La administración Trump pide a la Corte Suprema seguir con la obra del salón de baile en la Casa Blanca

La administración de Donald Trump pidió este viernes a la Corte Suprema de Estados Unidos que le permita continuar con la construcción del nuevo salón de baile de la Casa Blanca mientras apela una orden judicial que dispuso detener los trabajos.

El fallo del tribunal de apelaciones comenzará a regir el 21 de agosto, por lo que el gobierno busca una intervención del máximo tribunal antes de esa fecha.

El proyecto, valuado en USD 400 millones, está terminado en un 65% y la Casa Blanca sostiene que frenarlo ahora provocaría una situación de “caos”.

El procurador general D. John Sauer pidió que los jueces suspendan de inmediato la decisión adoptada la semana pasada por un panel de tres magistrados del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia. El 7 de agosto, en un fallo de dos votos contra uno, los jueces resolvieron que Trump debe paralizar la construcción porque el Congreso no aprobó el proyecto.

La disputa judicial gira en torno a un salón de baile de 8.400 metros cuadrados (90.000 pies cuadrados). Las obras comenzaron en el lugar que ocupaba el Ala Este, demolida por orden de Trump en octubre pasado.

El tribunal de apelaciones sostuvo que el Congreso debe autorizar una obra de esa magnitud

La mayoría del panel concluyó que el presidente no tiene autoridad ilimitada para rediseñar y reconstruir de forma drástica la Casa Blanca.

“Cada presidente es un inquilino temporal, no el propietario, de la Casa Blanca y su residencia ejecutiva”, escribieron los jueces Patricia A. Millett y Bradley N. Garcia en su opinión mayoritaria.

Los jueces suspendieron por dos semanas la aplicación de su propio fallo para dar tiempo a la administración republicana a recurrir ante la Corte Suprema. Este viernes el procurador general pidió que el máximo tribunal resuelva antes de que ese plazo expire.

El gobierno sostiene que la orden judicial es extraordinaria y vulnera la autoridad presidencial sobre la residencia oficial. En su presentación, Sauer escribió que el caso “detendrá la construcción en curso del complejo militar integrado, incluido un espacio de salón de baile totalmente seguro, en el Ala Este de la Casa Blanca, que es importante para la seguridad nacional”.

La administración también argumenta que el estado actual de la obra, convertido en un gran sitio de construcción, dificulta la protección de la Casa Blanca. “Detener el proyecto paralizará esta construcción vital, lo que hará que este presidente, objeto de recurrentes intentos de asesinato, esté mucho menos seguro y pondrá en riesgo la seguridad de los futuros presidentes”, dice el documento presentado.

La Casa Blanca vinculó el proyecto con seguridad militar

Una parte central de la defensa oficial es que el propósito del proyecto ya no se limita a un gran salón para eventos. También incluye un extenso complejo militar subterráneo. Los abogados del gobierno sostienen que la modernización incorpora búnkeres, refugios antibombas e infraestructura militar y médica.

El juez federal Richard Leon, nominado en su momento por el presidente George W. Bush, había concluido en abril que la obra excedía el tipo de modificaciones menores que suelen hacer los presidentes y por eso requería aprobación del Congreso. Aun así, permitió que continuaran los trabajos subterráneos necesarios para la seguridad y también exceptuó cualquier tarea imprescindible para la protección de la Casa Blanca.

El panel de apelaciones confirmó esa lógica: validó la orden de frenar la construcción en superficie, pero no los trabajos necesarios para seguridad. La mayoría respaldó así la demanda presentada por el National Trust for Historic Preservation, la organización sin fines de lucro autorizada por el Congreso para proteger edificios históricos de Estados Unidos.

La administración replica que esa organización carece de legitimación para litigar. Sauer sostuvo que el conflicto “debería ser un asunto del presidente y del proceso político, no de una construcción gobernada por una orden judicial”.

El financiamiento privado

Trump defiende el proyecto con el argumento de que la Casa Blanca necesita un gran espacio para recepciones. Durante años las cenas de Estado y otros eventos importantes se realizaron en carpas al aire libre por falta de un recinto de esas dimensiones. También insiste en que el financiamiento privado elimina cualquier costo para los contribuyentes y le permite avanzar sin autorización legislativa.

Ese argumento, sin embargo, quedó bajo presión cuando en junio la administración transfirió alrededor de USD 350 millones del Servicio Secreto para cubrir mejoras de seguridad en la Casa Blanca. Según The New York Times, esos fondos estaban aparentemente destinados al proyecto combinado del Ala Este. Los demócratas y grupos de interés público expresaron inquietud por posibles conflictos de intereses, dado que varios donantes corporativos mantienen vínculos comerciales con el gobierno federal.

La Comisión Nacional de Planificación de Washington aprobó el proyecto en abril, después de que Trump nombrara aliados en ese organismo antes de anunciar el diseño del salón, según consigna The New York Times.

En junio, siete senadores republicanos se unieron a los demócratas para votar contra la continuidad de la construcción hasta obtener una autorización formal, pero la medida no alcanzó los 60 votos necesarios.