El Tribunal Supremo ordena a los Franco devolver de forma definitiva el Pazo de Meirás al Estado

Los Franco pierden y el Pazo de Meirás ya pertenece definitivamente a todos los españoles tras la decisión del Tribunal Supremo. Los magistrados han decidido por unanimidad confirmar la sentencia de la Audiencia de A Coruña que ordenaba a la familia del dictador la devolución al Estado del Pazo de Meirás.

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha desestimado todos los recursos interpuestos contra la sentencia. Por un lado, la Sala confirma la propiedad del Estado y concluye que desde 1938 el Pazo estuvo destinado al servicio de la jefatura del Estado, como por ejemplo el Palacio del Pardo. Así, la familia del dictador no pudo poseer la finca en concepto de dueños, como mínimo hasta la década de los años 90, cuando dejó de prestarse todo tipo de servicio por la administración. Esto significa que no ha transcurrido el plazo legal de treinta años para poder adquirir la propiedad por la vía de la prescripción adquisitiva o usucapión.

Por otro lado, los magistrados ratifican la desestimación de los recursos de casación interpuestos por la Administración General del Estado, la Xunta de Galicia, la Diputación de A Coruña, el Ayuntamiento de A Coruña y el Concello de Sada, que pretendían no indemnizar a los herederos por los gastos realizados en el inmueble.

El Pazo de Meirás, situado en el Concello de Sada, ligado a la figura de la escritora gallega Emilia Pardo Bazán —que fue quien lo mandó construir—, fue, entre 1938 y 1975, sede veraniega de la Jefatura del Estado, “símbolo referencial de la dictadura franquista, centro de poder y al mismo tiempo expresión de la rapiña de su nuevo propietario”, según señala el BOE en la incoación del espacio como Lugar de Memoria. A partir de la muerte del dictador, la familia lo utilizó hasta que el Gobierno lo reclamó para el patrimonio público, en una acción judicial que fue respaldada por los ayuntamientos de A Coruña y Sada, la Diputación de A Coruña y la Xunta de Galicia.

El 2 de septiembre de 2020, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, tras una demanda presentada por Abogacía del Estado, sentenció que el Pazo era propiedad del Estado, declarando nula y sin efecto la donación personal del mismo a Franco a su familia. Dos meses después se cumplió la sentencia y, desde el 10 de diciembre de 2020, dejó de ser propiedad de la familia Franco y pasó a ser patrimonio del Estado. La sentencia fue corroborada por la Audiencia Provincial de A Coruña, el 12 de febrero de 2021, y por el Juzgado de Primera Instancia número 70 de Madrid, que, el 7 de noviembre de 2024, otorgó a la Administración General del Estado la totalidad de los bienes reclamados. Y, ahora, el Tribunal Supremo ha ratificado el fallo.

Cómo llegó el Pazo a manos de Franco

El 5 de diciembre de 1938, tras la creación de la denominada Junta Pro-Pazo del Caudillo, integrada por el gobernador civil y varios alcaldes de la provincia, que pretendía comprar y entregar la propiedad al jefe del Estado, Francisco Franco, se le hizo entrega de la finca al dictador. El BOE indica que durante el proceso de acondicionamiento del pazo se ampliaron los terrenos “mediante técnicas represivas y coactivas”, que desposeyeron a los legítimos propietarios de las fincas colindantes. Además, se efectuaron “apropiaciones de recursos públicos y privados, desde estatuas románicas a pilas bautismales, tapices, etc”.

En este sentido, más de una veintena de entidades, lideradas por la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña, reclaman que signifique “el inicio del fin de la impunidad del franquismo”. El presidente del colectivo, Carlos Babío, cuya abuela fue una de las expropiadas para ampliar los terrenos cuando fue regalado al dictador, pedía una sentencia “ejemplar que marque el camino a la ruptura con la impunidad sobre otros expolios protagonizados por el dictador Franco y su régimen”. En A Coruña todavía queda la Casa Cornide -un palacete del siglo XVIII en el casco histórico- en manos de los herederos.