
Las mafias de tráfico de seres humanos se han convertido en el principal argumento del Gobierno para explicar la crisis migratoria que ha desbordado Ceuta en los últimos días. Pedro Sánchez las ha señalado directamente como uno de los principales responsables del repunte de entradas irregulares y el Ministerio del Interior sostiene que estas organizaciones criminales han aprovechado la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones de migrantes para animar a más personas a cruzar la frontera. Sin embargo, mientras España y Marruecos coinciden en situarlas en el origen de esta nueva oleada migratoria, todavía no han identificado públicamente quiénes son, cómo actuaron en esta crisis concreta o qué pruebas sostienen esa acusación.
El primero en apuntar directamente a las mafias fue Marruecos. Cuando empezaron a producirse las entradas masivas y crecieron las dudas sobre un posible relajamiento de los controles fronterizos, Rabat negó cualquier responsabilidad y atribuyó lo ocurrido a la actuación de organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de migrantes y a la trata de personas. Además, defendió que la cooperación con España en materia migratoria seguía siendo “ejemplar” y rechazó que las autoridades marroquíes hubieran favorecido los cruces.
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Pocos días después, el Gobierno español hizo suyo ese mismo relato. El Ministerio del Interior aseguró que las redes de tráfico de personas habían “instrumentalizado” la sentencia del Tribunal Supremo para difundir entre potenciales migrantes la idea de que quienes consiguieran alcanzar Ceuta a nado ya no podrían ser devueltos de forma inmediata. Según esta versión, las organizaciones criminales aprovecharon ese mensaje para incentivar nuevos intentos de entrada irregular.
Pedro Sánchez reforzó esa tesis durante su visita a Ceuta. El presidente señaló directamente a las “mafias que trafican con seres humanos” como uno de los factores que explican el aumento de la presión migratoria, situándolas en el centro de la respuesta política a la crisis.
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Una explicación compartida, pero con pocas respuestas
Hasta ahí llega la versión oficial. A partir de ese punto aparecen las preguntas que todavía siguen sin respuesta. Ni el Ministerio del Interior ni el Gobierno han identificado públicamente qué organizaciones estarían detrás de esta oleada migratoria. Tampoco han trascendido nombres de cabecillas, estructuras concretas o investigaciones policiales vinculadas específicamente a los acontecimientos de los últimos días. No se han anunciado detenciones relacionadas con esta crisis ni se han difundido comunicaciones interceptadas, movimientos económicos o cualquier otro elemento que permita conocer cómo habrían actuado esas redes.
De hecho, la propia Audiencia Nacional ha pedido a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF Central) un informe para determinar si la entrada irregular masiva registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio respondió a una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal y para conocer si existen elementos que permitan identificar a las personas que habrían participado en ella. La magistrada María Tardón ha reclamado ese informe antes de decidir si el tribunal es competente para investigar los hechos, lo que refleja que la existencia de una estructura criminal detrás de esta crisis sigue siendo, por ahora, una cuestión pendiente de esclarecer.
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Eso no significa que las mafias de tráfico de personas no existan. Al contrario. Su presencia en el norte de Marruecos está ampliamente documentada desde hace años. Guardia Civil, Policía Nacional, Europol y las autoridades marroquíes han desarrollado numerosas operaciones contra organizaciones dedicadas a facilitar la inmigración irregular desde zonas como Tetuán, Castillejos (Fnideq), Tánger o Nador.
Las investigaciones realizadas sobre estas redes dibujan un escenario muy distinto al que suele evocar la palabra “mafia”. No se trata de una única organización perfectamente jerarquizada, sino de un entramado formado por pequeñas células que colaboran entre sí. En ellas participan captadores, intermediarios que cobran el dinero, conductores, propietarios de viviendas utilizadas como puntos de espera, falsificadores de documentos y personas encargadas de controlar los movimientos de las fuerzas de seguridad.
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Un negocio que no siempre consiste en subir a una patera
El funcionamiento de estas organizaciones también cambia según la ruta migratoria. No operan igual las redes asentadas en Marruecos que las que actúan en Libia, Mauritania o Senegal.
En el caso de Ceuta, la cercanía entre ambas orillas hace que muchos migrantes intenten cruzar nadando o bordeando el espigón, por lo que el negocio no pasa necesariamente por organizar una travesía marítima. Las investigaciones policiales desarrolladas durante los últimos años muestran que estas redes obtienen ingresos mediante la venta de chalecos salvavidas y flotadores, el traslado hasta las playas próximas a la frontera, el alojamiento previo al intento de cruce o la venta de información sobre los puntos con menor vigilancia.
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Las aplicaciones de mensajería y las redes sociales forman parte igualmente de ese engranaje. WhatsApp, Telegram o TikTok se utilizan para fijar puntos de encuentro, coordinar desplazamientos y difundir mensajes sobre supuestas oportunidades para acceder a territorio español. En ocasiones, esa información responde a cambios reales; en otras, se basa en rumores o interpretaciones exageradas cuyo objetivo es convencer a más personas de que intenten el viaje.
Precisamente esa es la tesis que sostiene el Ministerio del Interior respecto a la actual crisis. Según el Gobierno, las mafias aprovecharon la sentencia del Tribunal Supremo para hacer creer a miles de migrantes que llegar a Ceuta a nado les garantizaría permanecer en España, utilizando esa expectativa como reclamo para multiplicar los intentos de entrada.
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Ese modo de actuar no resulta nuevo. Los especialistas en migraciones llevan años advirtiendo de que estas organizaciones adaptan continuamente su discurso a cualquier cambio político, diplomático o judicial que pueda aumentar el número de personas dispuestas a emigrar. Cuantos más potenciales clientes crean que tienen posibilidades de alcanzar Europa, mayor es el negocio para quienes viven de facilitar esos desplazamientos.
El contexto en el que se produce esta crisis también explica que algunos expertos mantengan la prudencia antes de atribuir toda la responsabilidad a las mafias. El precedente de mayo de 2021 sigue muy presente. Entonces, cerca de 10.000 personas entraron en Ceuta en apenas dos días después de que Marruecos relajara de facto los controles fronterizos durante la crisis diplomática provocada por la acogida en España de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario. Aquel episodio terminó alterando la relación entre Madrid y Rabat y alimentó la idea de que la gestión de los flujos migratorios también puede convertirse en un instrumento de presión política entre ambos países.
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En esta ocasión, tanto España como Marruecos coinciden en situar el foco sobre las mafias de tráfico de personas. Sin embargo, mientras no se conozcan los resultados de las investigaciones policiales o judiciales en curso, la identidad de las redes que presuntamente impulsaron esta última oleada migratoria sigue siendo, por ahora, una incógnita.
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