, dos jueces explicaron que “la decisión correspondía al Congreso” y que no se trataba de “un asunto de autotutela del Ejecutivo”.
El tribunal de apelaciones también afirmó que “cada presidente es un inquilino temporal, no el dueño, de la Casa Blanca”.
Ante el fallo de paralización de las obras, abogados del Departamento de Justicia alegaron en una presentación del 14 de agosto que el caso involucra “una orden judicial extraordinaria e ilegal” que detendría la construcción de un complejo militar integrado con un salón de baile seguro.
La administración también remitió declaraciones juradas de altos funcionarios de seguridad, entre ellos el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, y el director de inteligencia nacional, Jay Clayton. Esos documentos advertían que una interrupción de las obras podría exponer al presidente y a su familia a riesgos de ataque.
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El argumento de la Casa Blanca y el giro hacia la seguridad nacional
La defensa de la administración manifestó ante la Corte Suprema que el proyecto debe seguir porque forma parte de una necesidad de seguridad nacional.
No obstante, cuando Trump anunció la obra había dicho que el salón serviría para recibir dignatarios sin recurrir a carpas exteriores y que el financiamiento provendría de donaciones privadas, incluidos aportes propios.
Más tarde, el presidente empezó a definir la construcción como un “centro militar” o un “complejo militar”.
En una publicación en Truth Social en la que pidió la intervención de la Corte Suprema, el mandatario aseguró que es “vital para nuestra seguridad nacional y la seguridad de todos los presidentes”.
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El proyecto no se limita al espacio de recepciones en superficie: incluye un desarrollo subterráneo con refugios antibombas, instalaciones médicas y sistemas de protección frente a drones y misiles.
Según declaraciones del procurador general, D. John Sauer, el proyecto está completado en un 65%. Las presentaciones del gobierno señalaron que en la obra trabajan cuadrillas durante 20 horas por día y 7 días por semana. A su vez, mencionó que ya se gastaron o comprometieron unos USD 200 millones en donaciones privadas.
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