La Unidad Cental Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido a una tercera persona en la operación que está llevando la Audiencia Nacional contra Leire Díez y, según aseguran medios como ABC o El Diario Vasco, se trataría de Antxon Alonso, uno de los implicados en las ‘mordidas’ de obras públicas en el caso Koldo al ser socio de la empresa Servinabar y persona muy cercana a Santos Cerdán.
De esta manera, esta es la tercera detención dentro de esta operación, después de que este miércoles se diera a conocer las detenciones de la propia Leire Díez y del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández.
Fuentes de la investigación han confirmado a Europa Press además que, este mismo jueves, los agentes están practicando registros en Madrid, Sevilla y Zaragoza relacionados con empresas vinculadas a Servinabar, la mercantil que, según las pesquisas de la UCO, está vinculada a Cerdán.
Antxon ya estaba siendo investigado en el Tribunal Supremo por su relación con la presunta trama de corrupción en la que estaría implicado Santos Cerdán, con el que firmó una escritura de compraventa por el 45% de las acciones de Servinabar, si bien el exdirigente socialista asegura que nunca se hizo efectiva.
Según el último informe de la UCO, Cerdán, a través de Servinabar, se quedaba con un 2% de cada adjudicación que lograba la constructora Acciona, una empresa que tiene varios exdirectivos investigados por su presunta relación con la trama del caso Koldo, y que supuestamente lograría contratos por medio de la “indebida influencia” del exdirigente socialista.
La operación que está ahora en marcha, está bajo las órdenes de la Audiencia Nacional en el marco de una causa que dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña, bajo secreto de sumario y en la que también participa la Fiscalía Anticorrupción, en la que se investigan contrataciones públicas bajo sospecha, pero no ha trascendido mucha más información. Díez y Ferrer se encuentran desde ayer en los calabozos de la Guardia Civil de Tres Cantos y Antxon en los de Vizcaya, a la espera de pasar a disposición judicial.
Una nueva operación contra Leire Díez
Esta operación es diferente a la instrucción que está llevando el juzgado número 9 de Madrid, también contra Leure Díez, por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, así como por supuestas maniobras para influir en decisiones judiciales y en investigaciones de la Guardia Civil y la Fiscalía.
Según la denuncia inicial y las diligencias abiertas, la causa se originó a partir de grabaciones y denuncias presentadas por asociaciones profesionales, como la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC), y la Fiscalía. En esos audios se puede escuchar a Díez en conversaciones con empresarios y abogados en las que ofrecía supuestas ventajas judiciales a cambio de información sensible destinada a perjudicar a mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a fiscales de la Audiencia Nacional.
Los fiscales que intervinieron en la denuncia afirmaron que Díez y sus interlocutores intentaban recabar datos comprometedores sobre investigadores y fiscales para utilizarlos en beneficio de terceros, con el objetivo de “torpedear” o “anular” investigaciones que afectaban a altos cargos políticos y empresarios, según fuentes judiciales.
En concreto, las imputaciones en el juzgado madrileño giran en torno a la presunta participación de Díez en un plan coordinado para desacreditar y obtener información de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción, algo que, según el Ministerio Público, podría constituir tráfico de influencias y cohecho. El cohecho se vincula a la oferta de beneficios procesales o favores a cambio de esa información sensible, mientras que el tráfico de influencias se refiere a la utilización de contactos o supuestas influencias para interferir en decisiones judiciales o en la acción de órganos de investigación.
La investigación también ha considerado otros posibles delitos conexos: algunas denuncias hablan de obstrucción a la justicia y revelación de secretos, por las gestiones de Díez para acceder a archivos confidenciales o información no pública que pudiera afectar a jueces, fiscales o mandos policiales.
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