La Audiencia Nacional bloquea las cuentas bancarias donde Zapatero recibió cerca de 490.000 euros de la consultora investigada en el ‘caso Plus Ultra’

La Audiencia Nacional ha ordenado el bloqueo de las cuentas bancarias de José Luis Rodríguez Zapatero dentro de la investigación sobre el rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra durante la pandemia. La medida, adelantada por El Mundo, fue acordada por el juez José Luis Calama el mismo día en que el expresidente del Gobierno fue citado a declarar como investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Entre las cuentas afectadas figura una cuenta corriente compartida con su esposa en la que, según confirman fuentes jurídicas del procedimiento a Cadena SER, Zapatero habría recibido cerca de 490.000 euros procedentes de la consultora Análisis Relevante, una de las sociedades que aparecen en el centro de la investigación judicial.

Las mismas fuentes subrayan que no se trata de un bloqueo “absoluto”, sino de una medida cautelar aplicada de forma “proporcional”, una práctica habitual en investigaciones de carácter económico para evitar movimientos patrimoniales mientras se analizan los fondos bajo sospecha.

El juez sitúa a Zapatero como el presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” cuya finalidad habría sido, según recoge el auto judicial, obtener beneficios económicos mediante intermediaciones y contactos políticos ante distintas administraciones públicas.

La investigación gira alrededor del rescate de Plus Ultra aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2021 a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La UDEF sospecha que alrededor de aquella operación se desplegó una red de intermediación política y empresarial destinada a facilitar la concesión de las ayudas y a canalizar posteriormente pagos y comisiones mediante distintas sociedades.

Registros en Ferraz y sociedades vinculadas al entorno familiar

El pasado martes, además de citar a Zapatero como investigado, el juez ordenó el registro de su despacho oficial en la calle Ferraz de Madrid y de varias sociedades vinculadas a su entorno, entre ellas Whathefav SL, administrada formalmente por sus hijas Laura y Alba.

La empresa aparece mencionada de forma reiterada en el auto judicial. Según la investigación de la UDEF, Whathefav habría actuado como sociedad receptora y redistribuidora de fondos procedentes de clientes y de otras mercantiles relacionadas con la estructura investigada. El magistrado sostiene que parte de la operativa financiera analizada incluía contratos de asesoramiento, movimientos internacionales de dinero y sociedades instrumentales utilizadas presuntamente para dar cobertura documental a determinados pagos.

El auto describe una organización “estable” y con actividad tanto en España como en el extranjero, apoyada, según el juez, en un entramado societario “complejo”, sociedades “carentes de actividad real” y una red de colaboradores encargados de ejecutar instrucciones, gestionar operaciones financieras y mantener contactos políticos y empresariales de alto nivel.

Dentro de esa estructura, Calama sitúa a Zapatero en el “núcleo decisor y estratégico” de la operativa investigada. El magistrado sostiene que el expresidente ejercía labores de dirección y coordinación sin intervenir de forma directa en las gestiones más comprometidas, apoyándose para ello en colaboradores y sociedades vinculadas al entorno investigado.

Los pagos investigados y la comisión del 1%

Uno de los puntos más sensibles de la causa gira alrededor de los pagos procedentes de Análisis Relevante, la consultora desde la que, según la Audiencia Nacional, se articulaban parte de las operaciones económicas investigadas.

El juez sostiene que la sociedad desarrollaba supuestos trabajos de consultoría y asesoramiento que, en algunos casos, podían servir presuntamente para justificar pagos y movimientos financieros bajo sospecha. Según la investigación, entre 2020 y 2025 Zapatero habría recibido cerca de 490.000 euros procedentes de esa consultora, fondos que ahora aparecen bajo el foco de la Audiencia Nacional.

La causa también pone el foco sobre una comisión del 1% asociada al rescate de Plus Ultra. Según el auto judicial, una empresa vinculada al empresario Julio Martínez Martínez firmó con la aerolínea un contrato para percibir un porcentaje de los 53 millones concedidos por la SEPI, una cantidad que ronda los 530.000 euros.

La investigación sospecha que parte de esos fondos pudieron terminar canalizándose a través de sociedades relacionadas con el entramado investigado. El juez sostiene además que apenas unos días después de firmarse ese acuerdo se impulsó la creación de una sociedad offshore en Dubái destinada presuntamente a recibir pagos vinculados a esa operativa.

La relevancia de esa comisión aumentó esta misma semana durante la comparecencia en el Senado del auditor de Plus Ultra, Jesús Ángel Carbajo. El responsable de Audicar reconoció que el contrato del 1% figuraba reflejado en la contabilidad oficial de la aerolínea, aunque negó cualquier irregularidad en las cuentas auditadas y aseguró que nunca elaboró informes destinados a facilitar el rescate público.

La investigación sobre Plus Ultra y los contactos políticos

El auto incorpora además numerosas conversaciones intervenidas en las que distintos investigados hablaban de recurrir al entorno de Zapatero y del entonces ministro José Luis Ábalos para desbloquear apoyos institucionales y acelerar decisiones administrativas relacionadas con la aerolínea.

En algunos de esos mensajes aparecen referencias explícitas a “lobby político”, contactos con ministros y gestiones internas dentro de la Administración. La resolución judicial sostiene que el acercamiento de Plus Ultra al entorno del expresidente “no fue casual”, sino parte de una estrategia organizada para obtener decisiones favorables mediante influencias políticas.

Parte de esas conversaciones proceden del teléfono móvil del empresario venezolano Rodolfo Reyes, accionista de facto de Plus Ultra y también investigado en el procedimiento. La extracción del dispositivo fue facilitada a la Policía española por la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI), cuya colaboración figura expresamente recogida en el auto judicial.

Mientras avanzan las diligencias, el bloqueo de las cuentas bancarias del expresidente añade una nueva dimensión patrimonial a una investigación que ya afecta de lleno al entorno político, empresarial y familiar de Zapatero y que continúa ampliándose alrededor del rescate de Plus Ultra y de las operaciones financieras bajo sospecha analizadas por la Audiencia Nacional.