Víctor de Aldama, un empresario sin cargo que se movía con libertad por el Ministerio de Transportes: “Subía y bajaba sin pedir permiso”

La sexta jornada del juicio en el Tribunal Supremo por la pieza de las mascarillas del ‘caso Koldo’ ha dejado una imagen reiterada en varias declaraciones: la de una presencia constante, y difícil de explicar, del empresario Víctor de Aldama en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. Un elemento que, sin constituir el eje formal de la causa, ha sobrevolado los interrogatorios y ha sido descrito por distintos testigos como una anomalía en el funcionamiento ordinario de la institución.

La sesión ha arrancado con la declaración de Isabel Pardo de Vera, una de las comparecencias más esperadas. Su testimonio ha servido tanto para reconstruir los mecanismos de contratación de mascarillas en los primeros días de la pandemia como para aportar detalles sobre la dinámica interna del ministerio.

Un acceso “anómalo” al corazón del ministerio

Pardo de Vera ha relatado con precisión una escena que, según ha reconocido, se repitió en más de una ocasión: acudir a despachar con el ministro y no encontrarle, pese a tener concertada la reunión, mientras en su despacho permanecían Koldo García y Víctor de Aldama. “No lo entendía”, ha confesado, apelando a un criterio de normalidad institucional que, a su juicio, se quebraba con esa situación.

La entonces presidenta de Adif ha enmarcado esos encuentros en lo que consideraba una irregularidad desde el punto de vista del “código ético”. Aldama, a quien le presentaron como hermano del escolta del anterior titular de Transportes Íñigo de la Serna, no formaba parte de la estructura administrativa y, sin embargo, su presencia en zonas reservadas del ministerio le resultaba “chocante”. Tanto, que llegó a trasladárselo directamente a Ábalos, quien, según su versión, admitió que no era una situación normal.

Ese mismo patrón ha sido corroborado por el subteniente de la Guardia Civil José Luis Rodríguez, destinado en labores de seguridad en el complejo de Nuevos Ministerios. Su descripción ha sido aún más gráfica: Aldama tenía acceso al aparcamiento de autoridades, utilizaba el ascensor interno y “subía y bajaba sin pedir permiso”. Un comportamiento que ha definido como único entre personas ajenas al ministerio.

En términos similares se ha pronunciado el ex secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares, quien ha reconocido que, en aquel contexto, llegó a percibir a Aldama como parte del propio ministerio, dada su implicación en comunicaciones operativas y decisiones vinculadas a la logística de las mascarillas.

La compra de mascarillas: urgencia, órdenes y ejecución

Más allá de ese hilo común, la jornada ha estado atravesada por el análisis de las decisiones adoptadas en marzo de 2020, en pleno estallido de la pandemia. Pardo de Vera ha detallado el proceso por el que Adif adquirió cinco millones de mascarillas por 12,5 millones de euros, insistiendo en que se trató de una actuación derivada de una orden ministerial y tramitada por la vía de emergencia.

Según ha explicado, la cantidad, el procedimiento y la urgencia venían prefijados. Adif, ha sostenido, actuó como ejecutor de una decisión adoptada en el ámbito del ministerio en un contexto extremo, con miles de fallecidos y una escasez crítica de material de protección. “De nada servía contratar si no se garantizaba el transporte”, ha venido a señalar, en referencia a las dificultades logísticas derivadas del cierre del espacio aéreo.

En cuanto a la adjudicación a Soluciones de Gestión, la expresidenta de Adif ha negado haber recibido instrucción alguna para elegir a ese proveedor. Ha defendido que la decisión correspondió a los órganos competentes dentro de la entidad y ha reivindicado el resultado de la operación, subrayando que las primeras mascarillas que llegaron a España lo hicieron a través de ese contrato.

Una línea argumental que ha encontrado eco en el testimonio de Francisco Toledo. El que fuera responsable de Puertos del Estado ha asegurado que su intervención se limitó a formalizar la adjudicación y ha negado cualquier tipo de presión. Ha defendido, además, que el precio pagado era acorde al mercado en aquellos días y que el suministro, pese a incidencias puntuales, se completó.

Por su parte, el exdirector general de Organización del ministerio Javier Sánchez Fuentefría ha situado el origen de la oferta en el subsecretario, asegurando que la trasladó como la mejor opción disponible en un momento en el que no existían alternativas claras. También ha rechazado haber recibido indicaciones del entorno de Koldo García.

Decisiones paralelas en un momento de máxima “tensión”

La declaración de Pardo de Vera ha abordado asimismo la contratación de Jessica Rodríguez en empresas públicas vinculadas al ministerio. Ha insistido en que su intervención se limitó a reenviar un currículum recibido desde el gabinete del ministro y que no tuvo participación en la decisión final. Solo posteriormente, al conocer la relación personal con Ábalos, intervino para frenar la continuidad del contrato.

El conjunto de testimonios ha dibujado un contexto de gestión marcado por la urgencia y la desorganización inicial. Sánchez Manzanares ha descrito aquellos días como un escenario de “caos” e “incertidumbre absoluta”, en el que las decisiones se sucedían a gran velocidad y con información incompleta. En ese marco, ha señalado que el ministerio ya disponía de un proveedor, Soluciones de Gestión, y que los organismos dependientes se limitaron a ejecutar la operación.

Incluso los correos internos leídos durante la sesión, con referencias irónicas a posibles responsabilidades penales, han sido interpretados por los testigos como expresiones propias de la tensión del momento.

Por otro lado, el empresario Íñigo Rotaeche, vinculado a la empresa adjudicataria e investigado por la Audiencia Nacional, ha optado por no declarar.

La jornada ha concluido con la intervención de Belén Villar, responsable de la auditoría interna sobre estos contratos, en un interrogatorio centrado en los criterios de elaboración del informe y en las discrepancias planteadas por las defensas sobre la selección de la documentación analizada.