Guía para entender la maraña de tramas de corrupción y detenciones que acorrala al PSOE hasta hoy

En los últimos meses —e incluso años—, la Fiscalía y varios juzgados han ido abriendo líneas de investigación que, aunque inicialmente avanzaban por caminos distintos, han terminado confluyendo en un mismo espacio de sospechas sobre contratos públicos, intermediaciones y uso de fondos estatales. El punto de inflexión llegó ayer, cuando el Tribunal Supremo confirmó el procesamiento de José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García dentro del conocido ‘caso Koldo’, una pieza judicial que ya examinaba presuntas irregularidades en la contratación de material sanitario durante la pandemia y que situó bajo una nueva luz las relaciones entre responsables políticos y empresas proveedoras del sector público.

Horas después de esa confirmación del Alto Tribunal, los procedimientos se intensificaron. Se sucedieron los registros, las diligencias y los requerimientos de documentación tanto en empresas públicas como privadas, mientras los investigadores trataban de reconstruir una red de decisiones adoptadas en plena emergencia sanitaria y en los años posteriores. Algunas declaraciones en los juzgados o en comisiones de investigación relacionadas con el ‘caso Koldo’ mencionaban a compañías y actores que, según los propios investigados, podían merecer el escrutinio policial, y esas pistas comenzaron a cruzarse con nuevas informaciones hasta desembocar en la operación que ahora domina la actualidad.

La cadena de detenciones y registros practicados en las últimas horas ha sacudido el panorama político y administrativo del país, con un impacto que va más allá de los cuatro arrestos principales. La complejidad del caso, aún bajo secreto de sumario en gran parte de su contenido, exige ordenar los hechos para comprender cómo han encajado los nombres de Leire Díez, Vicente Fernández, Antxon Alonso y Plus Ultra en un mismo marco de sospechas.

La caída de la ‘fontanera’ del PSOE

La detención de Leire Díez se ha convertido en uno de los elementos centrales de la operación. Su nombre aparece asociado a dos procedimientos judiciales distintos, abiertos por hechos diferentes, lo que ha obligado a delimitar con precisión el alcance de cada uno para entender su implicación en la investigación.

La primera causa, aún en curso en los juzgados de Madrid, se abrió tras la filtración de audios y comunicaciones en los que Díez habría ofrecido favores o información sobre movimientos judiciales a cambio de determinados beneficios. En esa investigación se analizan posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias, y se centra en su presunta utilización de contactos personales para obtener información sensible o facilitar actuaciones que la favorecieran a ella o a terceros.

La segunda causa, completamente independiente de la anterior, es la que ha desembocado en su detención reciente por parte de la Guardia Civil, dentro de una investigación de la Audiencia Nacional sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos. En este procedimiento se examina si Díez actuó como intermediaria entre empresarios y responsables de entidades dependientes de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), facilitando accesos, contactos o gestiones que pudieran haber influido en la toma de decisiones dentro del sector público empresarial.

Díez no ocupaba un cargo de alta responsabilidad institucional, pero su trayectoria dentro del PSOE, donde fue militante con conexiones relevantes, y su trabajo en ENUSA, empresa pública adscrita a la SEPI, situaron su actividad en un espacio donde las relaciones políticas, administrativas y empresariales podían entrelazarse. Esa posición la habría convertido, según los investigadores, en un punto de enlace entre distintos niveles de influencia.

Su perfil aparece así como una intersección entre militancia, administración y actividad privada, un lugar desde el que habría podido facilitar la actividad de terceros interesados en obtener ventaja dentro de estructuras del Estado.

El vértice institucional de la trama

La detención de Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, responde a la investigación de posibles irregularidades en adjudicaciones y decisiones económicas adoptadas durante su mandato al frente del mayor conglomerado empresarial público del Estado. La Audiencia Nacional analiza si, en varios expedientes gestionados bajo su presidencia, pudieron producirse influencias externas, intermediaciones indebidas o tratamientos favorables hacia empresas vinculadas posteriormente a actores hoy investigados. Fernández dirigió la SEPI durante gobiernos socialistas, un cargo de máxima confianza desde el que supervisó la actividad de compañías estratégicas y la aprobación de contratos y operaciones financieras que ahora están siendo revisadas.

Además de su etapa institucional, la investigación se centra en su actividad posterior en el sector privado, especialmente en su trabajo como asesor para Servinabar, sociedad relacionada con el empresario detenido Antxon Alonso y por la que Fernández habría percibido pagos relevantes tras abandonar la SEPI. Los investigadores tratan de determinar si esa relación posterior está conectada con decisiones adoptadas cuando presidía el organismo público o si forma parte de un posible circuito de continuidad entre su poder institucional y los intereses privados hoy bajo análisis.

Su detención ha desencadenado registros en varias empresas públicas dependientes de la SEPI —ENUSA, Sepides y Mercasa— con el objetivo de revisar expedientes, comunicaciones y documentación contable que permitan reconstruir la cadena de decisiones en las que Fernández pudo intervenir. La Guardia Civil investiga posibles delitos como tráfico de influencias, prevaricación, malversación o cohecho, en función de lo que determine la análisis del material intervenido, aunque el sumario continúa bajo secreto.

El empresario en la órbita socialista que completa el triángulo

El arresto de Joseba Antxon Alonso añade la dimensión empresarial a la operación. Su nombre aparece ligado a varias sociedades que, según los investigadores, pudieron buscar o recibir algún tipo de ventaja en procesos de contratación pública gestionados por organismos bajo la órbita de la SEPI. Alonso no es un desconocido en determinados círculos económicos: su actividad se ha movido en sectores donde la interlocución con la administración es determinante y donde contratos, licencias y apoyos públicos pueden definir la viabilidad de un negocio.

Uno de los elementos que han despertado especial interés judicial es su vínculo societario con Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. Esa relación sitúa a Alonso en un entorno especialmente sensible, marcado por la proximidad a uno de los núcleos de poder interno del partido. Aunque no militaba en el PSOE ni desempeñaba un cargo orgánico, su proximidad empresarial a un dirigente de esa relevancia ha sido clave para que la Guardia Civil examinara con mayor detalle su posible participación en procesos que pudieran estar bajo influencia política o mediación externa.

Alonso está conectado además con Servinabar, empresa de la que es propietario y que figura en varias de las diligencias y en la que también trabajó como asesor Vicente Fernández tras dejar la presidencia de la SEPI. Esa intersección es uno de los puntos donde los agentes tratan de establecer si existió un circuito de beneficio mutuo, bien mediante información privilegiada, bien a través de decisiones adoptadas en el ámbito público que posteriormente repercutieran en empresas privadas vinculadas a la trama.

La detención de Alonso, acompañada de registros en varias provincias, busca aclarar si su papel fue el de mero empresario que concurría a contratos o si se situaba en un eslabón más complejo, conectado con intermediarios como Leire Díez y con decisiones adoptadas en la etapa institucional de Fernández. Su posición permite a la investigación completar el triángulo formado por la intermediación, el poder institucional y el interés empresarial, elementos que, según las hipótesis abiertas, podrían haber confluido en determinadas adjudicaciones bajo sospecha.

La aerolínea rescatada que vuelve al foco

La operación policial se extendió también al ámbito aeronáutico con la detención del presidente y del consejero delegado de Plus Ultra, la aerolínea que recibió en 2021 un rescate público de más de 50 millones de euros procedentes del Fondo de Apoyo a la Solvencia gestionado por la SEPI. La intervención de la Policía Judicial en su sede tuvo como objetivo principal investigar un presunto delito de blanqueo de capitales, centrado en movimientos financieros posteriores a la concesión de la ayuda estatal y en la trazabilidad del dinero recibido durante la pandemia.

Plus Ultra aparece además conectada tangencialmente a otras investigaciones recientes. En el ‘caso Koldo’, algunos de los investigados mencionaron la aerolínea como una de las empresas que —a su juicio— debía ser examinada por los órganos policiales o judiciales. Aquellas declaraciones no derivaron entonces en una actuación específica, pero la nueva operación ha devuelto a Plus Ultra al primer plano, esta vez con una intervención directa de la Policía Judicial y con la privación de libertad de sus dos principales ejecutivos.

Aunque esta pieza es independiente de la que afecta a Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso, comparte con ella el mismo entorno institucional: la SEPI, organismo cuyo papel vuelve a situarse bajo la lupa, no solo como gestor del rescate, sino también como nexo en varias de las actuaciones investigadas.

La trama de los hidrocarburos<b> </b>

Paralelamente a la operación que ha sacudido a la SEPI y a las empresas vinculadas a Díez, Fernández y Alonso, ha salido a la luz un informe clave de la UCO sobre otra pieza que también se ha convertido en eje del actual ciclo judicial: la trama de los hidrocarburos. Según el documento entregado al juez, la red dirigida por Víctor de Aldama y Claudio Rivas habría destinado alrededor de un millón de euros a intentar “comprar la voluntad” de José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, y de otros cargos públicos con el fin de favorecer a Villafuel, la empresa que buscaba obtener licencias en el mercado de carburantes.

El informe detalla que esos intentos de influencia no se limitaron a pagos directos, sino que incluyeron la supuesta financiación de un chalet en La Alcaidesa para el entorno de Ábalos. Estos hechos se analizan como posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias y añaden una nueva capa de presión judicial sobre el exministro, cuyo procesamiento por el ‘caso Koldo’ fue confirmado ayer por el Tribunal Supremo. En esa pieza ya se investigaba cómo su antiguo asesor, Koldo García, habría actuado como intermediario en contratos públicos durante la pandemia, un patrón que se repite ahora en la trama de los hidrocarburos.

La aparición de Villafuel y de los pagos atribuidos a Aldama no constituye una línea completamente independiente, sino que se cruza con las dinámicas que aparecen en el resto de investigaciones abiertas: empresas privadas que buscan permisos o adjudicaciones, intermediarios que prometen acceso a responsables políticos, cargos socialistas señalados por su vulnerabilidad a presiones externas y organismos públicos —como Transportes, Industria y Transición Ecológica— donde se tomaban decisiones sensibles. Este patrón es similar al que se analiza en el caso de Leire Díez, Vicente Fernández y Servinabar, aunque los hechos pertenezcan a piezas distintas y los actores no coincidan.

De este modo, el nuevo informe de la UCO no solo amplía el perímetro del llamado ‘caso Koldo’, sino que consolida la idea de un ecosistema de intermediación y favores que durante la pandemia y los años posteriores orbitó alrededor de sectores estratégicos —sanidad, energía, transporte y empresas públicas— y que ahora la Audiencia Nacional trata de reconstruir a través de distintas causas. El avance de esta pieza complementa y refuerza el contexto en el que han estallado las detenciones y registros de las últimas horas, situando otra vez a estructuras cercanas al PSOE y a varios exresponsables del Gobierno en el centro de la atención judicial.