
El pasado martes saltó la alarma a nivel nacional por la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. La Audiencia Nacional investiga al expresidente por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra.
Nada más conocerse la noticia, tanto los socios de Gobierno como la oposición comenzaron a opinar acerca del caso, el cual muchos han catalogado como lawfare. Sin embargo, es un término que, a excepción del núcleo político, pocas personas dominan.
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Uno de los primeros partidos en acuñar este concepto para referirse al caso, incluso antes de que se hiciese público el auto judicial, fue Sumar. Verónica Martínez, una de las portavoces del partido, dejó caer que le generaba ciertas dudas la investigación a Zapatero, dando a entender que podía ser un caso de lawfare. "Ya se aclarará y entonces corregiré o mantendré las sospechas que tengo ahora”, explicó.
Qué es el ‘lawfare’
Esta expresión es un anglicismo que surge de la combinación de las palabras law (ley) y warfare (guerra), haciendo referencia a una guerra sucia en términos jurídicos. Según el diccionario de lengua inglesa de Oxford, hace referencia a “acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña en contra de un país o grupo”.
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En este sentido, el término se utiliza para describir el uso de procesos legales o judiciales como herramienta política, con el objetivo de perjudicar, desacreditar o desprestigiar a un adversario más allá del propio ámbito judicial.
Algunos de los socios de Gobierno han dejado entrever que las actuaciones judiciales de este caso podrían interpretarse como parte de estrategias de desgaste político. En esta línea, han pedido prudencia y cautela hasta que avance la investigación y se aclaren los hechos, subrayando la importancia de respetar la presunción de inocencia.
“Qué pasa, que también los jueces son fachas”
Los principales líderes políticos se han posicionado sobre este caso. De hecho, el propio Pedro Sánchez ha roto una lanza en favor del expresidente. “Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero”, ha afirmado en el Congreso.
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Además, ha insinuado que se trataba de una herramienta política para llegar a la presidencia. “Al Gobierno se llega con votos, no con atajos”. Sin embargo, esto no ha convencido del todo a los partidos afines al PSOE. El portavoz de Justicia de Sumar, Enrique Santiago, ha exigido que se “regulen bien todas las actividades de los expresidentes del Gobierno”.
El diputado de Compromís Alberto Ibáñez también ha explicado que el auto “no pinta ni huele bien” y ha exigido explicaciones. “No es normal trabajar para asesorar a multinacionales sobre cómo llegar a las administraciones públicas, te llames Zapatero, Felipe González o Aznar”
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Ayuso, a pesar de no haber estado presente en la sesión del Congreso, también ha opinado sobre este tema. “Me parece increíble que también hayamos escuchado lo del no pararán. ¿Qué pasa, que también los jueces son fachas, todo el mundo es facha, hay lawfare, España no es un Estado de derecho, o es lo que pretenden que no sea?“.
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