Tennessee se une a los estados que exigen a los propietarios de centros de datos el pago íntegro de los costos de electricidad e infraestructura

La reciente aprobación de una ley en Tennessee marca un cambio significativo en la relación entre los grandes centros de datos y la red eléctrica estatal. A partir de la promulgación del proyecto de ley HB 1847, los propietarios de centros de datos en Tennessee deberán asumir el pago íntegro de los costos de electricidad e infraestructura relacionados con su operación y expansión. La medida, impulsada por legisladores republicanos y firmada por el gobernador Bill Lee, busca proteger a la población de un posible incremento en las tarifas eléctricas derivado del crecimiento acelerado de este tipo de instalaciones tecnológicas.

La legislación prohíbe expresamente que las compañías de servicios públicos y los municipios asuman las necesidades eléctricas de un centro de datos, así como cualquier gasto vinculado a la infraestructura necesaria para su desarrollo. Esta decisión pone fin a la práctica, presente en algunas jurisdicciones, de subvencionar parcialmente la llegada de grandes proyectos tecnológicos, trasladando parte de los costos a los contribuyentes. El texto legal deja claro que las empresas responsables deberán financiar todo lo relacionado con su demanda energética y las ampliaciones de la red eléctrica que requiera su actividad.

El impulso para la aprobación de esta ley surgió del efecto que han tenido en la región dos grandes complejos tecnológicos de xAI localizados cerca de Memphis. El primero de estos, Colossus 1, se presenta como la supercomputadora más grande del mundo. El segundo, Colossus 2, está en fase de expansión y prevé una inversión de quinientos millones de dólares. Ambos complejos simbolizan la pujanza de la industria de inteligencia artificial, cuyo crecimiento ha sido uno de los motores detrás de los máximos históricos alcanzados por el mercado bursátil estadounidense en los últimos años.

El aumento de la actividad en estos centros de datos no ha estado exento de polémica. La construcción y ampliación de este tipo de infraestructuras ha sido motivo de críticas por parte de vecinos en casi todas las regiones donde se instalan, debido al impacto directo sobre el consumo de energía local y, por consiguiente, sobre los precios que pagan los hogares y empresas. Informes recientes indican que la llegada de estos proyectos puede disparar los costos de electricidad de manera casi inmediata, generando tensiones entre los intereses de desarrollo económico y la necesidad de mantener tarifas accesibles para los residentes.

La presión social y las preocupaciones sobre el efecto de los centros de datos en la red eléctrica han llevado a una tendencia nacional. Tennessee se une así a una lista creciente de estados que han optado por endurecer las condiciones para la instalación y operación de centros de datos. Según la firma de lobby Multi State, aproximadamente un tercio de los proyectos de ley de política energética aprobados en relación con estos complejos en el actual bienio incluyen cláusulas específicas de protección al consumidor. Estas disposiciones exigen que los centros de datos se hagan cargo de la totalidad de sus requerimientos energéticos, tanto en consumo como en infraestructura, sin que los costos recaigan en la población general.

El fenómeno no es exclusivo de Tennessee. Otros estados han adoptado medidas similares, aunque con variantes en los detalles técnicos y legales. Por ejemplo, la ley SB 484 de Florida también fija un umbral de impacto en la red eléctrica de 50 megavatios (MW), alineándose con el criterio adoptado en Tennessee. La legislación establece que cualquier consumo que supere ese límite no podrá ser imputado ni a los usuarios residenciales ni a organismos gubernamentales que busquen atraer estos proyectos bajo el argumento del desarrollo y la creación de empleo.

En Dakota del Sur y Nebraska, los umbrales son más bajos, de 10 MW y 20 MW respectivamente, lo que implica una mayor exigencia para que los centros de datos asuman sus responsabilidades financieras desde fases más tempranas de consumo. La ley SB 135 de Dakota del Sur va más allá al establecer que las compañías eléctricas deben mantener términos y condiciones contractuales separados para los centros de datos. Además, obliga a estas instalaciones a pagar cualquier caso en el que su consumo de electricidad reduzca significativamente la capacidad disponible en la red para otros usuarios.

El caso de Alabama es particular, ya que fija el umbral más alto: 150 MW. No obstante, no solo obliga a la firma de contratos diferenciados con los centros de datos, sino que requiere que tales acuerdos incluyan mecanismos que generen beneficios positivos para el resto de los clientes minoristas de la empresa de servicios públicos. Este enfoque busca equilibrar las necesidades de desarrollo tecnológico con la protección de los consumidores tradicionales.

El proyecto de ley HB 1847 de Tennessee introduce un umbral de impacto en la red eléctrica de 50 MW, a partir del cual toda la carga y los gastos asociados deben ser cubiertos exclusivamente por el centro de datos involucrado. Ningún usuario general ni organismo público puede ser facturado por el consumo que exceda ese límite, independientemente de los argumentos vinculados a la atracción de empleos en construcción, mantenimiento u operación de los complejos tecnológicos. El establecimiento de este umbral y las condiciones asociadas reflejan una tendencia nacional orientada a contener el efecto de la expansión de la infraestructura tecnológica sobre los costos energéticos de la población.