
En virtud de advertir que sus operaciones pueden ser irregulares, una entidad financiera decidió cerrar las cuentas bancarias de las empresas Servicios Lindor y Servicios Neurus, ligadas al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino y a su pareja María Florencia Sartirana, que recibieron millonarios depósitos durante 2025.
El Banco Coinag, cuya principal actividad financiera se desarrolla en Rosario, confirmó que cerró las cuentas pertenecientes a ambas compañías y que formuló los reportes de operaciones sospechosas, siguiendo la normativa del Banco Central y la Unidad de Información Financiera (UIF). Toda la información, además, ya se encuentra en manos de la fiscalía Federal de Santiago del Estero que investiga a Toviggino y al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco de la causa penal abierta en esa provincia por supuesta asociación ilícita y lavado de dinero.
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Fuentes del Banco Coinag señalaron que las cuentas de Servicios Lindor y Servicios Neurus “solamente operaron durante el año 2025. Fueron reportadas y se encuentran cerradas desde diciembre de 2025″. Agregaron que “los depósitos que tenían en Coinag fueron transferidos a cuentas de dichas empresas en Banco Credicoop”.
“Algunos de los movimientos indicados generaron reportes del banco hacia la autoridad regulatoria”, es decir, el Banco Central, señalaron desde Coinag.
Al mismo tiempo, aclararon que la entidad no es sujeto de ninguna investigación. “Banco Coinag tiene estrictos procesos de evaluación técnico y patrimonial alineada con los estándares del mercado bancario y en estricto cumplimiento con las normativas establecidas por el BCRA. En virtud de las normativas vigentes y del análisis detallado de las operaciones de sus clientes, el Banco Coinag, como sujeto obligado realiza un monitoreo de debida diligencia sobre las mismas”, explicaron. En virtud de ese monitoreo, decidió cerrar las cuentas e informar de esas operaciones a las autoridades.
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La investigación
El cierre de las cuentas de las empresas vinculadas a Toviggino por parte del Banco Coinag es un elemento más bajo análisis en la investigación del fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, en la que la semana pasada pidió detener tanto a Tapia como a su tesorero y mano derecha.
En un dictamen de 181 carillas al que accedió Infobae y ya está a estudio del juez del caso, el fiscal sostuvo que Tapia y Toviggino habrían usado empresas de este último “como fachada y para ejecutar negocios ilícitos” con dinero de la Asociación del Fútbol Argentino. Entre esas empresas, aparecen las dos cuestionadas por Banco Coinag, al punto que decidió cerrar sus cuentas.
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La fiscalía acusó a ambos dirigentes futbolísticos por presunta asociación ilícita agravada y lavado de activos en una investigación que involucra bienes dentro y fuera de Santiago del Estero, de donde es oriundo el tesorero de AFA. También imputó a sus familiares y otros allegados. En total reclamó detener a 24 acusados y sólo dejó fuera de ese pedido a dos hijos de Toviggino debido a su edad. Reclamó también la inhibición general de bienes para todos.

Según la acusación, muchos de los acusados habrían actuado como testaferros “asumiendo la titularidad de bienes” que serían de Toviggino. De hecho el listado incluye a Luciano Pantano y a su madre Ana Conte, titulares de la sociedad Real Central, dueña de la casaquinta de Pilar valuada en 17 millones de dólares y ya investigados en otra causa penal en un juzgado federal de Campana, Buenos Aires.
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El dictamen da cuenta de que la AFA “transfirió un total de $3.633.013.825,80 (tres mil seiscientos treinta y tres millones trece mil ochocientos veinticinco pesos con 80/100), a las cuentas de SOMA, MALTE, SEGON, SERVICIOS LINDOR y SERVICIOS NEURUS”, las empresas investigadas, todas integradas por “personas de confianza” del tesorero y de su núcleo íntimo. “Todos ellos cumplieron un rol esencial, organizado y coordinado en esta operación”, continuó el dictamen.
“Las sociedades emitieron facturas a favor de la AFA para justificar el motivo del envío de fondos de parte de la institución a las empresas. Sin embargo, no prestaron los servicios declarados en las facturas a favor de la Asociación”, agregó.
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Una vez que las empresas recibían las transferencias de parte de la AFA, " emitían facturas a favor de ellas mismas (facturas inter-bloque) para dificultar el rastreo del dinero". Pidió medidas de prueba e implantar el secreto de sumario.
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