
Ya sea por la falta de espacio, por evitar el ruido visual en el interior de la vivienda o por ganar unos metros cuadrados extra, la solución habitual de muchos españoles que viven en pisos con balcón es instalar la lavadora en el exterior del domicilio. Sin embargo, esta práctica aparentemente inofensiva puede acarrear importantes sanciones económicas que varían según la severidad y el lugar de residencia.
Aunque mucha gente aún no lo sabe, tomar esta decisión puede resultar cómoda, pero también puede causar problemas con el resto de los vecinos, especialmente en los meses veraniegos. Con las temperaturas altas, es habitual que las ventanas estén abiertas muchas más horas, por lo que el ruido de la lavadora puede ser molesto para todas aquellas personas que residen en las viviendas cercanas.
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Concretamente, la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) en su artículo 7.2 señala que “al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas".
El ruido que hace la lavadora es clave
La propia LPH señala directamente que los propietarios de las viviendas no pueden hacer actividades molestas o nocivas que afecten al resto de vecinos. Y poner la lavadora, especialmente durante el horario nocturno, puede cumplir esta condición. Es decir, la clave de la medida está en los límites de ruido.
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Aquí es donde está el verdadero problema, pues cabe recordar que el centrifugado de este electrodoméstico puede alcanzar fácilmente los 70 decibelios, mientras que las regulaciones municipales suelen establecer el límite de ruidos muy por debajo de esa cifra. Concretamente, la regla general permite entre 35 y 40 decibelios durante el día y entre 25 y 30 por la noche.
Cuál es la multa que supone
La medida no se limita a una ciudad concreta, sino que la cuantía de las penalizaciones económicas depende directamente de la regulación de cada ayuntamiento, y se aprecian diferencias notables entre las principales capitales del país en aspectos como los horarios de uso de la lavadora y las cuantías de las multas. En Barcelona, por ejemplo, las sanciones por actividades domésticas ruidosas fuera de la franja permitida, que va desde las 08:00 hasta las 21:00 horas, resultan especialmente severas, alcanzando los 3.000 euros en los casos calificados como graves o cuando existe reincidencia por parte del infractor.
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En cambio, en Madrid el horario restrictivo de silencio obligatorio se establece entre las 23:00 y las 07:00 horas, con multas que oscilan entre los 90 euros para las faltas consideradas leves y los 600 euros para aquellas situaciones de gravedad o reincidencia continuada. Por su parte, ciudades como Valencia y Bilbao fijan su periodo de descanso obligatorio entre las 22:00 y las 08:00 horas del día siguiente, estableciendo en este caso multas que parten de un mínimo de 600 euros para los infractores.

Aún así, hay que tener en cuenta que no supone una multa automática. Es necesario seguir un proceso regulado, que habitualmente empieza con un aviso amistoso por parte de los residentes afectados y, si la situación no se soluciona, se pasa a una reclamación formal en la que el presidente de la comunidad pide por escrito el cese inmediato de la actividad perjudicial.
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De esta manera, el proceso pasa a manos de un juez que, además de obligar al infractor a pagar la multa pertinente, puede exigir una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. Pero no se queda ahí, además, si el responsable es el propietario de la vivienda y la conducta reviste especial gravedad, el tribunal puede acordar en casos extremos la privación del derecho de uso de la vivienda o del local por un plazo máximo de tres años.
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