Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos ordenó a la administración de Donald Trump detener la construcción de un salón de baile de USD 400 millones en la Casa Blanca y dejó su decisión en suspenso por 14 días para que el caso llegue a la Corte Suprema.
La sala prevista tendría 8.360 metros cuadrados y su costo, según el propio expediente, se duplicó respecto de las proyecciones iniciales.
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Según Reuters, el Tribunal confirmó por dos votos contra uno una medida cautelar obtenida por el grupo National Trust for Historic Preservation, que demandó el año pasado después de que la administración demoliera el Ala Este y comenzara la obra sin pedir autorización legislativa.
“Cada presidente es un inquilino temporal, no el propietario, de la Casa Blanca y su residencia ejecutiva”, escribieron los jueces Patricia A. Millett y Bradley N. Garcia en su opinión mayoritaria.
El revés judicial golpea una iniciativa que la administración presentó como necesaria para albergar grandes actos formales y reforzar la seguridad de la residencia presidencial. El proyecto es, además, el mayor de varios intentos de Trump por alterar el paisaje de edificios públicos y monumentos nacionales en el centro de Washington.
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La disputa por la autoridad
La decisión ratifica dos bloqueos previos dictados por el juez federal Richard Leon, que había impedido la construcción en superficie aunque permitió que continuaran los trabajos subterráneos. Leon, nombrado por el expresidente republicano George W. Bush, sostuvo que ninguna ley federal “se acerca siquiera a otorgarle al presidente” la autoridad necesaria para levantar el salón de baile sin aval del Congreso.
Ese punto resume el núcleo del caso: si el presidente puede avanzar por sí solo con una obra de gran escala en la Casa Blanca cuando no existe una autorización legislativa específica. El tribunal de apelaciones respondió, por ahora, que no.
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Durante los argumentos presentados ante el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia el 5 de junio pasado, el abogado del Departamento de Justicia Yaakov Roth defendió la posición de la administración al sostener que los tribunales no tienen ningún papel en la evaluación de un proyecto financiado con fondos privados y que nunca debió frenarse. También afirmó que la oposición del grupo conservacionista respondía a una “preferencia arquitectónica” que no debía imponerse sobre las preocupaciones de seguridad nacional.
Roth alegó que existían pruebas de que la antigua Ala Este dejaba al presidente y a otras personas dentro de la Casa Blanca vulnerables a un ataque. La respuesta del abogado del grupo demandante, Thaddeus Heuer, fue directa: “Simplemente no quieren acudir al Congreso”.
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La administración describió el salón de baile como una respuesta a necesidades operativas y de seguridad en la Casa Blanca. Trump, que defendió públicamente la obra, justificó el aumento del presupuesto en una publicación en la red Truth Social el mes pasado: “Es aproximadamente el doble de grande y de mucha mayor calidad que la propuesta original” y prometió que “será magnífico, seguro y protegido”.
Otras intervenciones impulsadas por Trump en Washington
El caso se suma a otra disputa reciente sobre intervenciones promovidas por Trump en espacios públicos de la capital. En un litigio separado, un juez resolvió hace poco que el nombre del presidente había sido añadido de manera ilegal al exterior del centro de artes escénicas Kennedy Center y ordenó retirarlo.
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Además, Trump ha buscado financiación privada para varios de sus proyectos en el área de Washington, incluyendo un arco triunfal planeado y un jardín de estatuas, como parte de un esfuerzo por acelerar su construcción.
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