
La entrada masiva de 50.000 personas en Ceuta y su progresiva vuelta a Marruecos deja muchas dudas sobre las causas que han llevado a esta situación y ha provocado la relajación en la frontera de los controles migratorios: ¿ha sido la sentencia del Tribunal Supremo sobre las “devoluciones en caliente? ¿Ha sido el viaje de Sánchez a Argelia? Según la teoría dl Gobierno español, las mafias de tráfico de personas habrían aprovechado este cambio legislativo para fomentar la entrada de personas en la ciudad autónoma, engañándolas con un futuro mejor asegurado al otro lado. Pero las asociaciones policiales recuerdan ahora que este escenario no es una completa sorpresa, sino que avisaron de que podía ocurrir.
Desde hace meses, agentes de Guardia Civil y Policía Nacional han advertido de la falta de medios y personal que tienen para atender a las personas que se juegan la vida en el océano para llegar a España y para los riesgos existentes en una frontera. En lo que va de año, al menos 30 personas habían muerto intentando llegar antes de esta semana, mientras que solo entre el jueves y el viernes murieron 57 personas por esta oleada.
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Colapso tras la sentencia del Supremo
Con la sentencia del Supremo, llegó el cambio de escenario en un contexto donde la presión migratoria ya se consideraba “insostenible”. La nueva situación desbordó la capacidad de los agentes. El secretario de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Melilla, Sergio Márquez, expresó que el fallo judicial creaba incertidumbre entre los agentes y dejaba al cuerpo sin una cobertura legal suficiente. Desde Independientes de la Guardia Civil (IGC), el pasado 24 de julio, menos de una semana antes del estallido de la crisis humanitaria, señalaron la “difícil situación que atraviesan los agentes destinados en Ceuta como consecuencia del incremento de las entradas irregulares de migrantes por vía marítima”.
La IGC subrayaba que la plantilla actual se encontraba “completamente desbordada”, con turnos prolongados y una presión sostenida ante la acumulación de llegadas. Los agentes también destacaron el incremento de los riesgos a los que se enfrentan durante las operaciones de rescate. El flujo constante de llegadas y la imposibilidad de realizar devoluciones inmediatas en el mar llevaron a hacer saltar las alarmas. La asociación de agentes, a su vez, reiteraba en aquel comunicado el “coste de vida” que supone que aumenten los intentos de cruzar bordeando el espigón o por pleno océano.
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El nuevo escenario no solo tensionó a la Guardia Civil. Según recoge EFE, las organizaciones no gubernamentales interpretaron la sentencia como un avance en la garantía de derechos, pero reconocían que la falta de recursos y protocolos claros puede poner en peligro tanto a migrantes como a agentes. Para las ONG, la resolución del Tribunal Supremo ratifica la necesidad de establecer procedimientos transparentes y respetuosos con los derechos humanos, pero, a su vez, echaban en falta claridad.
Instalación de boyas para que no vuelva a ocurrir
El presidente del Gobierno planteó este viernes la opción de una reforma legal tras calificar la entrada masiva de personas en Ceuta desde Marruecos como “un ataque a la integridad territorial de España”. Durante su visita a la ciudad autónoma, acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, Sánchez expresó su apoyo a los ceutíes y reconoció la situación emocional que atraviesan. Al entrar en la razón detrás de este colapso, señaló a las “mafias”, que considera que han aprovechado un cambio legislativo en su favor.
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Tras observar lo sucedido, Pedro Sánchez adelantó la intención de instalar boyas que sirvan como “elemento de contención”. Este cambio haría que los agentes puedan frenar a las personas que tratan de cruzar por el agua, pues ya estarían obviando una barrera física de un país. Una interpretación jurídica sin que esté acompañada de las instalaciones acordes llevó a un vacío legal que ahora, según indica el presidente, se puede arreglar con unas boyas.
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