Cómo San Francisco logró frenar el vandalismo en el metro

El sistema de transporte BART (Bay Area Rapid Transit o Transporte Rápido del Área de la Bahía) de San Francisco logró reducir el vandalismo y la evasión de tarifas gracias a la instalación de nuevas puertas de acceso tipo vaivén fabricadas con plexiglás y estructuras metálicas. La decisión de renovar estos controles no solo incrementó la recaudación en un estimado de USD 10 millones anuales, sino que también redujo en 41% la incidencia delictiva durante el año pasado, según un informe conjunto publicado por la revista estadounidense The Atlantic.

Este nuevo mecanismo ha cambiado la manera en que los pasajeros acceden y se comportan en los espacios públicos del metro, proporcionando lecciones útiles para otras infraestructuras urbanas.

Estas puertas, de casi dos metros y medio de altura, sustituyeron barreras metálicas de los años setenta que podían ser burladas con facilidad. De acuerdo a datos, en los seis meses posteriores a su implementación, los trabajadores necesitaron casi 1.000 horas menos para limpiar y reparar daños ocasionados por pasajeros que causaban destrozos o ensuciaban deliberadamente.

Este ahorro de recursos, junto con el aumento en la recaudación, refleja un cambio estructural en la relación entre diseño urbano y comportamiento ciudadano.

La arquitectura como estrategia disuasoria de malas conductas en espacios públicos

La llamada teoría de las puertas de acceso sostiene que la prevención del vandalismo y la mejora de la seguridad en espacios públicos pueden alcanzarse mediante barreras físicas y tecnológicas, lo que reduce la necesidad de una vigilancia humana constante y costosa. Alicia Trost, directora de comunicación de BART, relacionó la destrucción de vitrinas de mapas con la sensación de abandono que generaba la ausencia de controles: “No se podían ver los mapas durante años”, explicó Trost a la revista.

Los debates en torno al acceso universal y el diseño de controles dividen opiniones respecto a la equidad, la movilidad y el papel de la policía en el transporte.

En 2019, BART experimentó con puertas metálicas modificadas y barreras adicionales; sin embargo, asociaciones de justicia social las calificaron de “anti-pobres, anti-personas sin hogar y excluyentes”, calificativo al que se sumó un miembro del consejo directivo de BART, quien describió el prototipo como “una puerta guillotina que vivirá para siempre en cierta infamia”.

La disputa se trasladó al plano legislativo. En 2023, la legislatura de California votó por despenalizar la evasión tarifaria, aunque el gobernador Gavin Newsom vetó la iniciativa.

En paralelo, el Transporte Rápido del Área de la Bahía activó descuentos para usuarios de bajos ingresos después de realizar pruebas orientadas a mitigar los efectos sociales negativos del sistema de control.

La eficacia de los sistemas automáticos frente a la intervención policial directa

El cambio en la percepción pública sobre la necesidad de controles automáticos en el transporte urbano surgió en el contexto del aumento de delitos tras la pandemia por COVID-19 y la crisis financiera del sistema.

Una auditoría independiente financiada por el Transporte Rápido del Área de la Bahía mostró que la estrategia de usar policía y controles aleatorios originaba interacciones desproporcionadas con personas racializadas y personas sin hogar, además de generar “ingresos mínimos”. Trost remarcó ante la publicación que el control policial podía llevar a perfiles raciales.

Gracias a las nuevas puertas, estas interacciones disminuyeron y la gestión de acceso perdió su carácter discrecional: “Ahora hay menos dependencia de la aplicación directa”, puntualizó la directora en The Atlantic.

Soluciones similares han sido adoptadas en el control de tráfico vehicular: cámaras de velocidad en San Francisco han reemplazado en gran parte las multas manuales y lograron que redujeran las infracciones por exceso de velocidad en 72%. El principio es comparable: aplicar tecnología y diseño para desalentar conductas irregulares sin necesidad de agentes de la ley presentes.

Los límites del diseño defensivo y sus consecuencias sociales

No todas las barreras físicas encuentran aceptación social. En comercios, la utilización de vitrinas cerradas para objetos costosos y la sustitución de cajas tradicionales por sistemas de autoservicio están generando incomodidad y desconfianza. La periodista Diana Lind denominó a 2024 como “el año de comprar detrás del plexiglás”, asociando esta práctica con una fractura social por la que, según afirmó en la revista, “todos pagamos el costo de que unos pocos impongan su mala conducta al resto”.

Expertos en diseño urbano advierten que muchas soluciones defensivas en bancos, plazas y baños públicos privilegian el control sobre la accesibilidad general. Tobias Armborst, arquitecto y coautor de The Arsenal of Exclusion & Inclusion, expuso que se ha revertido la lógica del diseño para la inclusión: “Buscas combatir a una persona específica y terminas afectando negativamente a toda la comunidad”, señaló en diálogo con la publicación.

Casos similares se observan en mobiliario urbano, donde apoyabrazos en bancos de uso público dificultan que personas sin hogar los utilicen como lugares de descanso. En Nueva York, los nuevos bancos en el área de Harlem del Central Park fueron concebidos para evitar que los transeúntes se sienten, conforme difundió la revista estadounidense.

Respuestas alternativas: control social y recursos humanos frente a tecnologías restrictivas

Diversas perspectivas académicas y técnicas subrayan la importancia de equilibrar el acceso público con la protección de los espacios compartidos. Bryant Simon, historiador de la Universidad de Temple, explicó que en el pasado existía la figura de supervisores informales —porteros y acomodadores— que fomentaban conductas cívicas sin ejercer autoridad policial formal. Estos “agentes de observación” orientaban los comportamientos aceptados y conocían las rutinas de los usuarios.

En ciudades como Los Ángeles, se implementó la figura de “embajadores” en estaciones de metro, encargados de mediar conflictos y prevenir incidentes graves. Sin embargo, en la mayoría de los sistemas de transporte de Estados Unidos, el elevado costo de la mano de obra impide emplear personal fijo para estos fines, según explicó Jarrett Walker, experto reconocido en planificación de transporte, radicado en Portland.

El caso de las puertas de acceso en BART demuestra que una intervención arquitectónica puede ser más sostenible y menos controversial, pues el diseño limita la discrecionalidad policial y reduce los costos humanos, elemento esencial en la organización económica y social del país.