La primera crítica del presidente Javier Milei fue al gobernador Axel Kicillof por haber pagado viajes de egresados el año pasado y enfrentar en 2024 dificultades para pagar sueldos. Le siguió Roberto Quintela, de la Rioja, por organizar festivales con fondos públicos y pagarle millonarias sumas a artistas como Lali Espósito.
En el medio se enfrentó a Martín Llaryora, el gobernador de Córdoba, en la dura puja por la coparticipación del Impuesto PAIS y, de paso, las exenciones impositivas al Cosquín Rock.
La última perla del collar que se insinúa bien largo fue hasta ahora la del conflicto con Ignacio Torres, mandatario de Chubut, por la retención de la coparticipación que garantizaba la deuda contraída por su antecesor, Mariano Arcioni, con la Nación.
Son los episodios emergentes de un ajuste sin precedentes que el presidente Javier Milei intenta imponer a las provincias en una estrategia de ya no de doble Nelson sino directamente de arrinconarlas contra las cuerdas: los recursos de la Coparticipación, por la menor actividad y la pérdida del Impuesto a las Ganancias cayeron el mes pasado casi 20%, las transferencias no automáticas ya son prácticamente inexistentes y, para completar el cuadro, el Gobierno nacional les dificulta la toma de nuevo endeudamiento, la única vía que tendrán disponible para morigerar el impacto.
“Por ahora el Gobierno se puso duro también en la búsqueda de las provincias de nueva deuda porque a la larga, si reemplazan el ajuste con deuda, la plata la termina poniendo la Nación cuando se hace insostenible”, explicó un asesor financiero de algunas de las provincias que por estas horas analiza iniciar el diálogo con acreedores del exterior para lograr postergar los vencimientos al menos de este año.
“En la medida que las provincias bajen algo sus gastos, la via del endeudamiento se va a habilitar”, agregó la fuente quien destacó que, en esa baja de gastos, uno de los primeros renglones a los que apuntarán los gobernadores es el de servicios de la deuda.
“En la medida que se vayan produciendo los vencimientos en el segundo semestre, se van a ir ordenando en fila para renegociar. Asumimos que en la mayoría de los casos, serán reestructuraciones amigables”, apuntó el experto.
La pelea fiscal entre gobernadores y el Presidente tiene un contexto explicado claramente en cifras: las provincias y municipios explican casi la mitad del gasto público consolidado del Estado en sus tres niveles. De ahí el planteo de Milei de “esfuerzo compartido” a pesar de la mirada que primó durante los últimos dos gobiernos según la cual las cuentas provinciales estaban más ordenadas que las nacionales.
“Redondeando, las provincias y los municipios, que reciben coparticipación de las provincias, se hacen cargo del 45% del gasto público total, mientras que Nación tiene a su cargo el 55% del gasto total. Provincias y municipios gastan 19,4% del PBI, mientras que Nación gasta 24% del PBI, totalizando un gasto público total del 43,4% del PBI según los datos del último año “cerrado”, explicaron los economistas Diego Giacomini y Verónica Sosa en el último informe de su consultora Economía & Ética.
Pero, a diferencia de la Nación, en 2022 las provincias tuvieron superávit financiero y en 2023 habrían cerrado en equilibrio.
“El acostumbramiento a esta buena situación fiscal post-convertibilidad, mucho por suba de recaudación y transferencias, hace difícil que los dirigentes provinciales vean posible realizar un ajuste. Según Milei, y también de acuerdo a nuestras estimaciones, las provincias en promedio deberían sólo hacer un ajuste de 1 punto del PBI, mucho menor al 5% del PBI de Nación”, calculó el economista Fernando Marull.
De una manera u otra, si las condiciones políticas permiten al Gobierno sostener el ajuste, en la consultora Invecq asumen un recorte de 50% de las transferencias discrecionales y una caída de 5% en los recursos tributarios, con lo que las provincias perderían el 10,7% de sus ingresos totales.
”La situación será muy desafiante para los gobernadores”, describió el informe que aportó un dato clave: 50% del gasto de las provincias está enfocado en el empleo público.
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