Aldama presionó a Koldo para que Ábalos activase contactos en República Dominicana para vender material sanitario durante la pandemia: “Llamar al puto presidente”

La investigación del denominado ‘caso Koldo’ sitúa el foco, por primera vez de forma documentada, en actuaciones que habrían traspasado las fronteras españolas en pleno estallido de la pandemia. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado al sumario judicial recoge cómo el empresario Víctor de Aldama habría recurrido a su relación con Koldo García, entonces asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, para intentar abrir vías de negocio en República Dominicana en el verano de 2020, en uno de los momentos más críticos de la crisis sanitaria global.

Según el documento policial, al que ha tenido acceso Infobae, Aldama presionó de forma reiterada a Koldo para que facilitara una llamada entre Ábalos y el recién elegido presidente dominicano, Luis Abinader, con el objetivo de promover operaciones vinculadas al suministro de material sanitario contra la covid-19. En uno de esos mensajes, el empresario llega a instar: “Llamar al puto presidente de RD”.

Los investigadores sostienen que estas gestiones se enmarcarían en una dinámica previa de relación entre el empresario y el asesor ministerial, a quien, siempre según la UCO, habría abonado cantidades periódicas en efectivo desde al menos octubre de 2019, lo que describen como “una suerte de nómina” destinada a facilitar la obtención de favores.

Presiones para activar contactos internacionales

El informe detalla con precisión el intercambio de mensajes de WhatsApp entre ambos durante el mes de julio de 2020. El día 8, Aldama envió a Koldo el número de teléfono personal de Abinader junto a indicaciones claras sobre la urgencia de la gestión. “Todo el mundo tiene el político y este es el personal”, le trasladó, subrayando la relevancia del contacto directo. En ese mismo mensaje, solicitaba ser informado con antelación sobre el momento en que el entonces ministro realizara la llamada.

Las conversaciones reflejan también dudas operativas sobre cómo articular ese contacto.Koldo planteó la posibilidad de estar presente durante la llamada o incluso realizarla desde su propio teléfono, mientras que Aldama, alegando que se encontraba fuera de Madrid, propuso una alternativa a tres bandas para no demorar la comunicación. “Las cosas se enfrían”, advertía en uno de los mensajes, insistiendo en la necesidad de actuar con rapidez.

A lo largo de los días siguientes, el empresario mantuvo la presión sobre el asesor. El 9 de julio volvió a interesarse por el estado de la gestión y recibió como respuesta que “estaba en ello”. Sin embargo, ante la falta de avances, intensificó el tono en nuevas comunicaciones, llegando a instar de forma imperativa a que se realizara la llamada al mandatario dominicano. Finalmente, el 14 de julio, Koldo confirmó que el contacto se había producido.

Derivaciones comerciales y contratos posteriores

La Guardia Civil sitúa estas gestiones como el inicio de una relación que derivaría meses después en contactos directos entre el entorno empresarial de Aldama y las autoridades dominicanas. En concreto, el informe recoge que en noviembre de 2020 Ignacio Díaz, socio del empresario, se dirigió directamente a Abinader a través de WhatsApp para presentarse y ofrecer servicios relacionados con la lucha contra la pandemia.

En ese mensaje, Díaz exponía la capacidad de su empresa para suministrar material sanitario, reactivos y maquinaria, así como para desplazarse al país caribeño con el fin de implementar dichos servicios. También aseguraba que su organización ya trabajaba con instituciones españolas, incluyendo el Ministerio y el Gobierno, así como en entornos aeroportuarios.

Los investigadores concluyen que estas gestiones culminaron en una relación contractual efectiva entre sociedades vinculadas a Aldama y la República Dominicana para la prestación de dichos servicios sanitarios. Este extremo, subraya la UCO, evidencia que las presiones iniciales para facilitar contactos institucionales tuvieron una traducción práctica en operaciones comerciales.

El contexto de estos hechos se sitúa en la fase más aguda de la pandemia, cuando la demanda internacional de material sanitario era elevada y los gobiernos buscaban proveedores con urgencia. La investigación judicial trata de determinar si estas operaciones se produjeron dentro de los cauces legales o si, por el contrario, estuvieron condicionadas por una red de influencias que habría operado tanto en España como en el extranjero.

El caso, que se encuentra actualmente en fase de enjuiciamiento en el Tribunal Supremo en lo relativo a determinadas piezas, continúa ampliando su alcance a medida que se incorporan nuevos informes policiales. La documentación conocida hasta ahora apunta a un entramado en el que las relaciones personales y profesionales habrían desempeñado un papel clave en la intermediación de contratos públicos en un contexto de emergencia sanitaria sin precedentes.