En una entrevista exclusiva, los subprocuradores del Tesoro Juan Ignacio Stampalija y Julio Pablo Comadira detallaron en Infobae al Regreso el trasfondo jurídico y las instancias clave por las que la justicia estadounidense anuló una condena millonaria que amenazaba a la Argentina.
En una charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, los abogados responsables de la defensa argentina repasaron el recorrido judicial que permitió revertir una sentencia de primera instancia que implicaba una deuda de 16 mil millones de dólares más intereses. “Nos salvamos de un riesgo existencial para el país”, subrayó Comadira, y explicó: “Si se confirmaba el fallo, implicaba la responsabilidad del Estado argentino por casi 18 mil millones de dólares y los intereses que hubieran seguido corriendo. Era realmente una amenaza gravísima”.
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La estrategia jurídica que convenció a los jueces estadounidenses
Stampalija precisó el eje argumental de la defensa: “Lo que se estaba discutiendo era si Argentina, al expropiar las acciones de YPF, debía haber hecho una oferta pública a los demás accionistas. Nosotros insistimos en que el remedio propuesto por la jueza de primera instancia no existe en el derecho argentino. Y eso fue lo que dijo finalmente la Cámara: ‘Básicamente se inventó una solución que en el derecho argentino no existe’”. Comadira reforzó: “Esto tenía que resolverse de acuerdo con el derecho argentino, y la solución que había dado Preska no correspondía”.
El equipo legal argentino apostó por una estrategia audaz durante la audiencia de octubre pasado. “Era nuestra única oportunidad para hacerle entender a tres jueces, que no son expertos en derecho argentino, cómo funciona nuestro derecho. Si lográbamos eso, ganábamos”, relató Stampalija. El resultado fue inmediato: “Ese mismo día bajaron abruptamente las acciones de Burford, y en seis meses perdió un 30% de su cotización”.
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El peso del contexto y la continuidad estatal en la defensa
Stampalija reconoció que la posición argentina partía de una desventaja reputacional: “Fueron a tribunales donde Argentina tiene un historial negativo. Es mucho más fácil convencer a un juez norteamericano de que el derecho argentino dice A cuando no lo dice, que a un tribunal argentino”. Comadira remarcó que el fallo adverso de primera instancia era “imposible de imaginar en un tribunal argentino”.
La coherencia de la defensa a lo largo de distintos gobiernos fue clave. “No fue igual en todas las etapas ni todos los argumentos, pero algunos se mantuvieron porque eran ciertos y jurídicamente correctos”, sostuvo Stampalija. “El ratio de fallos que revoca la Cámara es del 15%, y aun así logramos revertirlo”, destacó. También subrayó la importancia de cumplir con los procedimientos: “El Gobierno decidió cumplir con el discovery para no ser declarados en desacato, y eso evitó un daño reputacional aún mayor”.
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Costos, impacto y el futuro tras el fallo
Consultados sobre los caminos que podría intentar la contraparte, Stampalija detalló: “Pueden pedir un rehearing en banc o ir a la Corte Suprema, pero las chances de éxito son muy bajas. La Corte toma solo entre 100 y 120 casos por año. No veo probable que decidan intervenir en un tema de derecho argentino”.
Respecto al costo para el Estado, Comadira fue claro: “Pagamos cero de la condena, pero tener un juicio ejecutable por 18 mil millones de dólares tiene un impacto en toda la economía, incluso para YPF a la hora de operar en el extranjero”. El cálculo de los costos directos e indirectos, admitieron, aún se está realizando.
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El cierre de la entrevista dejó espacio para la emoción y el reconocimiento. Stampalija confesó: “Siento mucha emoción porque pienso en nuestros hijos y en lo que hubiera implicado para el país. Además, fue un trabajo de años y de mucha gente en la Procuración. Litigamos contra los mejores abogados del mundo y logramos que la justicia de Estados Unidos valore la posición argentina”.
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