Deportan a un joven senegalés que iba a acogerse a la regularización tras vivir varios años en España: “No hay derecho”

Como otros tantos jóvenes migrantes, Abdou Ngom, de 30 años, llegó a España desde Senegal hace cinco años en busca de un futuro mejor. Pero su vida no ha sido nada fácil. Sin papeles, después de que el documento como solicitante de asilo solo le permitiera trabajar un tiempo, su situación se complicó y terminó durmiendo en la calle, soportando exclusión y racismo.

Abdou es una de las personas que fue desalojada el pasado mes de diciembre del instituto abandonado B9 en Badalona, el mayor asentamiento de migrantes de Cataluña, aunque poco después Àngela Valeiras, médica jubilada, lo acogió durante un tiempo. El joven tenía una orden de expulsión en firme y este mismo martes ha sido deportado. La Policía lo ha trasladado hasta Madrid, desde donde ha salido un vuelo hacia Canarias para viajar finalmente hasta Senegal. “No hay derecho”, decía consternada a Infobae al otro lado del teléfono Àngela, que le ayudó en sus peores momentos.

La abogada del joven, Marta Llonch, no ha podido hablar con él. El informe que acreditaba su estado de vulnerabilidad para poder acogerse a la regularización no ha llegado a tiempo. Y Àngela, quien lo ha acompañado durante todos estos meses en su proceso de reinserción, lo cuenta con la voz rota: “Estaba recuperando una vida”, explica.

Abdou llegó a trabajar en campañas agrícolas y recorrió diferentes puntos del país, pero ninguna empresa le había dado de alta en la Seguridad Social. Sin contrato estable y sin papeles, terminó viviendo en la calle. En Senegal era pescador, aunque en este último tiempo para sobrevivir en España recogía chatarra con un carrito: “A veces recojo al día 20 euros de chatarra”, le contaba a Àngela. “Ese día no como y le mando el dinero a mi madre”. Y es que en su país hay una madre y una hermana a las que nunca ha querido decir que no.

Pasó tres años largos entre asentamientos, edificios abandonados e inmuebles ocupados por otras personas sin hogar. Los únicos antecedentes que acumuló fueron faltas menores, todas consecuencia directa de vivir en la calle: haber entrado en pisos vacíos para asearse o resguardarse o haber pasado noches en edificios ocupados. “Juicio de falta es consecuencia de vivir en la calle”, denuncia Àngela.

El desalojo del B9

El 17 de diciembre de 2025, los Mossos d’Esquadra, tras una orden judicial, llevaron a cabo un operativo policial en el antiguo instituto B9. Un edificio que llevaba tiempo convertido en refugio improvisado para cerca de 400 migrantes sin alternativa habitacional. Tras el desalojo, muchas personas quedaron durmiendo en plazas y calles de Barcelona.

Àngela fue a la plaza donde habían dormido los desalojados para intentar ayudar. Fueron los propios hombres de la comunidad senegalesa quienes le pidieron que se ocupara de Abdou: era muy joven, no sabía desenvolverse. Esa misma noche, de forma totalmente improvisada, Abdou durmió en su casa. Se quedó tres días junto a otro joven senegalés, Serigne Babacar.

No era la primera vez que Àngela actuaba así. Hace dos años hizo lo mismo con uno de los afectados por el cierre del albergue de Can Bofí Vell. De joven había estado en Senegal en un proyecto humanitario. “Se te cae el alma a los pies”, resume la médica jubilada.

En pleno proceso de recuperación

Tras el desalojo y la ayuda de Ángela, Abdou consiguió entrar en un recurso residencial de Sant Joan de Déu. Tuvo un seguimiento de un trabajador social llamado Sergi, apoyo psicológico, clases de idioma. Incluso una dentista “maravillosa”, según Ángela, que le arregló la boca. Entre tanto, la médico retirada le enseñaba a usar la agenda y el calendario “para que no perdiera sus citas médicas”. “Es la primera vez que me puedo reír con una persona blanca”, le dijo entonces.

“Estaba recuperando una vida”, dice Àngela. “Un ser visto como una persona”. Lo acompañó a juicios, gestionó informes médicos, lo llevó a fiestas de la asociación de vecinos. La semana pasada estuvieron en casa riendo a carcajadas. “Es la primera vez que conozco a una persona blanca buena”, le confesó entonces.

La orden de expulsión y las “citas trampa”

La orden de expulsión que pesaba sobre Abdou había sido dictada en 2024, cuando todavía vivía en la calle. Él apenas comprendía el procedimiento y no llegó a recurrirse en su momento. Cuando Àngela lo acompañó a la policía a recuperar su pasaporte, allí le comunicaron que no podían devolvérselo. La condición para seguir en libertad era presentarse cada lunes en comisaría. Y durante tres meses, Abdou cumplió sin falta.

Eso, según denuncia su abogada, es lo que se conoce como una “cita trampa”. Un lunes cualquiera, como este lunes 18, al presentarse como siempre, lo detuvieron y no lo soltaron. Marta Llonch presentó ese mismo día una solicitud urgente de medidas cautelarísimas. Argumentaba que Abdou se encontraba en situación de especial vulnerabilidad y en pleno proceso de integración y regularización.

No obstante, la petición fue rechazada. Y cuando Llonch consiguió localizar a Abdou por teléfono, le dijeron que ya no era posible hablar con él: estaba camino de Madrid. El informe médico que lo catalogaba en situación de máxima vulnerabilidad no llegó a ningún juzgado.

“No por él, sino con él”

Para Àngela, la deportación no es solo un fracaso institucional. Es la destrucción de un trabajo colectivo de meses: el trabajador social, la abogada, los médicos, las vecinas de la asociación, la dentista... Una red construida persona a persona. “No por él, sino con él”, precisa.

Ahora teme que todo ese proceso quede interrumpido. “Es un golpe muy duro”, lamenta. Sobre todo porque, después de cinco años fuera, en su comunidad, el regreso sin dinero ni logros “le deja marcado como un fracasado”, señala Àngela. A pesar de ello, la abogada Llonch admite que “haría falta un milagro” para que la deportación no se llevara a cabo.