La UDEF sostiene que las hijas de Zapatero usaron su empresa Whathefav para ocultar pagos de la trama Plus Ultra mediante facturas falsas

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) atribuye a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero un papel clave en la supuesta estructura societaria creada alrededor del ‘caso Plus Ultra’ para mover dinero, redistribuir pagos y dar apariencia legal a operaciones económicas bajo sospecha. Los investigadores consideran que Whathefav S.L., la empresa administrada por Laura y Alba Rodríguez Espinosa, habría servido para emitir “facturación ad hoc” destinada a “dotar de cobertura formal determinados movimientos financieros o mercantiles” vinculados al entramado investigado.

Así consta en varios informes policiales y autos judiciales incorporados a la causa que instruye la Audiencia Nacional, a los que ha tenido acceso Infobae, donde la UDEF describe a Whathefav como una sociedad “instrumental” utilizada para canalizar fondos procedentes tanto de clientes externos como de otras mercantiles de la propia red.

La investigación, que inicialmente nació alrededor del rescate público de Plus Ultra, ha terminado derivando en el análisis de una compleja estructura empresarial y financiera que, según el juez José Luis Calama y la Policía, orbitaba alrededor del entorno más próximo del expresidente socialista. Y en ese esquema, la empresa de sus hijas ocupa un lugar especialmente sensible.

La Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción sostiene que Whathefav “no desarrolla una actividad empresarial ordinaria”, sino que actúa como “vehículo instrumental para la generación de facturación ad hoc, la redistribución de fondos y la dotación de cobertura formal a operaciones económicas vinculadas al entramado”.

La sociedad aparece formalmente dedicada a actividades de publicidad y relaciones públicas, pero la UDEF considera que su actividad real iba mucho más allá de una agencia de comunicación convencional. Según los investigadores, la empresa habría servido como “elemento finalista” de la estructura, recibiendo dinero de distintas sociedades vinculadas a la trama y redistribuyéndolo posteriormente mediante facturación genérica y movimientos cruzados.

“En persona te cuento de quién es”

Uno de los episodios que más peso tiene dentro de la investigación aparece en el informe policial 1329/26 UDEF-BBCA, fechado el 19 de marzo de 2026. En ese documento se incorporan conversaciones de WhatsApp entre el empresario venezolano Danilo Diazgranados Manglano y el abogado Miguel Palomero, considerado por los investigadores uno de los nexos de la trama empresarial vinculada a Plus Ultra.

Los mensajes muestran cómo ambos pactan en abril de 2020 el envío de 20.000 euros a favor de Whathefav utilizando el concepto “Asesoría de mercadeo”. En plena conversación, cuando Palomero pregunta por la sociedad receptora del dinero, Diazgranados responde que “en persona te cuento de quién es”.

La UDEF interpreta ese intercambio como un intento deliberado de evitar dejar por escrito la identidad real de la empresa y su vinculación con el entorno del expresidente del Gobierno. Según el propio informe policial, la transferencia terminó ejecutándose el 27 de abril de 2020 desde una cuenta vinculada al empresario venezolano.

Ese pago no fue aislado. La Policía detectó posteriormente nuevas transferencias y facturación cruzada entre sociedades del entramado, especialmente con Agropecuaria Lucena, empresa vinculada a Julio Martínez Martínez, considerado por el juez uno de los hombres de confianza de Zapatero dentro de la estructura investigada.

El auto de inhibición remitido por el Tribunal de Instancia de Madrid a la Audiencia Nacional recoge expresamente que Agropecuaria Lucena realizó pagos a Whathefav por importe de 20.993,50 euros durante el ejercicio 2020. El mismo documento identifica directamente a Laura y Alba Rodríguez Espinosa como gestoras de la mercantil.

Facturas genéricas y “cobertura formal”

La tesis policial gira especialmente alrededor de las facturas emitidas por Whathefav. Según los informes incorporados al sumario, muchas de ellas utilizaban conceptos genéricos como “servicios agencia”, sin especificar trabajos concretos ni aportar documentación que acreditara una prestación real. Para los investigadores, esa dinámica resulta incompatible con una actividad empresarial normal y encaja, en cambio, con una operativa orientada a “dotar de cobertura formal” determinados movimientos económicos.

La UDEF sostiene que la empresa “dispondría de la capacidad para generar facturación ad hoc destinada a dotar de cobertura formal determinados movimientos financieros o mercantiles”. Y añade que la ausencia de detalle en los conceptos facturados, unida a la reiteración de pagos entre sociedades del mismo entorno, “revela una falta de correspondencia entre la actividad declarada y la actividad real”.

El juez José Luis Calama comparte parcialmente esa tesis en varios autos incorporados a la causa. En uno de ellos sostiene que Whathefav “participa en la difusión de informes elaborados por Sergio Sánchez para Análisis Relevante, sin aportar valor técnico propio”, algo que, a juicio del instructor, “evidencia una estructura instrumental”.

Según la reconstrucción policial, el esquema funcionaba de forma relativamente simple: los contactos empresariales y comerciales los habría aportado el entorno de Zapatero; los informes de consultoría los elaboraría Sergio Sánchez; y Whathefav actuaría como vehículo para maquetar, emitir y redistribuir documentación y pagos.

Zapatero figuraba como autorizado en las cuentas

Uno de los aspectos que más relevancia adquiere para la UDEF es la relación directa del expresidente con las cuentas bancarias vinculadas a sus hijas. Según los informes patrimoniales incorporados a la causa, José Luis Rodríguez Zapatero figuraba como autorizado en varias cuentas titularidad de Laura y Alba Rodríguez Espinosa.

Para la Policía, ese dato resulta especialmente significativo porque esas cuentas habrían recibido importantes cantidades transferidas desde Whathefav. El análisis financiero incluido en el sumario cifra en 247.191 euros el dinero ingresado en una cuenta vinculada a Laura Rodríguez Espinosa entre 2021 y 2025, mientras que otra cuenta asociada a Alba Rodríguez Espinosa habría recibido cerca de 200.000 euros en el mismo periodo.

Los investigadores consideran que ese flujo económico, unido a los vínculos familiares, societarios y operativos detectados durante la investigación, refuerza la hipótesis de que Whathefav actuaba como “centro de redistribución de flujos económicos” dentro del entramado investigado.

La investigación acabó desembocando en el registro policial de la sede de Whathefav, situada en la calle San Germán de Madrid. Durante la entrada y registro, los agentes intervinieron contratos, facturas, correos electrónicos, documentación mercantil y accesos a servicios de almacenamiento digital vinculados a la empresa. El acta policial recoge además la descarga de varios buzones corporativos asociados directamente a Laura y Alba Rodríguez Espinosa y a la cuenta de facturación de la sociedad.

La Audiencia Nacional mantiene actualmente bloqueadas numerosas cuentas bancarias relacionadas con la causa, incluidas varias vinculadas al entorno familiar de Zapatero, mientras la UDEF continúa analizando la documentación intervenida para reconstruir el circuito completo de pagos y sociedades investigadas.