La trama de hidrocarburos que presuntamente lideraban el comisionista Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas prosigue con un nuevo revés. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha concluido que ambos destinaron “aproximadamente un millón de euros" a sobornos para el exministro José Luis Ábalos y otros cargos públicos.
Así lo ha relevado la Benemérita en un nuevo informe de 180 páginas presentado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Infobae España. En este se recoge que entre septiembre de 2020 y diciembre de 2024, una organización criminal encabezada por Rivas, que este coordinaba y dirigía, y con la participación esencial de Víctor de Aldama, desarrolló un plan para obtener, de forma ilícita, la autorización administrativa que permitiera a la empresa Villafuel S.L. operar como mayorista de hidrocarburos.
Para lograrla era de obligación legal acreditar tres millones de euros en fondos propios, requisito que la organización no cumplía. Para sortearlo, recurrieron a la influencia del entonces ministro Ábalos, a través de su asesor y mano derecha Koldo García y del propio De Aldama, quien actuaba como intermediario con acceso directo al entorno del ministro.
Así, la Guardia Civil explica que “dicha licencia constituyó el elemento nuclear que posibilitó la operatividad de una estructura empresarial instrumental ideada para operar con efectividad en el mercado de los hidracarburos” y contaba que Rivas, a través de a empresa Have Got Time S.L “generó un presunto fraude millonario cuantificado en 49.213.613,36 euros durante los años 2021 y 2022 por la Hacienda Pública. Un millón de esta cantidad fue destinada ”a comprar la voluntad del cargo público“, concluye la UCO.
Según la UCO, la trama sobornó a Ábalos con aproximadamente un millón de euros, mediante pagos en efectivo, transferencias y, especialmente, la adquisición y cesión del chalet de La Alcaidesa, en la provincia de Cádiz, elegido personalmente por el ministro. La vivienda y los pagos formaron parte de las “dádivas y contraprestaciones ilícitas” destinadas a asegurar que Ábalos influyera en los órganos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el Ministerio de Industria y Turismo (MINCOTUR) y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA) para agilizar y orientar la concesión de la autorización.
La organización consideraba que la obtención de la licencia estaba garantizada mientras Ábalos mantuviera su poder político. Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le cesó el 10 de julio de 2021 sin dar explicaciones públicas, lo que “constituyó un punto de inflexión dado que dificultó e impidió la materialización del acuerdo inicialmente previsto debido”. Aun así, las gestiones de influencia continuaron a través de distintos altos cargos y contactos dentro de los ministerios implicados.
El informe sostiene, además, que el fraude previo en el sector —a través de GASLOW y otras sociedades— generó más de 49 millones de euros entre 2021 y 2022, parte de los cuales se destinaron a financiar los sobornos y la operativa de Villafuel.
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