Los funcionarios de prisiones serán agentes de la autoridad e insultarles tendrá el mismo castigo que si fueran policías

El Congreso de los Diputados vota este jueves la propuesta del PSOE, pactada con el resto de grupos, para reconocer como agentes de autoridad a los funcionarios de prisiones a través de una modificación del artículo 80 de la Ley General Penitenciaria de 1979. Se trata de una petición que llevan reclamando durante años los principales sindicatos del sector penitenciario, ACAIP-UGT y CSIF Prisiones, quienes denuncian el deterioro progresivo de la seguridad en las cárceles.

El sindicato sostiene que las prisiones albergan actualmente una población reclusa “cada vez más numerosa y compleja”, con perfiles que, a su juicio, presentan mayores niveles de violencia y una creciente vinculación con el crimen organizado. El último incidente conocido tuvo lugar en la la cárcel gaditana Puerto III, donde cuatro funcionarios resultaron heridos tras ser atacados por un preso con un tenedor.

El presidente de ACAIC, Joaquín Leyva, explica a Infobae que muchas de las agresiones deben justificarse con malabares jurídicos para que sean consideradas como un atentado a la autoridad, un delito castigado con penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses. Además, lamenta Leyva, los funcionarios de prisiones “ni siquiera pueden denunciar las agresiones verbales”, delito que sí está contemplado en el caso del resto de fuerzas de seguridad del Estado. El reconocimiento de autoridad supone, básicamente, dotar de presunción de veracidad los testimonios de los funcionarios de prisiones, de forma que los reos tendrían mayores consecuencias penales por agredir a un trabajador y sea más fácil demostrar el atentado a la autoridad.

Y aun en el escenario en el que los internos acaben afrontando una responsabilidad penal, la indemnización que debe abonar al trabajador no llega por su situación de insolvencia. “Hoy por hoy, en muchos episodios de agresiones que sufre el trabajador penitenciario, que acaba lesionado, el interno es condenado a una responsabilidad civil, pero acaba siendo resarcido por su incapacidad económica”, explica.

De esta forma, la nueva ley contempla un aumento de las indemnizaciones y que sea la Administración la que compense económicamente al trabajador. Otra de las medidas que contempla es garantizar que los funcionarios que eventualmente fuesen detenidos o encarcelados estén separados del resto de presos para “salvaguardar su integridad física”.

Una reivindicación histórica que sí tiene consenso para aprobarse

La propuesta aterrizó en la Comisión de Interior en el Congreso presentada por el socialista José Luis Aceves, que consiguió reunir los votos de casi la totalidad de los grupos parlamentarios, desde Vox hasta Sumar -solo ERC votó en contra-. “Queremos que vaya cuanto antes al BOE”, afirmó el diputado del PP, Fernando de Rosa. La diputada de ERC, Pilar Valluguera, justificó su ‘no’ a la medida al considerar que la iniciativa “no hace ningún favor” a los funcionarios y criticó el acuerdo del PSOE con la derecha. En la votación se rechazaron las enmiendas presentadas por Junts, Sumar y Vox, que no irán a votación este jueves. Salvo un giro de guion inesperado, la medida saldrá adelante con una mayoría amplia en la Cámara.

El sindicato reclama además una reestructuración de las plantillas y una actualización de las relaciones de puestos de trabajo. A esa petición suma una revisión profunda del actual modelo penitenciario, al considerar que la organización de los centros no se ha adaptado a cambios que, según mantiene, han sido sustanciales en las últimas décadas.