
La entonces presidenta del Govern balear, Francina Armengol, contactó el 16 de junio de 2020 con el asesor ministerial Koldo García Izaguirre para pedirle ayuda con la reactivación del transporte de pasajeros en las islas tras las primeras semanas de la pandemia. “Gracias. A ver si lo puedes arreglar”, escribió Armengol, según recoge un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al que ha tenido acceso Infobae. Minutos después, el asesor respondió: “Seguro que sí”.
Las comunicaciones forman parte de un nuevo informe de la UCO incorporado a la investigación judicial sobre la presunta trama de contratos de material sanitario vinculada al exministro José Luis Ábalos y a su entorno. Los investigadores sitúan estos mensajes en un contexto en el que distintos gobiernos autonómicos, entre ellos los de Baleares y Canarias, recurrieron a intermediarios durante los momentos más críticos de la crisis sanitaria.
Según el informe, la intención de Armengol habría sido trasladar al Ministerio de Transportes la necesidad de flexibilizar las restricciones de movilidad, especialmente en un territorio dependiente del turismo como Baleares. Para ello, planteó la posibilidad de implantar pruebas diagnósticas —como test de antígenos o PCR— a los pasajeros como alternativa a las limitaciones vigentes.
Un puente hacia el Ministerio
El informe de la UCO apunta a que Armengol buscaba algo más que una gestión puntual: pretendía influir en la flexibilización de las restricciones al tránsito de pasajeros. La vía elegida pasaba por Koldo García, a quien se atribuye la capacidad de trasladar esas demandas a Ábalos y a su equipo más cercano.
Los investigadores sostienen que la dirigente balear defendía la implantación de pruebas diagnósticas —principalmente test de antígenos o PCR— como fórmula para compatibilizar la seguridad sanitaria con la reapertura del transporte. “Se podría desprender que […] habría podido hablar con Ábalos […] con la intención de solucionar un problema”, señala el informe, en alusión a las limitaciones que afectaban a los desplazamientos hacia las islas.
La secuencia de mensajes refuerza esa hipótesis. El 25 de julio de 2020, Armengol volvió a dirigirse a García con una pregunta directa: “¿Puedes hablar?”. La respuesta fue inmediata y operativa. El asesor propuso una reunión por videoconferencia para abordar “temas de aerolíneas y férreas”, en una fórmula que anticipaba la coordinación entre el Govern balear y los responsables del Ministerio. En esas gestiones habría participado también el entonces secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura.
La UCO concluye que esa interlocución acabó produciéndose y permitió poner en contacto a ambas administraciones en un momento clave para la planificación de la movilidad estival.

De la gestión sanitaria a la contratación
El informe no se limita a la cuestión del transporte. Traza, además, una línea de continuidad entre esos contactos y las operaciones de suministro de material sanitario que investiga el Tribunal Supremo. La relación entre Armengol y Koldo García se remonta, según la Guardia Civil, al 25 de abril de 2020, en pleno colapso de los mercados internacionales de equipos de protección.
Ese primer contacto derivó de inmediato en una oferta concreta: un millón de mascarillas FFP2 a 2,50 euros la unidad, trasladada al Servicio de Salud balear. Al día siguiente, la propia Armengol preguntó por proveedores de mascarillas infantiles. “Te lo arreglo”, respondió García, en una expresión que se repite como patrón en las comunicaciones analizadas.
A partir de ese momento, los investigadores describen la activación de procedimientos de contratación vinculados a la red bajo sospecha, en algunos casos sin que conste la formalización previa de los contratos. En ese engranaje aparece como figura central el empresario Víctor de Aldama, a quien la UCO atribuye la capacidad de influir en adjudicaciones mediante su conexión con el binomio Koldo-Ábalos.
El informe también recoge episodios en los que la presidenta balear facilitó el contacto entre el asesor ministerial y responsables autonómicos, incluida la Consejería de Salud. “Te mantengo informada de todo”, le trasladó García en uno de esos intercambios, que reflejan un flujo de comunicación constante en aquellos meses.
La versión de Armengol ante el Supremo
La reconstrucción de los hechos que realiza la UCO contrasta con la versión ofrecida por Armengol en su declaración por escrito ante el Tribunal Supremo, en el marco del juicio del denominado ‘caso mascarillas’, una pieza separada del ‘caso Koldo’.
En ese testimonio, la actual presidenta del Congreso niega haber mantenido contactos con Koldo García o con José Luis Ábalos relacionados con la adjudicación de contratos de mascarillas, núcleo de la investigación. Asegura que sus comunicaciones con el entonces ministro se limitaron a cuestiones institucionales vinculadas al cierre de puertos y aeropuertos, y sostiene que no trató asuntos de contratación pública con su asesor.
Además, afirma no haber tenido relación con Víctor de Aldama ni con empresas proveedoras durante su etapa al frente del Govern balear. Sobre los mensajes recogidos en los informes policiales, reconoce que “al parecer” pudo recibir alguna comunicación, pero subraya que no recuerda su contenido seis años después.
El equipo de Armengol reivindica su actuación
Desde el entorno de Francina Armengol sostienen que el informe de la UCO de la Guardia Civil avala su versión y confirma que “jamás dio instrucciones” para contratar con ninguna empresa ni tuvo relación con la trama en la que figuran José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre y Víctor de Aldama.
Aseguran que las decisiones de contratación “las tomaron siempre los técnicos” y subrayan que el informe no cuestiona el procedimiento seguido con las mascarillas. Añaden que varias ofertas vinculadas a la trama fueron rechazadas sin presión política y concluyen que se confirma que Armengol “dijo la verdad” y no tuvo relación con los investigados.
El procedimiento judicial continúa su curso en el Tribunal Supremo, donde se juzga a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por su presunta implicación en una trama que, según la investigación, aprovechó la urgencia de la pandemia para tejer una red de contratos públicos en distintas comunidades autónomas.
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